Niegan amparo a exjefes policiacos acusados por robo de combustible

El Poder Judicial Federal rechazó la demanda de amparo que presentaron los abogados de los exmandos policiacos, Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, contra la resolución que tomó la jueza de control, Gabriela Rodríguez Escobar, al aceptar pruebas obtenidas de manera ilícita por el Ministerio Público Federal.

El representante legal, José Luis Montaño de la Rosa, explicó que en la etapa de investigación la autoridad ministerial cometió erroresque les causaron un “daño irreparable procesalmente”, por lo que pretendían utilizar el amparo para defenderse de ello en la audiencia de juicio oral.

Sin embargo, al negárselos, promovieron un recurso de queja ante un tribunal federal, en el que solicitaron que el documento fuera admitido a trámite, toda vez que el juez de amparo pasó por alto el hecho de que ya no podrán defenderse contra las violaciones procedimentales del Ministerio Público.

En los siguientes días, el recurso de queja será resuelto y, en caso de que el amparo sea admitido por el juez federal, el juicio oral se suspendería y se llevaría a cabo en unos tres meses aproximadamente.

Además, es preciso mencionar que aún no ha sido designado el juez que desahogará la audiencia del juicio oral, pues al que le entregaron las resoluciones de la audiencia intermedia, las rechazó al justificar que ya había conocido varias etapas del proceso (lo cual no está permitido en el Nuevo Sistema de Justicia Penal).

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Montaño de la Rosa y el abogado Hermelindo Nieto Prior, quienes llevan la defensa de los expolicías, detallaron que el Ministerio Público Federal cometió una violación a la ley cuando desechó, al parecer a conveniencia propia, una muestra del combustible supuestamente robado por sus clientes, la cual nunca se la ofrecieron a ellos para que otro perito la analizara y determinara si se trataba de diésel o gasolina.

Mencionaron que otra prueba con la que ellos pretenden demostrar la “falsedad” de la Procuraduría General de la República (PGR) es que tampoco existen registros –como fotografías o videos- de los cuatro vehículos cargados con combustible que presumiblemente fueron encontrados cerca de la patrulla de Estrada López y Méndez Lozano.

Añadieron que, aún cuando se aseguraron 27 vehículos, éstos se encuentran en pésimas condiciones, ya que no cuentan con autopartes necesarias para poder funcionar, como baterías, radiadores, llantas en buen estado, cables y otras.

Además, los militares que detuvieron a los expolicías y el Ministerio Público violaron el derecho a la privacidad de sus clientes al revisar y extraer información de sus teléfonos celulares sin un permiso judicial.

Fue así como pudieron obtener llamadas telefónicas y mensajes recibidos en los celulares de los exfuncionarios, con los cuales tratarán de demostrar su presunta complicidad con los ladrones de hidrocarburo.

Para intentar pasar estas pruebas como legales, la PGR solicitó a los jueces de control su permiso para revisar los aparatos y así volvieron a extraer más información.

Algunos mensajes de texto y llamadas telefónicas serán presentadas como evidencias contra los policías, a quienes se les acusa derobo de hidrocarburo en la modalidad de sustracción.

Lo extraño de todo el caso, explicaron los litigantes, es que el día de los hechos (el 13 de julio de 2015) los militares y agentes de Pemex que participaron en la detención, no pudieron capturar a los huachicoleros que supuestamente estaban ahí y que escaparon dejando abandonados seis vehículos cerca de la patrulla.

Según las declaraciones de algunos de los elementos aprehensores, no se realizó la detención de los civiles porque no vieron hacia dónde escaparon, pues era de noche. Otros dijeron que los vieron correr, los persiguieron y luego encontraron más unidades y dos tomas clandestinas; sin embargo existen contradicciones en las versiones que dieron.

En ese sentido, los abogados sentenciaron que las autoridades utilizaron a supuestos testigos para mentir, y la escena del delito fue manipulada porque los indicios recabados en el lugar no coinciden con las declaraciones de los elementos aprehensores.

Precisaron que en la entrevista que le hicieron a un mando del Ejército Mexicano, éste refirió que cuando llegó al sitio, el día de la captura, un agente de Pemex le comentó que los policías no tenían nada que ver con los vehículos localizados; no obstante, para relacionarlos con el delito, los aseguraron y les quitaron sus pertenencias, entre ellas, sus teléfonos que revisaron en esos momentos.

Otra prueba que Montaño de la Rosa considera importante para sustentar la inocencia de sus clientes es que cuando Estrada López salió del Ministerio Público, se encontró con el mando de los militares, quien le dijo que ya había encontrado la fotografía que lo iba a salvar.

Se trata de la imagen de una camioneta volcada que, el día de la captura, fue perseguida momentos antes por uniformados estatales y que era custodiada por los exjefes policiacos, quienes estaban en espera de refuerzos para poder retirarla.

Esta unidad, según lo revelaron los abogados, fue encontrada en un corralón, escondida entre unos tráileres, lo que demuestra que las autoridades intentaron ocultar esta evidencia para vincular a sus clientes con el delito.

En sus investigaciones, los defensores compararon las imágenes de esta unidad y la de la camioneta volcada y se determinó que ambas presentan las mismas características, además de que coinciden en sus desgastes naturales.

Confían en que ganarán el juicio

Con todos esos indicios, los representantes jurídicos tratarán de acreditar que los imputados son inocentes y que los testigos y pruebas presentadas por la PGR son falsos, ya que ésta sólo se ha empeñado en sustentar el delito, mas no en esclarecer los hechos.

Montaño de la Rosa y Nieto Prior comentaron durante el proceso les ofrecieron acogerse al procedimiento abreviado, es decir, que los policías aceptaran que habían cometido el delito y de esta manera recibirían una condena mucho menor.

No obstante, ellos se negaron porque esperan que el Tribunal Federal los escuche y actúe legalmente.

Al ser cuestionados sobre cómo procederán si pierden el juicio, los abogados respondieron que no se ven en ese panorama, pues tienen la plena confianza de que su investigación está bien fundamentada y todas sus pruebas son legales.

Expresaron que, de ganar el caso, se limpiaría la imagen de sus clientes, cuyas sus familias quedaron muy afectadas por estos hechos, principalmente por el linchamiento mediático.

Antecedentes

El 14 de julio de 2015, los ex mandos policiacos fueron detenidos en Tepeaca por el Ejército Mexicano, cuando presuntamente brindaban seguridad a sujetos que robaban combustible en dos tomas clandestinas, ubicadas entre terrenos de cultivo.

Ese mismo día, en la zona donde se realizó la detención, también fueron aseguradas varias camionetas listas para ser cargadas con combustible extraído en ductos de Pemex.

Días después, la Procuraduría General de Justicia -ahora Fiscalía General del Estado- informó que Estrada López era investigado por su presunta participación en el desmantelamiento de una pipa con reporte de robo en Xalapa, Veracruz, y cuyo motor fue montado en un vehículo oficial tipo grúa, en instalaciones de la Policía Estatal.

A pesar de que el juez penal de Tepeaca le dictó auto de formal prisión, el Juez Quinto de Distrito le concedió un amparo liso y llanocon el cual logró ser absuelto de ese proceso.

El escándalo en el que se vieron implicados los exmandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) obligó a que el titular del organismo, Facundo Rosas Rosas, presentara su renuncia dos semanas después de la detención.

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