El edil de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, aprehendido el pasado viernes, fue trasladado este fin de semana a las instalaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, ubicado en la ciudad de Puebla.

Fuentes cercanas al edil subalterno indicaron que aunque la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó a algunos medios de comunicación que éste fue detenido por los delitos de amenazas, robo agraviado y privación ilegal de la libertad, los abogados defensores no han sido informados de ello de manera oficial.

Las personas consultadas aseguraron que existe molestia entre la población de Canoa –localizada a 30 minutos de la capital del estado– ante la aprehensión de Pérez Velázquez, por lo que no descartaron que en la semana lleven a cabo diversas protestas para exigir su liberación.

Fue durante la tarde del pasado viernes cuando al menos 15 policías ministeriales detuvieron al edil sin presentar una orden de aprehensión de por medio, cuando éste salía de realizar un trámite para el que fue citado en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Sduop), ubicadas en la prolongación de la avenida Reforma.

Hasta este domingo, los abogados de Pérez Velázquez no han sido informados de manera oficial de los delitos de los que se acusa al alcalde, pese a que ya fue trasladado al penal de San Miguel, aunado a que sólo ha tenido comunicación con su esposa.

Continúa cerrada la presidencia auxiliar

Hasta este domingo, la presidencia auxiliar de Canoa continúa cerrada, desde que el pasado 18 de octubre las puertas fueron soldadas por un grupo opositor al edil.

Pese a lo anterior, al lugar no acudido personal del gobierno capitalino, y tampoco han entablado comunicación con algún miembro del órgano de gobierno de esa comunidad.

Pérez Velázquez, así como su homólogo de La Resurrección, Leonardo Báez Serrano, —quien también fue detenido y se encuentra preso en el penal de San Pedro Cholula—, se opusieron a entregar las oficinas del Registro Civil que les requirió el gobierno del estado, como parte de la modificación que en diciembre de 2013 hizo el Congreso local a la Ley Orgánica Municipal, para que esos juzgados fueran administrados por los municipios y ya no por las juntas auxiliares.