Cobran indemnización víctimas de Chalchihuapan ante presión

Por presiones del actual presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Juan de Dios Montes, dos víctimas consideradas en la recomendación 2VG/2014 de la CNDH ya cobraron la compensación económica ofrecida por el gobierno estatal, sin embargo el monto que recibieron no representa ni el diez por ciento de lo que les corresponde.

El activista Misraim Hernández Fernández, quien es el representante de los pobladores de esa junta auxiliar, aseguró que el edil adjunto ha presionado a los 14 habitantes que se incluyen en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que reciban los recursos de la administración estatal.

De acuerdo con información de la propia CNDH, el gobierno de Puebla destinó 4 millones de pesos para el fideicomiso de reparación del daño por las violaciones a derechos humanos cometidas el 9 de julio de 2014, cuando la policía estatal desalojó de manera violenta a pobladores de San Bernardino Chalchihuapan que tenían cerrada la autopista Puebla-Atlixco.

En el operativo, José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, recibió el impacto de una lata de gas lacrimógeno en la cabeza y por la herida falleció nueve días después. Además otras 30 personas resultaron heridas.

Al comprobar la reparación del daño, al gobierno estatal se le puede dar por aceptado el cumplimiento de uno de los 11 puntos de la recomendación emitida por el organismo.

Pagan menos de lo correspondiente

Hernández Fernández confirmó que Hugo Jiménez, el joven que perdió un ojo, y otro poblador acudieron a cobrar la compensación económica, misma que fue muy inferior a lo que les correspondía por ley.

Desde el punto de vista del vocero de Contingente Puebla, ni los 4 millones de pesos del fideicomiso eran suficientes para que Hugo recibiera un tratamiento adecuado.

Hugo Jiménez había denunciado con anterioridad que funcionarios del gobierno estatal lo visitaron e, incluso, le llegaron a ofrecer dos despensas a cambio de que callara sobre la pérdida de su ojo.

El joven, quien no participó en la manifestación del 9 de julio, recibió el impacto de lo que reconoció como un cilindro cromado en el ojo cuando regresaba de una junta de padres de familia en la comunidad de Chipilo.

Por este motivo Misraim Hernández indicó que este lunes tuvo una reunión con los habitantes de Chalchihuapan para evitar que sean obligados a recibir el dinero, toda vez que no es lo que merecen y la compensación económica es la mínima parte de la reparación del daño.

Falta cubrir parámetros conforme derecho

En ese mismo sentido se manifestó el abogado del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro", Luis Eluid Tapia Olivares, pues dijo que la reparación del daño a violaciones de derechos humanos, como la que ocurrió en Chalchihuapan, no sólo consiste en dar dinero, también debe incluir medidas de rehabilitación física y sicológica de por vida, disculpas públicas, becas u otros apoyos.

De acuerdo con los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha sido recogida en México por la Ley General de Víctimas, la reparación del daño consiste en investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos.

Además de las "medidas de satisfacción", pueden incluirse disculpas públicas, difusión de las sentencias y recomendaciones en medios impresos o sitios web, así como becas para las víctimas, apoyos para una vivienda o proyecto productivo.

La Ley General de Víctimas considera que la autoridad responsable debe resarcir los daños ocasionados pagando salarios o percepciones correspondientes si se generó alguna incapacidad, así como los gastos de asesoría jurídica de las víctimas, los tratamientos médicos y sicológicos. Además de los recursos cubiertos para transporte, alojamiento y alimentación que cubran las víctimas al trasladarse al lugar del juicio.

El dinero para la reparación del daño no debe descontarse de la compensación, misma que debe ser de manera proporcional a la violación sufrida, buscando "reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas".