Violencia e impunidad ponen en riesgo al país, señala CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que ve con creciente preocupación que la violencia, la ilegalidad y la impunidad ponen en riesgo, como nunca antes, la convivencia pacífica y la estabilidad de nuestro país.

A través de un comunicado subrayó que, como institución autónoma del Estado mexicano, en ella tienen cabida todas las voces y todas las perspectivas que se unen en favor del interés superior que significa la defensa de los derechos humanos y el trabajo por México.

“Es obligación esencial del Estado proporcionar paz y tranquilidad a todos los mexicanos, sin embargo en los últimos años hemos visto en las manifestaciones muchas y variadas expresiones del violencia. Lo peor que puede ocurrirnos es acostumbrarnos a ese clima de inseguridad, pues el resultado nos llevaría a la ruptura del tejido social y a la anulación del Estado de Derecho”, agregó el organismo.

Este lunes la CNDH demandó a las autoridades la rigurosa aplicación de las leyes, sin embargo si sus cuerpos de seguridad se extralimitan, la actuación y decisiones de éstos pierden fuerza y caen en la ilegalidad, refirió. “De ahí la necesidad de que estén debidamente capacitados y actúen siempre con la ley en la mano, para que no se repitan nunca más actos de anarquía y barbarie como los que se han presentado en tiempos recientes”.

Conocer y documentar, también, los hechos ocurridos el pasado 20 de noviembre es un paso importante para lograr que nunca más el ejercicio de la función pública vaya por un camino distinto al de la ética. No hay razón alguna, ni siquiera de Estado, que pueda estar por encima del Estado de Derecho, indicó la CNDH.

Agregó que la violación de garantías jurídicas y el aplastamiento de los más elementales derechos no son la estrategia ni el camino para combatir la violencia. Tampoco puede aceptarse que quienes cometen atrocidades queden impunes. Existe en la sociedad un rechazo a la impunidad y a toda expresión de abuso de poder, independientemente de cuál sea su razón u origen. Y ello exige una respuesta clara, amplia y satisfactoria por parte del Estado.

Cuando la vida humana y la dignidad básica de las personas son aplastadas y vulneradas, esgrimiendo el falso argumento de la seguridad de Estado, sólo el rescate de la ley y su correcta aplicación pueden devolver la confianza en las propias instituciones creadas a su amparo, concluyó.