El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) entregue, en versión pública, denuncias del robo piezas de arte en recintos religiosos, entre febrero de 2015 a marzo de 2016.

Un particular solicitó el registro de piezas de arte como cuadros, litografías o murales que hayan sido robadas y/o perdidas. El INAH, en respuesta, informó que los datos estaban reservados, aunque confirmó que de febrero de 2015 a marzo de 2016, fue reportada la desaparición  de dos esculturas, una vestimenta de una imagen religiosa, una campana y una custodia. También dio a conocer  que existían al menos 4 averiguaciones previas abiertas al respecto.

La comisionada Areli Cano Guadiana, al resolver el recurso de revisión del ciudadano que se inconformó con la respuesta, concluyó que no es aplicable la reserva, pues el particular no requirió acceso a los expedientes legales sino a los documentos que contienen el registro de los ilícitos de su interés, los cuales se encuentran en los expedientes administrativos del INAH, por lo que se verificó la posibilidad de acceder a ellos, sin consultar las indagatorias.

Subrayó que en dado caso sería la Procuraduría General de la República PGR la que estaría facultada para la reserva de las averiguaciones previas o denuncias.

En el pleno, la comisionada expuso que el tráfico ilícito de bienes culturales perjudica principalmente a sitios arqueológicos, iglesias, museos y demás entidades culturales. Además, agregó que los elementos sustraídos suelen ser adquiridos como inversión, no sólo por coleccionistas privados, sino también por quienes lavan dinero a través de ellos. Cano Guadiana subrayó que a pesar de que en México el patrimonio cultural está protegido legalmente, sigue siendo objeto de actos delictivos.

Señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, organizaron en el país un Congreso Internacional sobre Prevención de Delitos Emergentes, en el que uno de los temas de reflexión fue el tráfico de los bienes culturales, el cual representa una rama adicional de financiamiento para la delincuencia organizada.

Al analizar el caso, se determinó que el INAH tiene entre sus funciones la conservación del patrimonio cultural de México, a fin de prevenir el tráfico ilícito, la sustracción y el saqueo de bienes culturales, por lo que tiene facultades para presentar las querellas y denuncias ante el Ministerio Público.

Pese a lo anterior, el instituto no ha proporcionado documento alguno, limitándose a comunicar sobre el robo de cinco obras de arte en recintos religiosos aunque entre sus archivos cuenta con avisos sobre el despojo de este tipo de piezas en recintos religiosos, documentos que pueden solventar la solicitud del particular.