Omite CDH datos sobre levantón de estudiantes, dice defensor

En la recomendación 11/2015, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla, omite reconocer datos sobre el levantón que sufrieron estudiantes del CUEP durante el desalojo del zócalo el 8 de febrero pasado, además de generalizar “violación de la seguridad jurídica” cuando se trata de privación ilegal de la libertad y tortura.

Iván Ojeda, abogado de los jóvenes del Colectivo Universitario por una Educación Popular (CUEP), reveló a este medio que el ombudsman Adolfo López Badillo, minimizó lo sucedido en la recomendación plagado de imprecisiones en fechas y detalles como asegurar que fueron 30 los agredidos cuando son 26 los jóvenes víctimas desalojados de un plantón en el zócalo que exigía educación para todos.

“La CDH omite que actuó tarde, mal y favoreció a la violación de los derechos humanos”, asentó el defensor.

En el documento oficial se reconoce que fueron 19 policías municipales los que violaron los derechos humanos de los estudiantes al no intervenir cuando sujetos encapuchados los golpearon, les negaron atención médica y omitieron intervenir o arrestar a los agresores: “violando los derechos a la seguridad jurídica, integridad y seguridad personal de los jóvenes”, como quedó asentado.

La CDH recomendó al alcalde Antonio Gali Fayad que inicie una queja en la Contraloría Municipal contra los elementos, así como se repare el daño a los 30 perjudicados y coadyuve en la denuncia penal que se interpondrá contra los agentes.

Sin embargo, para el abogado resulta grave la omisión de la CEDH a la denuncia más álgida de los estudiantes: el levantón que sufrieron ocho miembros del campamento de protesta, la tortura y el posterior abandono en un paraje baldío a las afueras de esta ciudad.

Los jóvenes aparecieron públicamente casi 24 horas después del levantón, justo cuando los integrantes del CUEP ofrecían una rueda de prensa en el Paseo Bravo para denunciar el desalojo del que fueron víctimas por parte de presuntos grupos porriles custodiados por policías estatales y municipales.

Con hematomas visibles, manchas de sangre en sus ropas y aún bajo crisis nerviosas, jóvenes narraron que el grupo de choque que los agredió, además de golpearlos con bates, varillas, tubos, macanas y desarmadores, los mantuvo secuestrados durante al menos una hora y media bajo la amenaza de que los desaparecerían.

“En la narración de los hechos, tomada por una de las cámaras del zócalo, apenas da cuenta del ingreso de jóvenes a uno de las camionetas estacionadas, pero no lo vuelve a mencionar en las conclusiones ni el señalamiento último a los policías”.

“La recomendación establece que en las grabaciones obtenidas, se puede apreciar que suben entre dos y cuatro estudiantes a un vehículo, y allí detiene la descripción de los hechos”, detalló Ojeda.

Informó que el CUEP presentó una denuncia por los ocho estudiantes, en la que se recuperan las muestras de tortura, secuestro, lesiones y amenazas cumplidas, además que acusar a los agentes no sólo de no auxiliarlos sino de escoltar a la camioneta donde los jóvenes fueron privados de su libertad.

“De acuerdo con los testimonios de los compañeros, se habla de que antes de que fueran llevados en la camioneta gris oscura, apareció una camioneta del GOES (Grupo de Operaciones Especiales), y cuando arrancó el vehículo que llevaba a los jóvenes, la GOES y el resto de las patrullas fue escoltándoles, pero ese hecho del que fueron testigos estudiantes, no fue recuperado por el personal de la CDH”, agregó.

También evidenció que en las narraciones fueron ajustados los tiempos para decir que el primer ataque acabó a las 3:25 de la madrugada, cuando fue hasta las 3:40, con lo que se pretende exculpar a la policía estatal.

El CUEP ahora tratará de recuperar el material en video obtenido por las cámaras instaladas en el zócalo citado por la CDH --- y que siempre les fue negado por personal del ayuntamiento a los jóvenes---, además de solicitar un diálogo abierto con el titular de la Procuraduría General de Justicia y el rector de la UAP, Alfonso Esparza.

El abogado Iván Ojeda aseguró que la demanda más importante del CUEP es el cese del hostigamiento y persecución a Shariff Guerrero Contreras, integrante del colectivo quien junto con Ana Rosa Zilli Colorado y Dulce Carolina Parra Escalona, de la Facultad de Medicina; Carlos Arafat Rosas Villegas, Juan Carlos Tepde Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, y Erick López Cruz, de la Facultad de Sociología han sido acusados, sin pruebas, de la detonación de bombas molotov en vísperas de las pasadas elecciones.

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