Fotomulta: 17 interpretaciones de su transparencia en Puebla

A diez años de existencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Puebla su interpretación es dispareja y aún presenta resistencias entre los tres poderes de gobierno de la entidad, según lo muestran los informes sobre las multas impuestas por exceso de velocidad a los vehículos oficiales en el primer año de operación del programa Monitor Vial.

e-consulta solicitó el número de infracciones impuestas entre el 5 de agosto de 2013 y el 5 de agosto de 2014 al parque vehicular del Congreso local, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) así como de doce secretarías del gobierno estatal, la oficina de la Gubernatura, la Procuraduría General de Justicia y el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las 17 peticiones amparadas en la ley local incluyeron además el monto total de las sanciones, las velocidades alcanzadas por los vehículos, su modelo, marca y placas, así como los responsables de las unidades y si eran ellos quienes estaban obligados a cubrir las multas.

Sin embargo sólo el Poder Judicial entregó la información tal como se solicitó, el Legislativo y el Ejecutivo omitieron las matrículas y los nombres de los conductores, mientras que tres dependencias del gobierno estatal cambiaron el formato de entrega de los datos, una ofreció agendar una cita –sin precisar fecha- para consultarlos y una más los reservó por siete años.

Cabe recordar que el 16 de agosto de 2004 entró en vigor la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Puebla, el 18 de julio de 2008 tuvo su primera reforma y el 31 de diciembre de 2011 se expidió una nueva legislación en la materia que rige hasta la fecha.

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15 formas de entender la transparencia

El gobierno de Puebla arrancó el 5 de agosto de 2013 el programa Monitor Vial, que impone multas a los conductores que circulen por arriba del límite permitido de velocidad frente a los monitores instalados en 10 vialidades de la zona metropolitana de Puebla, cuatro autopistas de cobro y cuatro carreteras de jurisdicción estatal.

Los cobros van de los 12 a 65 días de salario mínimo, rango que se traduce de los 736 a 3 mil 989 pesos, de acuerdo con el tope excedido.

La Secretaría de Seguridad Pública, encargada de programa, informó que en un año se emitieron 455 mil 168 fotomultas, mientras que la Secretaría de Finanzas y Administración informó al diario Cambio el pasado 25 de septiembre que recaudó 199 millones 199 mil pesos en pagos durante este periodo, aunque no precisó el número de boletas cobradas.

Al solicitar a 15 sujetos obligados del propio poder Ejecutivo los informes del parque oficial sancionado dentro de este programa, el detalle de la información varió en cada uno de ellos e incluso el tiempo de entrega, ya que mientras la Secretaría General de Gobierno la liberó en 12 días, el resto de las dependencias interpuso una prórroga y alargó el proceso hasta 23 días hábiles.

Arguyen motivos de seguridad

La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Facundo Rosas Rosas, cosechó 81 infracciones por 76 mil 359 pesos, sin embargo reservó por siete años las características de los vehículos multados, su modelo, marca, placas y nombre de los responsables, al señalar que su publicación “puede causar perjuicio o daño irreparable a la función de seguridad pública, se pondría en riesgo la gobernabilidad así como la vida y seguridad de los integrantes del Cuerpo de Seguridad Pública Estatal”.

Sin embargo la Secretaría General de Gobierno, de Luis Maldonado Venegas, no tuvo objeción para señalar las características de los seis vehículos de su flotilla que han cosechado 10 infracciones por 8 mil 585 pesos, identificó las matrículas de los mismos y las áreas responsables, entre los que se encuentra una unidad del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

En total 14 dependencias argumentaron el riesgo a la integridad de los servidores públicos y la seguridad de los vehículos utilizados en sus funciones para ocultar los datos de las placas y los nombres de los conductores.

En este último punto todos los sujetos se uniformaron al señalar que el “área responsable” de las unidades es la Dirección o Coordinación General de Administración de cada secretaría o la propia oficina de la Gubernatura.

Es importante señalar que aunque la información se solicitó de forma electrónica y sin costo, las secretarías de Desarrollo Social (Sedeso), la de Salud (SS) y la de Finanzas y Administración (SFA) condicionaron su entrega a una consulta directa en sus oficinas, previa presentación de una identificación oficial.

Si bien el pasado 8 de octubre las tres dependencias indicaron que ya tenían listas las respuestas, sólo la Sedeso la puso a disposición el mismo día en que se le contactó para agendar una cita.

A la SS y la SFA se marcó telefónicamente en tres ocasiones para definir la fecha de la consulta.

La primera indicó que entregaría los datos hasta el lunes 13 de octubre, cinco días después de la notificación de respuesta, debido a la carga de trabajo de su personal.

La segunda aún no fija un día para la entrega de información y se limitó a solicitar un número telefónico para contactar al peticionario en cuanto esté en disposición de presentar su informe.

Congreso reserva matrículas de los vehículos

En un año el Congreso del estado tuvo 55 infracciones que sumaron 54 mil 711 pesos, debido a que sus unidades fueron captadas hasta los 162 kilómetros por hora.

No obstante la Unidad de Acceso a la Información reservó las placas de los vehículos multados al ampararse en el artículo 33 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, al considerar que su divulgación puede causar perjuicio a la seguridad del personal o al patrimonio de los sujetos obligados.

En su respuesta, el Legislativo enlistó de manera general sólo las marcas de los autos o camionetas con fotomultas, pero omitió los modelos, años y nombres de los responsables de cada uno, al señalar que están bajo resguardo de “las Fracciones Parlamentarias y las Áreas Administrativas de esta Soberanía”.

Administradores de justicia, los cumplidos

En un lapso de 14 días hábiles, el TSJ informó que 20 de sus vehículos recibieron 30 multas por 26 mil 675 pesos en total.

Detalló el monto de cada una de las infracciones, el rango de velocidad que excedió cada unidad y además precisó su marca, el tipo y modelo.

A diferencia del Congreso y el gobierno estatal, el Tribunal reveló las matrículas y los nombres de quienes eran los responsables de cada vehículo al momento de circular a exceso de velocidad frente a las estaciones de monitoreo.

Entre los funcionarios sancionados destaca el juez de ejecución de sentencias Mario Cortés Aldama, quien fue captado por los radares en un Renault Escala 2012 a 123 kilómetros por hora en una arteria con velocidad permitida para 90 kilómetros, por lo que se le impuso una fotomulta de mil 977 pesos.