Define TSJ en 5 meses estatus legal del edil de Chalchihuapan

Un plazo de cinco meses determinó el presidente el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano, para resolver la situación jurídica del edil de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, quien se encuentra preso desde el pasado viernes en el penal de San Miguel.

Sin embargo, el representante del Poder Judicial en la entidad aseguró que desconoce a detalle los delitos por los que el alcalde subalterno fue aprehendido.

Fue el pasado 21 de noviembre cuando policías ministeriales detuvieron al edil de Chalchihuapan, pues el Juez Tercero Penal emitió una orden de aprehensión por los delitos de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación durante el bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco que pobladores de esa localidad realizaron el 9 de julio.

Flores Toledano fue cuestionado durante una entrevista concedida este martes, sobre el estatus que para el TSJ tiene la situación de Montes Bautista, a lo que respondió que carecía de información detallada sobre el tema.

Asimismo, fue interrogado por el presunto delito de delincuencia organizada con el que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) vincula a Montes Bautista, no obstante, aseguró que no contaba con información sobre el particular.

Sin embargo y tomando en cuenta los términos establecidos por la ley, el magistrado definió un plazo de cinco meses para que la situación jurídica del alcalde auxiliar se defina.

Montes Bautista forma parte de la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), organismo que agremia a alcaldes auxiliares inconformes con las reformas aprobadas por los diputados locales en diciembre de 2013 a la Ley Orgánica Municipal, debido a que estas les retiran facultades como la administración del Registro Civil.

El 9 de julio habitantes de Chalchihuapan bloquearon la autopista Puebla-Atlixco en protesta por el retiro del juzgado civil, pero fueron desalojados de manera violenta por policías estatales, ya que estos utilizaron gases lacrimógenos y proyectiles con los cuales hirieron a más de una decena de pobladores, entre ellos, al niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien días después perdió la vida.

La PGJ acusa a Montes Bautista de alentar la protesta, así como de golpear a efectivos estatales durante la reyerta.