En más de 30 años de seguir el pulso de la política poblana, pocas veces el expediente criminal y el expediente municipal habrían coincidido con tanta claridad. Lo que se ve ahora no es solo un operativo aislado: forma parte de una estrategia federal de cero impunidad —el Operativo Enjambre, coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR, la Guardia Nacional y autoridades estatales— aplicada sobre un problema viejo en Puebla: ayuntamientos tratados como extensión del apellido y corredores carreteros donde el Estado llegaba tarde.
Esa línea no es nueva. La recuerdo de cerca.
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Hace 23 años, en la LV Legislatura, fui diputado y voté, junto con un grupo de legisladores —entre ellos el hoy gobernador Alejandro Armenta, entonces integrante de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior—, la destitución del presidente municipal de Tetela de Ocampo. No era un caso menor ni un exceso de oposición. Miguel Ronquillo Huerta ya arrastraba inhabilitaciones: ocho años por el Congreso local y doce por el gobierno federal, por malos manejos de recursos en una administración previa —había gobernado también de 1996 a 1999—.
Pese a esas sanciones vigentes, compitió y asumió el trienio 2002-2005 bajo las siglas del PVEM. El Congreso halló irregularidades en las cuentas de 2002 y 2003; el edil buscó frenar los decretos en amparos federales y el Ayuntamiento llegó a interponer la controversia constitucional 7/2004 ante la Suprema Corte. Aquella destitución no explica el presente. Solo ilustra, con nombre y expediente, una costumbre: la impunidad municipal no es un accidente. Y cuando se interrumpe, suele requerir más que voluntad local.
En el tramo que une Puebla con Veracruz, entre Esperanza y las Cumbres de Maltrata, las autoridades ya no hablan de inseguridad en abstracto: hablan de un apellido. Los Zúñiga figuran en los expedientes como organización dedicada al robo de transporte de carga, extorsión, secuestro, robo de vehículos, narcomenudeo y venta de mercancía ajena. Una economía paralela, con una diferencia esencial: el inventario no se compra; se intercepta. Se despoja a quienes se fletan por caminos que ya conocían el riesgo.
El origen del grupo se atribuye a Juan Zúñiga García, “El Viejón”. Murió en 2024 y, como ocurre en ciertos negocios de familia, la empresa no cerró: se repartió. Se multiplicaron las cabecillas. La conducción habría quedado entre parientes y operadores, entre ellos Genaro Zúñiga Alvarado, alias “May”, detenido el 15 de agosto de 2026 en Cuitláhuac, Veracruz.
El corredor, según los reportes, no era territorio recién descubierto. Operaban ahí desde mediados de la década pasada, con la constancia de quien ya conoce cada curva. Queda por deslindar, con pruebas y no con memoria política, qué omisiones de entonces —y de después— permitieron que el tramo se volviera rutina delictiva.
En 2020, corporaciones estatales detuvieron en Cañada Morelos y Tehuacán a cinco presuntos integrantes: Heriberto M., “El Gallo”; Iván G., “Agapo”; Mario P., “El Tuza”; Fredi M., “El Güero”, y Daniel O., “El Mangas”. Después cayó Jorge Jovani O., “El Yoko”, señalado como colaborador de “El Gallo”. Las investigaciones los vincularon con asaltos a camiones, trenes y vehículos, además de narcomenudeo. También aparecieron inmuebles que, según la autoridad, no servían para vivir con discreción, sino para bajar, esconder y mover lo robado.
En enero de 2024, Julio César N., procesado por secuestro y daño en propiedad ajena e investigado como parte del grupo, fue asesinado mientras cumplía prisión domiciliaria en Esperanza: la casa, al parecer, no era tan segura como el expediente.
El 7 de septiembre de 2026, autoridades federales ejecutaron 23 cateos en Esperanza dentro del Operativo Enjambre. Detuvieron a nueve personas, entre ellas el presidente municipal Isaac Rodríguez Ochoa, su hermano Manuel Rodríguez Ochoa y Abigail Contreras Camacho, exdirectora de Seguridad Pública. Se investiga una red de protección que habría avisado de operativos, vigilado movimientos y organizado bloqueos para retrasar a las corporaciones.
En los cateos aseguraron 35 armas, 52 cargadores, ropa táctica, 11 vehículos —algunos con blindaje—, un dron y un inhibidor de señal. También hallaron una bodega presuntamente usada para almacenar mercancía robada. Las indagatorias siguen abiertas, incluso para precisar qué une a Los Zúñiga con Los Chokos en el mismo corredor.
