Estados Unidos ha comenzado a deportar a migrantes mexicanos a terceros países, como Guatemala y Honduras, en una estrategia que busca alejarlos de su frontera y disuadirlos de intentar nuevamente el ingreso. Al mismo tiempo, la medida genera incertidumbre y temor entre quienes son expulsados y podría empujarlos a solicitar asilo en esas naciones, convirtiendo la deportación en una expresión más de la crueldad de la política migratoria de Trump.
Por primera vez en la historia reciente de la política migratoria estadounidense, mexicanos están siendo enviados a países que no son el suyo, esto como parte de una política de deportación que busca disuadir la migración irregular y provocar que las personas opten por la autodeportación antes de enfrentarse a la posibilidad de terminar en un país desconocido. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que en lo que va de 2026 han llegado a su país 2 mil 284 mexicanos deportados por Estados Unidos. Más de 200 mexicanos también han sido enviados a Honduras. En el caso guatemalteco, los mexicanos viajan en los mismos vuelos que los guatemaltecos deportados y permanecen menos de 24 horas antes de ser trasladados en autobús hacia México.
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Aquí está la clave: Guatemala no se está constituyendo formalmente como un “tercer país seguro” para estos mexicanos. Arévalo ha rechazado expresamente esa figura y sostiene que se trata de un tránsito migratorio, no de una recepción permanente, refugio o procedimiento de asilo. Es decir, no estamos ante el clásico safe third country agreement, sino ante otro tipo de arreglo para facilitar que Estados Unidos saque de su territorio a personas mexicanas y las aleje temporalmente de su frontera. El efecto, sin embargo, es el mismo que preocupa a los defensores de derechos humanos: generar incertidumbre, miedo y distancia respecto del lugar al que una persona pretende regresar.
La operación tiene algo profundamente perturbador porque el castigo ya no consiste únicamente en ser expulsado del país donde se intentó construir una vida, sino en ser trasladado a un territorio ajeno, con otras instituciones, otras redes sociales y otras condiciones de seguridad. El mensaje es brutalmente sencillo. Si permaneces de manera irregular en Estados Unidos puedes terminar no solamente deportado, sino lejos de tu propio país. Por eso activistas y defensores de los migrantes interpretan esta política como una estrategia de disuasión: alejar físicamente a las personas de la frontera para dificultar un nuevo intento de ingreso y, sobre todo, hacer que quienes todavía están en Estados Unidos tengan miedo de correr la misma suerte.
Pero Washington está construyendo algo todavía más amplio. Human Rights First ha documentado el uso de acuerdos y arreglos con terceros países para expulsar a personas que no tienen vínculos con esos territorios, mientras Estados Unidos amplía su red de cooperación migratoria. La lista incluye países de América Latina, África y otras regiones. Esta semana, por ejemplo, comenzó el traslado de deportados a Liberia, que aceptó recibir hasta 1,200 personas durante un año. En algunos casos, estas personas ni siquiera habían estado antes en el país al que son enviadas.
Europa, entretanto, está construyendo su propia versión de esta arquitectura de externalización. El Pacto sobre Migración y Asilo comenzó a aplicarse en junio de este año y las nuevas reglas amplían las posibilidades de utilizar el concepto de safe third country mediante acuerdos o arreglos con países externos a la Unión Europea. Y hay una novedad particularmente importante: las nuevas reglas europeas permiten establecer return hubs en terceros países, es decir, centros de retorno donde pueden ser trasladadas personas que no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea, ya sea como destino final o como punto de tránsito para una nueva expulsión.
El paralelismo resulta difícil de ignorar. Estados Unidos utiliza Guatemala, Honduras y otros países para sacar personas de su territorio y alejarlas de su frontera; Europa está creando mecanismos para que terceros países funcionen como espacios de retorno, procesamiento o tránsito. No son políticas idénticas, ni todos los acuerdos tienen la misma naturaleza jurídica, pero responden a una lógica común: convertir la frontera en una red que se extiende mucho más allá del territorio nacional y trasladar a otros Estados una parte cada vez mayor de la responsabilidad de contener, detener, recibir o devolver migrantes. La frontera ya no está únicamente en San Diego o en las costas del Mediterráneo; puede aparecer en Guatemala, Honduras, el norte de África o cualquier otro sitio dispuesto a participar en esta arquitectura.
Y aquí aparece el problema jurídico que no podemos perder de vista: el principio de no devolución, non-refoulement, establecido en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y reforzado por otros instrumentos internacionales de derechos humanos, impide devolver a una persona a un lugar donde pueda enfrentar persecución o determinados riesgos graves; la Convención contra la Tortura, por ejemplo, prohíbe trasladarla a un Estado cuando existan razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. La propia Unión Europea reconoce que sus acuerdos de retorno deben respetar el non-refoulement. El problema es que cuando deportar, trasladar y alejar se convierten en instrumentos de disuasión, el derecho corre el riesgo de quedar subordinado al mensaje político: que migrar sea tan aterrador, tan incierto y tan costoso que las personas prefieran irse por voluntad propia antes de que un gobierno decida por ellas dónde terminarán.
Estamos ante un nuevo escenario de deportación, diseñado desde el Norte Global para trasladar la responsabilidad migratoria hacia países que antes eran considerados de tránsito, obligándolos a recibir y gestionar grandes cantidades de migrantes sin los recursos, las políticas ni el apoyo necesarios para hacerlo.