La minigubernatura no tiene reversa, asegura Eukid

La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso no tiene en su agenda el promover una iniciativa para ampliar el periodo del próximo gobernador, aseguró el diputado Eukid Castañón Herrera.

De acuerdo con el legislador, el tema no tiene “reserva” y está establecido que el siguiente gobernador tendrá una gestión de un año ocho meses, periodo que se aprobó en la reforma electoral de julio de 2011 por la LVIII Legislatura.

“Desde una perspectiva de diputado creo que es un asunto que no tiene reversa, es un asunto ya establecido y la verdad lo que buscamos es que los ciudadanos tengan mucho menos procesos electorales”.

Sobre la postura del PRI de ampliar el periodo de un año ocho meses a cuatro años, Castañón Herrara sostuvo que los diputados de ese partido tendrán que definir en el ámbito interno la posibilidad de modificar la duración del próximo titular del Ejecutivo, para después presentarlo con el resto de las fracciones parlamentarias.

Del análisis para la abrogación de la denominada Ley Bala, apuntó que se analizan cuáles serán los cambios a los que podría ser sujeta la normativa aprobada en mayo pasado, pero evitó señalar la fecha en la que se presentará el dictamen que emitirán las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos, Seguridad Pública y Procuración y Administración de Justicia.

Diputados desechan iniciativa del PVEM

Las Comisiones Inspectora y de Gobernación y Puntos Constitucionales declararon como “improcedente” la iniciativa de la fracción del PVEM para establecer un periodo previo de 45 días al periodo de entrega-recepción entre los ayuntamientos.

La propuesta se presentó el 19 de febrero pasado por la diputada Geraldine González Cervantes, quien explicó que el objetivo es que los alcaldes electos conozcan la situación en la que se encuentran los ayuntamientos antes de que rindan protesta.

Sin embargo, Patricia Leal Islas, presidenta de la Comisión Inspectora, aseguró que la propuesta no era viable debido a que en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos sólo contempla que pueden hacer uso de la información quienes ya están en el cargo.

“En la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que el servidor público es responsable de la información, de resguardar documentos, expedientes, recursos materiales e información y darles el debido uso, entonces el nombrar a personas que no están sujetas a Ley de Responsabilidades porque aún no han protestado el cargo y no son servidores públicos no pudieran tener acceso a este tipo de información, no es viable”.

El proyecto de González Cervantes contempló reformas a los artículos d 65 y 65 Bis de la Ley Orgánica Municipal, y los apartados 7 y 114 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.

El objetivo era establecer una etapa previa a la entrega-recepción de 45 días antes de la toma de protesta; determinar responsabilidades administrativas en caso de que la autoridad saliente se negara a realizar, obstruyera o dilatara alguna etapa del mismo.

La iniciativa señalaba la creación de una “comisión” de entrega-recepción, conformada por los alcaldes saliente y electo, el síndico municipal, el secretario general del ayuntamiento, el tesorero, el contralor y el regidor de patrimonio y hacienda municipal, además de las personas que designe el futuro edil.

La legisladora del PVEM ha mostrado una actitud crítica a reformas propuestas por el gobernador Rafael Moreno Valle, como la denominada Ley Bala y solicitó que se les restituyera el servicio del Registro Civil a las juntas auxiliares, facultad que se les retiró con la iniciativa aprobada en diciembre de 2013 por la LVIII Legislatura.