El camino no ha cambiado. Lo que cambia es quién dice controlarlo.
Lo notable, y no por novedoso, es que el expediente delincuencial ya no se sostiene solo. Desde 2025, Puebla suma siete presidentes municipales detenidos y vinculados a proceso. Cuatro llegaron por Movimiento Ciudadano; dos, por la coalición Morena-PT; uno, postulado y reelegido por Morena. El partido cambia; el patrón permanece.
Los hermanos González Vieyra —Uruviel, Giovanni y Ramiro— gobernaban al mismo tiempo Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán), Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires. Los tres ganaron en 2024 con la postulación de Movimiento Ciudadano. Giovanni volvió a Tlachichuca —municipio que la familia ha tratado casi como patrimonio desde finales de los noventa—; Uruviel y Ramiro ganaron las alcaldías vecinas. Tres hermanos, tres ayuntamientos colindantes: el poder no se administraba; se concentraba.
El 7 de marzo de 2025 cayeron Uruviel y Giovanni. A Uruviel se le imputaron portación de armas de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito; a Giovanni, encubrimiento por recepción de mercancía robada y, después, abuso de autoridad.
Ramiro evadió aquel operativo y fue detenido el 29 de mayo de 2025, al salir de una audiencia. La Fiscalía lo acusó de delitos contra la salud y, en una imputación posterior, de cohecho.
Gerardo Cortés Caballero, presidente municipal de Cuautempan, llegó en 2021 y permaneció en 2024 bajo la coalición Morena-PT, en la estela de un cacicazgo familiar: su padre ya había ocupado la alcaldía. Fue capturado el 4 de febrero de 2026 en Tlaxcala, después de nueve meses prófugo y con licencia de por medio. Se le acusa de secuestro, extorsión, delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, robo a transporte y portación de armas. Pidió tiempo por salud; el expediente no se detuvo.
Juan Pérez Moral, alcalde de San Juan Tianguismanalco por la coalición PT-Morena, no se reeligió en el sentido estricto: gobernó de 2018 a 2021 y regresó al palacio en 2024. La costumbre fue la misma: volver al cargo como si el municipio fuera de casa. Fue detenido el 17 de agosto de 2026 y vinculado a proceso por violación. No es el caso del corredor carretero, pero sí el de una autoridad en funciones que pasa del ayuntamiento al juzgado. El cargo no inmuniza: apenas retrasa.
Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, ganó en 2024 con Movimiento Ciudadano. Fue detenido el 4 de septiembre de 2026 en San Juan Xiutetelco. La Fiscalía lo relaciona con secuestro exprés y robo de vehículo con violencia; hay, además, señalamientos por abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal. El gobierno federal lo sitúa en el mismo expediente que después llegó a Esperanza. Su esposa, registrada como suplente, había fallecido meses antes. El municipio se quedó sin sucesión ordinaria y Segob plantea un Concejo. Hasta en eso el azar fue puntual: cayó el titular y no había quién lo reemplazara conforme al ritual institucional.
Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza por Morena, gobernó el trienio 2021-2024 y obtuvo un segundo periodo consecutivo para 2024-2027. Fue detenido el 7 de septiembre de 2026 durante los 23 cateos del Operativo Enjambre. Con él cayeron su hermano Manuel y la exdirectora de Seguridad Pública. Omar García Harfuch los vinculó con Los Zúñiga y con la red que operaba en la 150-D. El detalle no es menor: el municipio donde, según la acusación, se descarga lo robado es el mismo que debía impedir el robo. La coincidencia geográfica ya no alcanza para llamarla coincidencia.
El saldo político invita a la comodidad partidista y conviene no caer en ella. MC pone cuatro; la coalición Morena-PT, dos; Morena, uno. Eso no absuelve a nadie ni convierte a un color en certificado de buena conducta. Lo que exhibe es otra cosa, más vieja y más poblana: ayuntamientos tratados como extensión del apellido, el hábito de regresar al poder local, policías municipales que parecen de casa y corredores carreteros donde el Estado llega tarde, aunque ahora llegue con 23 cateos y con el sello de una estrategia nacional.
Las indagatorias permanecen abiertas. Falta deslindar responsabilidades individuales y establecer con claridad los vínculos entre Los Zúñiga, Los Chokos y las autoridades que, de acreditarse lo dicho por la Federación, no vigilaron el territorio: lo administraron. En Puebla, la pregunta ya no es solo quién asalta el camión. Es quién tenía las llaves del municipio cuando el camión pasó.
¿O no lo cree usted?