Alertan regreso de textilera de Kamel en la rivera del Atoyac

A pesar de las pruebas del daño de industrias por contaminación en el Río Atoyac, el gobierno del estado de Tlaxcala permitirá la reinstalación de una industria textil del empresario Kamel Nacif en el municipio de Tepetitla de Lardizábal, denunció el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos en su XII Informe de actividades “Fortaleciendo Comunidad Generamos Esperanza”, presentado hoy en esa entidad.

“La contaminación del río Atoyac no se detendrá porque es un flagelo que está enquistado en la entidad”, señala el documento que comprende el periodo 2013–2014 y que da cuenta del contexto local en materia de Derechos Humanos y sus violaciones por la creciente industrialización de la cuarta zona metropolitana más grande del país.

“Este contexto de entrega sistemática del territorio tlaxcalteca a capitales privados es promovido con gran vigor por el actual gobernador de Tlaxcala, su política está enfocada a la industrialización en beneficio de las empresas, provocará precarización de las condiciones laborales de los y las trabajadoras, una educación al servicio de las empresas, la desaparición acelerada del campo facilitando la política de despojo y abandono de las comunidades, la devastación socio ambiental, y el aumento en los casos de enfermedades producto de la contaminación generada por estas industrias en la zona del rio Atoyac o en los demás corredores industriales”, señaló Guadalupe García Vargas, directora Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.

El Centro Fray Julián documentó que se clausurarán de manera parcial empresas textileras para acelerar de nueva cuenta su apertura, como es el caso de Tavex, mezclillera con inversionistas de España y Brasil, además lamentó el permiso a Nacif.

“Estos hechos evidencian que en Tlaxcala el eslogan de combate a problemáticas de gran envergadura es la simulación y el cobijo a los responsables de los daños”.

Daños siguen documentándose

En el informe se especifica que en la comunidad de San Baltazar Temaxcalac, Puebla, se realizó la segunda fase del estudio epidemiológico bajo la responsabilidad de Javier Valdés y Eduardo Navarrete, quienes buscan evaluar los riesgos en salud, estableciendo la relación científica entre contaminación ambiental y los efectos en la población.

Se realizaron 9 mil 834 encuestas en la comunidad, arrojando datos que muestran incidencia de tumoraciones, enfermedades de la sangre y defectos al nacimiento en los menores de 30 años de edad, en particular en los nacidos en San Baltazar Temaxcalac.

En 2014, Regina Dorinda Montero Montoya del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM comenzó un estudio de epidemiologia molecular con el fin de conocer el estado de salud de niños y niñas entre 8 y 12 años en comunidades con incidencia en contaminación industrial y comparar los resultados con el estado de salud de menores de otra comunidad libre de contaminación industrial.

La investigación está en proceso de desarrollarse en las comunidades de Villa Alta, San Mateo Ayecac pertenecientes al Municipio de Tepetitla de Lardizábal (zona contaminada) y el municipio de Ixtenco (zona no contaminada).

La investigación ha sido presentada tanto al presidente de la comunidad de Villa Alta, Juan Ojeda Hernández, como al presidente municipal de Ixtenco, Renato Sánchez Rojas, quienes han mostrado apertura y apoyo para la aplicación de la investigación por estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y de Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

México debe ser juzgado por genocidio

“El problema es tan grave en México que se requiere juzgarlo por genocidio, y muestra de ello son las víctimas por la contaminación industrial del Río Atoyac”, revela el informe que retoma la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos que establece que todos los “crímenes” de lesa humanidad los comete el Estado Mexicano para favorecer a las empresas transnacionales.

A partir de la instalación de empresas, campesinos de la zona sur han sufrido los embates de los proyectos carreteros impuestos. Tal es el caso de la autopista Tlaxcala – Puebla recientemente inaugurada, pero que tiene una historia en defensa de la tierra y el agua por la parte ejidal y de pequeña propiedad.

El proyecto carretero no fue informado y consultado, menos aún se contó con la aprobación de la Asamblea de Ejidal de las tierras que se afectaron. Además, el trazo carretero afectó canales y zanjas de riego, también caminos para llegar a los terrenos y generó la división comunitaria.

El documento recoge también la implementación del Proyecto Integral Morelos, “puesto en marcha a base de desinformación, engaño, ocultamiento de datos, firma de convenios dolosos y de mala fe, hostigamiento, amenazas, intimidación, incluso de la fuerza pública con los habitantes de las comunidades por donde se pretende el trazo”.