Por estrategia, Congreso retrasó informe en caso Eduardo Rivera

El Congreso del Estado no fue omiso sino que siguió una estrategia jurídica al no entregar del informe que el Juez Tercero de Distrito le exigió como parte del juicio de amparo que Eduardo Rivera Pérez interpuso para defenderse del procedimiento de fiscalización de su cuenta pública 2013.

Aunque el acuerdo del juez federal advirtió una omisión del Congreso, la Comisión Inspectora y la Auditoría Superior del Estado (ASE) para entregar en tiempo el informe que guardaba el procedimiento administrativo en contra del panista, el legislador sostuvo que se cumplió con la orden.

“Uno de los sujetos requeridos había dado respuesta, fue el Director Jurídico Contencioso de la Auditoría Superior del Estado porque así fue la estrategia legal que se trazó, eso fue lo que dije y lo sostengo. Hay cuatro sujetos requeridos: el Congreso local, a través de su representante que en esta caso sería el secretario general o un servidor; la Comisión Inspectora, a través de su presidente Germán Jiménez; la Auditoría, que en este caso sería David Villanueva, y el director jurídico contencioso, que fue el que respondió. Así se definió que se hiciera”.

La dilación en la que incurrieron tanto el Congreso como la ASE provocó que el juez federal aplazara hasta el 24 de mayo la audiencia y en la cual se determinaría si la revisión y dictamen de la cuenta pública del exalcalde de Puebla se dio fuera de los plazos que marca la ley.

Tras la admisión del juicio de amparo (15 de marzo) por parte del Juez Tercero de Distrito, se dio un plazo de 15 días hábiles para que el Congreso, la Comisión Inspectora y la ASE proporcionaran un informe a la autoridad judicial, y que sería el 25 de abril cuando se efectuaría la comparecencia entre ambas partes.

A la par de señalar la omisión del Congreso y la ASE, el acuerdo del juez exige a que en un plazo de tres días a partir de la notificación, el poder legislativo debe proporcionar copias certificadas del Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) que en diciembre se aprobó a Rivera Pérez.

Al respecto, Aguilar Chedraui dijo que ya fueron notificados sobre la solicitud del Juez Tercero de Distrito y que se cumplirá con la petición.

En caso de incumplimiento, la LIX Legislatura se hará acreedor a una multa de 3 mil 755 pesos.

La defensa legal de Rivera Pérez inició luego de que la ASE y la Comisión Inspectora se negaron a responderle, en un plazo no mayor de 30 días, a responder si solventó las observaciones hechas a su cuenta pública.

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