Denunciarían en el Congreso de la Unión a Facundo Rosas

Facundo Rosas Rosas debe renunciar a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) para que se investigue a fondo el robo de combustible en Puebla, demandó el diputado federal Enrique Doger Guerrero, quien se dijo dispuesto a hacer una denuncia pública en el pleno del Congreso de la Unión.

El martes de la semana pasada, el director de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, y el jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Mendoza Lozano, fueran arrestados por el ejército mexicano en Tepeaca por su presupuesta participación en el robo de combustible.

El legislador sostuvo que investigaciones periodísticas apuntan a que los dos mandos policiales también protegían una casa de citas vinculada a la trata de personas, además de que cuando se les detuvo tenían en su poder autos robados y dólares.

"Facundo Rosas ya lleva tres: la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero) en 2011, el operativo de Chalchihuapan (donde un niño falleció por una lata de gas lacrimógeno) y el robo de ductos", apuntó el también ex edil de Puebla.

Dijo que si a pesar de la evidencia que hay contra Rosas Rosas, pues la ordeña de ductos de Pemex en Puebla pasó de 54 tomas clandestinas, detectadas en 2010, a más de 300 en 2014, se demuestra que es inocente, se tiene que separar del cargo mientras la Procuraduría General de la República (PGR) hace las pesquisas.

Porque la ordeña de ductos –añadió Doger- afecta a ciudadanos porque Pemex es de todos, además causa desfalco en finanzas públicas e incluso desastres como lo que ocurrió en San Martín Texmelucan de 2010, donde un derrame de combustible generó una explosión que mató a decenas de personas.

Denunció espionaje desde 2014

Con respecto a los contratos por más de 8 millones de pesos con la empresa Hacking Team, especialista en espionaje, Enrique Doger señaló que desde septiembre del año pasado, cuando hubo un robo en sus oficinas, denunció el espionaje que sufren personajes políticos por parte del gobierno estatal.

"Es un delito la intervención de conversaciones privadas sin una orden judicial y sin que haya una averiguación previa de por medio, aunque cada vez es más común que se revelen este tipo de audios", agregó el legislador federal.

El ex rector de la BUAP sostuvo que tras aquél robo recibió una llamada de un supuesto colaborador del diputado Eukid Castañón Herrera para advertirle del espionaje del cual era blanco. En ese momento se informó de que el ex agente del CISEN, Joaquín Arenal, era el encargado del área de espionaje.