Advierte juez omisión del Congreso en juicio de amparo de Rivera Pérez

Al señalar la omisión del Congreso y la Auditoría Superior del Estado (ASE) para entregar un informe por el juicio de amparo que promovió Eduardo Rivera Pérez, el Juez Tercero de Distrito ordenó a que en tres días ambas autoridades remitan copias certificadas del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades aprobado en contra del panista.

En el acuerdo tomado por el juez federal se da por el retraso que el Poder Legislativo y la ASE tuvieron para enviar el informe sobre la situación que guardaba la fiscalización de la cuenta pública 2013 del panista.

“Se advierte que las restantes autoridades señaladas como responsables en el presente juicio han sido omisas en rendir su respectivo informe de ley (…) requiérase a las autoridades señaladas como responsables denominadas Congreso, Comisión Inspectora de la Auditoría Superior y Auditoría Superior (…) para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente a la notificación de este acuerdo, remitan a este órgano jurisdiccional copias certificadas de todas las constancias que integran el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 131/2016”.

En el acuerdo del Juzgado Tercero se indica que si el Congreso del Estado y el órgano fiscalizador incumplen con la orden se hará efectiva una medida de apercibimiento, la cual consiste en una multa de 50 unidades de medidas de actualización (UMA), equivalente a 3 mil 774 pesos.

El informe solicitado serviría para el desahogo de la audiencia en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, misma que contempló para el 25 de abril, y que tras la dilación de la LIX Legislatura se aplazó hasta el 24 de mayo.

La determinación tomada por la autoridad jurisdiccional contrasta con la declaración de Jorge Aguilar Chedraui, líder del LIX Legislatura, quien aseveró que el lunes por la noche los equipos jurídicos de la ASE y el Congreso dieron cumplimiento a la orden del juez federal.

En marzo, el juez federal admitió el juicio de amparo de Rivera Pérez. En el primer acuerdo, se ordenó la Auditoría Superior y al Congreso del Estado a rendir un informe sobre el estado que guardaba el proceso del análisis de la cuenta pública 2013 de Rivera Pérez.

De principio, se dio un plazo de 15 días para que el Poder Legislativo y la ASE entregaran el documento, periodo que venció la primera semana de abril, en la cual los diputados aprobaron por mayoría imponer al panista una multa de 25.5 millones de pesos y una inhabilitación de 12 años para ocupar un cargo público.

Rivera Pérez, actual delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en el Estado de México, se amparó por el incumplimiento del Congreso y la ASE para contestar, en plazo máximo de 30 días, si solventó o no las observaciones hechas al ejercicio fiscal 2013.

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