Ahora padres de Karla López exigen al TSJ castigo para feminicidas

Los padres de Karla López Albert exigieron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que dicte sentencia a los asesinos de su hija, para que el crimen no quede impune, toda vez que este miércoles la Procuraduría General de Justicia (PGJ) señaló la culpabilidad de cuatro personas, entre ellas su ex pareja Manuel Forcedo Nader y dos ex escoltas del priísta Enrique Agüera Ibáñez.

Afuera de las instalaciones de la PGJ, los deudos ofrecieron una entrevista a los medios de comunicación, ante quienes se dijeron satisfechos por los resultados de las investigaciones y reconocieron el trabajo de la PGJ.

Con voz entrecortada, Carlos López, padre de Karla, leyó un texto en el que manifestó su agradecimiento hacia las autoridades ministeriales.

"La Procuraduría ya hizo su trabajo, ahora le toca al Tribunal Superior de Justicia hacer el suyo. Confiamos en el presidente (Roberto Flores Toledano) y exigimos al juez que prevalezca la justicia hasta el final. Hay pruebas sólidas en contra de los cuatro detenidos que ya están ahorita en la cárcel. Exigimos una sentencia máxima. Es un crimen monstruoso, por lo tanto yo creo que no estamos exigiendo más de lo que es", expresó.

Por su parte, María Esperanza Albert Razo, madre de Karla, agradeció también a los medios de comunicación y a los usuarios de las redes sociales por todo el apoyo.

Los afectados solicitaron a la sociedad, autoridades, medios y organizaciones feministas que no los abandonen hasta que haya una sentencia definitiva en contra de Manuel Forcelledo Nader, ex pareja de Karla, y sus cómplices Moisés Cordero Hernández y Rodrigo Augusto Solís Cano, ex escoltas de Enrique Agüera Ibáñez, ex rector de la BUAP.

Desapareció el 30 de enero

El pasado 30 de enero, Karla López Albert, de 34 años de edad, quien se encontraba con cinco meses de embarazo, desapareció por la tarde noche.

Lo último que se supo de ella es que se iba a reunir con su ex pareja y padre del bebé, Manuel Forcelledo Nader, ya que presuntamente iban a revisar un seguro de gastos médicos. A las 20 horas quedó de verse con una de sus amigas para platicar, pero Karla nunca llegó.

Desde entonces no se volvieron a tener noticias de ella y comenzó la búsqueda mediante las redes sociales Facebook y Twitter. Al día siguiente, los padres de Karla también interpusieron una denuncia por desaparición de persona y se pidió el apoyo de los medios de comunicación.

Desde el principio, los amigos y la familia de Karla señalaron a Manuel como el principal sospechoso de la desaparición, ya que además de ser la última persona con la que estuvo, se negó a hacerse cargo del bebé y constantemente le pedía a Karla que abortara e inclusive la amenazaba.

El 2 de febrero, el cadáver de Karla fue localizado en la colonia Santiago Zapotitlán de la Delegación Tláhuac, en el Distrito Federal.

El 7 de febrero, la PGJ arraigó a Forcelledo Nader, quien se negaba a presentarse ante la autoridad ministerial para declarar sobre los hechos.

Desde un inicio se ubicó a Manuel Forcelledo y se le entrevistó en su domicilio particular. Aunque inicialmente él refirió conocer a Karla, también mencionó que ignoraba su paradero; como a partir de ese momento permaneció en su domicilio sin salir del mismo, la PGJ estableció un dispositivo de vigilancia a fin de profundizar en el conocimiento de los hechos.

Las investigaciones y los detenidos

Durante las indagatorias, las autoridades ministeriales desahogaron diversas diligencias que incluyen diversos cateos en los domicilios de Forcelledo Nader, de los cuales se obtuvieron elementos que se integraron a la averiguación previa para su análisis, tales como equipos de cómputo, de telefonía, así como material plástico denominado “rafia”, similar al utilizado por los responsables del homicidio para el sometimiento de Karla.

En este mismo lugar se localizaron diversos vehículos entre ellos el utilizado el día en que Karla fue privada de la vida, consistente en un vehículo marca Audi A4, de color gris, con placas del estado de Puebla.

