Acusan lentitud en proceso de policías acusados de secuestro

Abogados de dos policías estatales, acusados de participar presuntamente en un secuestro exprés en 2012, denunciaron un retraso en el proceso que inició contra los elementos el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), motivo por el cual -señalaron- el juez penal que lleva el caso todavía no puede dictar sentencia.

Uno de los defensores, Fernando Castillo, explicó que los uniformados Jesús Díaz Siliceo y Sergio Cortés Flores fueron suspendidos un día después de los hechos, ocurridos la madrugada del 6 de septiembre de 2012, y desde ese momento la SSP ha actuado con lentitud y excusas con el fin de que los oficiales se cansen de "dar vueltas" y den por perdido su caso.

Detalló que el 5 de septiembre Sergio no trabajó por un problema familiar, mientras que Jesús sí laboró, pero alrededor de las 20:00 horas se retiró con el permiso de su mando debido a que se sentía mal.

No obstante, al día siguiente se les pidió que se presentaran ante sus superiores y el director de Seguridad Pública, Ariel Vera Lira, les notificó que estaban despedidos, pero nunca no les explicó por qué.

Posteriormente se les informó que estaban involucrados en el secuestro exprés de un ciudadano, razón por la cual la Policía Federal detuvo -en las inmediaciones del Parque Industrial 2000- a Juan Pablo Vázquez Hernández y Antonio Hugo Silíceo, ambos policías estatales en activo, quienes estaban en compañía de Fernando Gallardo Márquez y Pedro Francisco Gallardo Roque, presuntos ex policías municipales y un civil de nombre Fernando Huerta Gallardo, quien dijo ser DJ.

Jesús Díaz explicó que a él solamente lo vincularon porque horas antes de los hechos estuvo laborando en la misma patrulla de los policías involucrados; sin embargo, aseguró que es inocente y que Yahir Bibiano Sánchez, coordinador de Despliegue Territorial del estado, así como Ofelia Flores Ramos, subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, son quienes lo acusan a él y a su compañero sin tener pruebas documentadas.

El abogado aseveró que el área de Asuntos Internos de la SSP inició el expediente 080/2012, pero un año después dictó una resolución y remitió el caso ante el Consejo de Honor y Justicia de la misma dependencia, el cual inició el proceso 08/2014.

Desde entonces, esta última instancia -cuya presidenta es Ofelia Flores- ha citado en al menos cuatro ocasiones a Díaz Siliceo y Cortés Flores, para llevar a cabo una audiencia, sin embargo los integrantes del Consejo nunca se presentan y por ello las diligencias se posponen.

La penúltima cita fue el pasado jueves a las 9:30 horas, en las instalaciones de la SSP ubicadas en la 24 Sur frente al Parque Ecológico; pero debido a que los miembros del Consejo no se presentaron, se pospuso para el próximo 18 de septiembre a las 10:00 horas.

Díaz Siliceo mencionó que por estos retrasos y desinterés de la SSP el proceso se encuentra estancado y por ende el Juez Octavo de lo Penal que lleva el caso no puede dictar una sentencia.

Tanto él como su compañero se encuentran sin un empleo fijo y por ello esperan que el fallo del juez sea emitido a su favor, a fin de que sean reintegrados a sus funciones o liquidados conforme a la ley.

Secuestro exprés y chantaje

La madrugada del 6 de septiembre, la Policía Federal detuvo a los sujetos antes mencionados por la comisión del delito de secuestro exprés y chantaje, momentos en los que se encontraban a bordo de una patrulla de la Policía Estatal Preventiva.

Se trataba de una camioneta tipo Pick-Up con número económico M045 y un vehículo particular marca Chevrolet, tipo Yukon, propiedad de los presuntos ex policías municipales, donde estaba el plagiado de nombre José Luis Gutiérrez Sánchez, quien tenía una orden de reaprehensión en su contra y cuya familia estaba siendo extorsionada con la cantidad de cien mil pesos a cambio de no ponerlo a disposición de las autoridades ministeriales.

Uno de los familiares de la víctima presentó la denuncia correspondiente y de inmediato los elementos de la Policía Federal iniciaron las investigaciones, ubicando la unidad oficial en las inmediaciones del Parque Industrial Puebla 2000, donde procedieron a revisarla encontrando a los cinco sujetos y la víctima, quien al ver a los federales solicitó su intervención.

Es así como se logró el aseguramiento de estos servidores públicos y ex policías municipales, que junto con el civil habían planeado el secuestro exprés y el chantaje aprovechándose de la situación jurídica del agraviado.