En México acabamos de descubrir que tenemos derechos como audiencia. La noticia sorprendería más si no fuera, técnicamente, mentira: esos derechos existen desde 2013. Lo que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso a consulta pública hasta el 21 de agosto no es un invento nuevo, sino el tercer intento en diez años de hacerlos exigibles. El primero, en 2016, lo tumbó el propio gobierno que lo impulsó. Así que perdóneme si no aplaudo todavía: ya vi esta película, y el final no fue precisamente triunfal.
Pero hay una diferencia entre aquel intento y este, y es la única que de verdad importa. En 2016, quien tenía la facultad de revisar contenido y sancionar era un órgano autónomo: el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En 2026, esa misma facultad recae en una comisión que depende del Poder Ejecutivo. Mismo derecho, mismo mecanismo, dueño distinto. Y en regulación de medios, el dueño de la llave importa tanto como la cerradura.
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Aquí es donde el debate público se equivocó de pregunta. Nos pasamos semanas discutiendo "¿censura sí o censura no?", como si fuera un examen de opción múltiple. Esa pregunta cabe en un meme y sirve para lo mismo que un meme: para nada. La pregunta seria es otra: ¿qué tan independiente debe ser quien vigila el contenido de los medios, para que vigilar no se confunda, algún día, con decidir qué es verdad? Esa pregunta no cabe en un tuit, y por eso casi nadie la hizo.
Del lado del gobierno, la respuesta es clara: la consejera jurídica de la Presidencia ha explicado el mecanismo paso a paso, ha rechazado públicamente que se trate de censura y ha invitado a discutir el documento real, no la versión que circula en cadenas de WhatsApp. La propia CRT insiste en que no busca restricción previa, sino formalizar derechos que llevan trece años en la Constitución sin mecanismo que los haga valer: código de ética obligatorio, defensor de las audiencias, plazos concretos para resolver quejas. Y, dato curioso, ni siquiera la industria regulada está cerrada al proyecto: la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión reconoció apenas este 10 de agosto avances sustanciales y descartó que exista censura. Cuando el regulado no está gritando "auxilio", algo se está negociando en serio.
Del otro lado, la preocupación no es menor ni paranoica: especialistas han señalado que dar a un regulador subordinado al Ejecutivo la facultad de revisar las decisiones del propio Defensor de las Audiencias podría ir más allá de lo que dice la Constitución. Y el riesgo real no es que mañana apaguen un noticiero. El riesgo es más silencioso: que un medio, sabiendo que puede ser sancionado por cómo presenta un contenido, empiece a autolimitarse antes de que nadie se lo pida. La autocensura no necesita censor. Solo necesita duda instalada, y la duda, como bien sabemos los mercadólogos, es la emoción más barata de sembrar y la más cara de erradicar.
Mientras el país discute esto en abstracto, más de dos mil personas ya mandaron comentarios formales a la consulta. Dos mil personas que, se supone, leyeron el documento antes de opinar. Una proporción sorprendentemente alta para un país donde solemos indignarnos primero y leer después, si es que llegamos a leer.
Y aquí quiero ser honesto con usted, lector: no le voy a decir qué pensar sobre esto. No soy funcionario, no soy abogado y ya tuvimos suficientes gurús opinando de todo sin saber nada. Pero si algo me enseñaron años observando marcas, audiencias y algoritmos, es que la transparencia dejó de ser un lujo ético y se convirtió en ventaja competitiva. Un medio, una marca o un influencer que dice abiertamente "esto es publicidad" hoy compite mejor que quien lo disimula, porque el público ya aprendió a detectar el disimulo. Le tomó una década, pero lo aprendió. Y ese aprendizaje, guste o no al regulador de turno, ya no tiene reversa.
La consulta sigue abierta hasta el 21 de agosto en el portal de la CRT. Cualquiera puede opinar, no hace falta ser concesionario ni abogado constitucionalista. Así que la próxima vez que alguien le explique con total autoridad si esto es censura o protección, pregúntele algo sencillo: ¿ya leyó el documento, o nada más vio el título?
Porque aquí va la prueba de que casi nadie lo leyó: el propio artículo 2 de estos lineamientos prohíbe expresamente cualquier forma de censura previa. Está ahí, en el segundo párrafo del documento, no escondido en la letra chiquita. Y sin embargo seguimos gritando "censura" con más convicción que quienes se tomaron la molestia de escribir lo contrario.
Tampoco ayuda que las cifras se repitan sin contexto. Sí, las sanciones por incumplimiento pueden llegar hasta el 1% de los ingresos anuales del concesionario. Suena aterrador en un titular. Lo que ese titular casi nunca aclara es que, según ha explicado la propia Presidencia, esa multa no se aplicaría por el contenido periodístico que un medio decida transmitir, sino por no publicar su código de ética, no nombrar defensor de audiencias o no habilitar un mecanismo de quejas. Es la diferencia entre castigar lo que un medio dice y castigar que un medio no tenga las reglas mínimas de casa en orden. No es un matiz menor: es, literalmente, el corazón del debate.
Porque en este país tenemos una habilidad extraordinaria para indignarnos sin haber pasado del encabezado. Y esa, más que cualquier lineamiento, sigue siendo nuestra verdadera crisis de audiencia.