Juzgado federal considera ilegal ciclovía pero archiva amparo, denuncian

Aunque el Juzgado IV de Distrito admitió como ilegal la Ciclovía Hermanos Serdán y reconoció la ausencia de permisos para la tala de árboles en esa zona, exoneró a la empresa participante y archivó el amparo de un ciudadano por considerar que la obra no lo afecta.

Álvaro Rojas Palacios, abogado de un grupo de ecologistas, interpuso la pasada semana el recurso de revisión 1299/4º /2016 contra la sentencia de Alfredo Aragón Jiménez Castro, Juez Cuarto de Distrito y Juicios Federales en la que resolvió que no existía “interés jurídico ni legítimo” del quejoso, por lo que sobreseyó el amparo.

El recurso de revisión sostiene que el debido proceso del ciudadano fue violado porque el Juez de Distrito omitió reconocer y emplazar a la constructora “Fat Pad Proyectos, SA de CV” o “FAT PAD” en un intento de exonerarla.

“El Juez sólo se limitó a decir que fue imposible notificar a esta tercera interesada, cuando ni siquiera la emplazó por lista, exculpándola de toda responsabilidad jurídica y administrativa. También hay riesgo fundado de que la aludida tercera interesada se sustraiga a la acción de la justicia por haber participado en obras y tala sin los permisos correspondientes, dice el recurso.

El abogado denuncia que a la empresa “FATPAD Proyectos, S. A. de C. V.” se le brindó impunidad porque nunca se le cuestionó aunque se reconoció que los hechos están tipificados como delitos.

El resolutivo del juez se dio después de que la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita al Juzgado Cuarto, Olivia Morales Sánchez, emitiera su alegato ministerial 103/2016, solicitando sobreseer el juicio de amparo, alegando que el acto reclamado y la ilegalidad de la obra y la tala no existen. En su resolución, el Juez Cuarto la desmiente al señalar que el acto reclamado es cierto pero retoma el sobreseimiento.

En el recurso de revisión, el abogado que representa a los ecologistas acusa tanto a la Agente del Ministerio Público como el Juez Cuarto de sumarse a la cadena de funcionarios responsables solidarios y probables encubridores pues desde el banderazo de arranque de la obra se ha permitido la impunidad a sabiendas de que esta tala y la obra no contaban con permisos.

“Al principio se contemplaba talar más de 700 árboles y ahora se han estado talando cientos de árboles que para esta semana sumarían la pérdida irreparable de doscientos treinta y cinco árboles y de diferentes especies al proyecto inicial contemplado”, señala el abogado.

Pese a los ilícitos denunciados, a la fecha no se ha ordenado el retiro de la suspensión de la obra. En agosto pasado sólo se pagó una multa por la falta de permisos pero no se han aplicado las medidas correctivas ni subsanado las irregularidades, tampoco se ha emitido un Acuerdo o Resolución alguna que ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta, asegura.

Ecologistas exigen al juzgado envíe oficios a autoridades municipales y estatales para que inspeccionen y clausuren la obra y señalan como responsables de quebrantar la suspensión, a Rodrigo Riestra Piña, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad Y Ordenamiento Territorial; el funcionario municipal Pedro Sanz, encargado de la Dirección de Medio Ambiente; Gabriel Navarro, secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad (SDUS) Y Felipe Águila Achard, de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

Pese al resolutivo, el abogado Álvaro Rojas Palacios no descartó interponer una denuncia penal pues ya se reconoció la ilegalidad de la obra: tala y obra sin permisos para la construcción de los 6 kilómetros de ciclovía más cara del país, con 272 millones de pesos.