Puebla solventa observaciones en mototractores: gobierno estatal

El gobierno del estado de Puebla solventó el pliego de observaciones por 107.8 millones de pesos que le realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el programa de mototractores correspondiente a 2012.

Así lo informó la administración estatal a través de una carta enviada a medios de comunicación, en la que da cuenta del oficio AECF/0710/2015 de fecha 19 de mayo de 2015.

De esta forma, el ente fiscalizador indicó que “no ha lugar al inicio del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria”.

Según el informe de la ASF, los mil 690 motocultores o mototractores comprados por el estado en 2012, además de adquirirse a sobreprecio a dos proveedores del mismo grupo empresarial y sin que los campesinos y agricultores beneficiados los eligieran, no son los que avaló el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA).

Además, de acuerdo con el mismo informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, los referidos motocultores se entregaron sin que se respetaran las Reglas de Operación que regulan el programa y, con firmas falsas de los beneficiarios en 168 expedientes.

“Del total de recursos por 115,585.6 miles de pesos operados en el Componente Agrícola, por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Puebla, 107,893.1 miles de pesos, es decir, el 93.3%, se destinaron para apoyar la compra de 1,690 motocultores que fueron adquiridos con dos proveedores de un mismo grupo, y se entregaron de manera gratuita a los beneficiarios aun cuando las Reglas de Operación que regulan el programa establecen como una obligación de éstos la de aportar una parte del costo de los bienes; además de que los beneficiarios no eligieron las características, la marca, ni los proveedores, lo cual era su derecho”, indicó la auditoría.

“Los precios a los que se adquirieron los motocultores fueron superiores a los de otros equipos con características similares. Mediante los informes de un perito en grafoscopía adscrito a la Auditoría Superior de la Federación, se conoció que las firmas de la credencial para votar de 168 expedientes no provienen del mismo origen gráfico que las de algunos documentos contenidos en los expedientes de los apoyos”.

“Los proveedores de los equipos presentaron como vigente en 2012, un certificado del Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA), el cual había sido cancelado en 2011; además, el modelo del motocultor entregado a los beneficiarios no corresponde al que en su momento ostentaba la certificación del referido organismo”.

Este domingo el gobierno estatal no detalló los puntos indicados por la ASF e informó de manera general lo siguiente:

“Por este conducto y en atención al interés que ha mostrado su medio respecto al tema de los motocultores, me permito informarle que mediante Oficio AECF/0710/2015 de fecha 19 de mayo de 2015, en atención al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Lic. Enrique Martínez y Martínez, la Auditoría Superior de la Federación, derivado del análisis a la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado y con base en las consideraciones jurídicas expresadas por la Dirección General de Responsabilidades, concluyó: “que no ha lugar al inicio del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria” [sic] correspondiente al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola, Ejercicio Fiscal 2012 por la cantidad de $107,893,112.39 y determinó: “que se solventa el pliego de observaciones 258/2014” [sic].

“Con lo anterior se demuestra que el Gobierno del Estado, como instancia ejecutora, administró los recursos con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez al otorgar apoyos a productores de la entidad para la adquisición de 1,690 motocultores en estricto apego a la normatividad aplicable.

“Es importante enfatizar que al principio de esta Administración, el Estado ocupaba en lugar 28 en materia de mecanización; de los 550 mil productores que hay en la entidad, el promedio de la tenencia de la tierra es de 2.7 hectáreas por productor.

“Resulta satisfactorio decirle que la demanda, aceptación y beneficio que el Programa en mérito ha presentado entre los productores de dichas localidades, ha derivado en la réplica del modelo por otros estados de la República.

“Por lo anterior, el Gobierno del Estado reitera su compromiso con los pequeños productores de esta entidad, mediante la mecanización del campo a fin de fomentar la calidad de vida de éstos y sus familias.