Tras la examinación de los indicios, primordialmente del teléfono celular de Manuel Forcelledo, se obtuvieron mensajes que habían sido borrados y que ponían de manifiesto el acuerdo entre los activos del delito, en relación con las circunstancias y fecha en que podría llevarse a cabo el feminicidio de Karla López Albert.

Además, se continuó con las diligencias de testimoniales de amigas y conocidos de la víctima, que revelaban la relación y la problemática entre Karla y Manuel Forcelledo Nader, quedando en evidencia la negativa de éste último para asumir la responsabilidad por el embarazo que presentaba Karla, y la insistencia para que ella interrumpiera la gestación, proporcionándole dinero y llevándola a consultas médicas para tal efecto.

Sin embargo Karla decidió mantener el ciclo de su embarazo y manifestó su intención de proceder legalmente en contra de Manuel Forcelledo Nader, para después garantizar la manutención del hijo de ambos.

Asimismo, mientras Manuel se encontraba arraigado, la mamá de Karla halló en las pertenencias de su hija un papel con un número telefónico y un nombre anotados. De inmediato lo llevó a la PGJ para que se rastrearan las llamadas y se determinara si el propietario de la línea tuvo alguna participación en el crimen.

Fue así como la PGJ se avocó a las investigaciones, logrando dar primero con el dueño del número, Leopoldo Camacho Vázquez, de 37 años de edad, originario del estado de México.

Éste sujeto habría referido que le vendió su chip a Manuel Forcelledo, mismo que fue entregado a Karla para que ambos tuvieran comunicación mediante ese número.

En seguimiento a la información obtenida, se determinó que Manuel planeó con conocidos que reunían ciertas habilidades policiacas, los detalles sobre la forma en la que privarían de la vida a Karla López, a la cual citó supuestamente para adquirir un seguro de gastos médicos con el que atenderían el parto.

Una vez que Karla se trasladó a un salón de fiestas propiedad de la familia de Forcelledo Nader, denominado “Katz” y ubicado en la lateral de la Recta Cholula y Periférico Ecológico, Manuel y Rodrigo Augusto Solís Cano, alias “El Roko”, sometieron a la víctima a quien golpearon hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, con la participación de Moisés Cordero Hernández, fue estrangulada con un lazo de “rafia”, hasta que perdió la vida y la ocultaron en su propio vehículo.

Consumado el hecho, Rodrigo trasladó el auto hasta la ciudad de México, donde fue asaltado por unos sujetos que lo despojaron de sus pertenencias y 7 mil pesos en efectivo que había recibido como pago inicial por parte de Manuel.

Rodrigo, por temor, abandonó el vehículo en el que llevaba escondido el cadáver y se deshizo de las llaves. Después huyó y se perdió en la ciudad sin recordar el lugar exacto donde dejó la unidad. A los dos días logró encontrar el automóvil-todavía- con el cuerpo de Karla y de esta manera lo arrojó en unos terrenos de la colonia Santiago Zapotitlán de la Delegación Tláhuac.

De acuerdo con la PGJ, Rodrigo y Moisés fueron detenidos entre el 27 de febrero y el 5 de marzo, por lo que una vez que venció el término constitucional el Ministerio Público determinó que había elementos suficientes para fincarles responsabilidades por el homicidio de Karla y su bebé, por lo que fueron consignados ante la autoridad judicial.

En cuanto a Leopoldo, se mencionó que fue consignado por falsedad de declaraciones, mientras que Manuel fue acusado de ser el autor intelectual y material del crimen.

De igual modo, Rodrigo y Moisés fueron señalados como autores materiales y cómplices en el asesinato. Ambos eran escoltas del ex rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, según confirmó el procurador de Justicia, Víctor Carrancá Bourget.

Sin embargo, es importante precisar que no eran trabajadores de la benemérita universidad, sino empleados directos del ex rector. Estos últimos sujetos habrían conocido a Manuel a través de sus amistades, ya que éste al parecer era amigo de una hija de Agüera y a la vez participaba en el movimiento político Jóvenes con Agüera.