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- El país no puede seguir llevando la cuenta de sus periodistas asesinados como quien lleva la cifra de damnificados por un fenómeno meteorológico, como algo que otra vez ocurrió y se anota.
La mañana del miércoles 22 no parecía diferente: caminar al puesto de la esquina para comer en San Pablo Etla, a 40 minutos de la capital de Oaxaca. Ir por una memela era el plan del periodista Alejandro Leyva; ni siquiera alcanzó a terminarla. El sicario llegó por la espalda —no alcanzó a voltear; no le dio tiempo de nada— y disparó tres veces directo a la cabeza. Después huyó con la complicidad de la luz del día, sin dejar rastro, como si la ciudad entera hubiera decidido no ver.
A Leyva no lo emboscaron en una carretera solitaria ni en la clandestinidad de una investigación de alto riesgo: lo mataron desayunando, de espaldas, con la ropa de andar en la calle, la ropa de quien sale a un mandado y piensa volver. El Moscardón que zumbaba lo que otros callaban ya no volvió a casa. Le pusieron una manta sobre la cabeza, como si el pudor llegara después de la pólvora. Pero no hay manta que cubra lo que ya quedó expuesto en los medios de comunicación. Alejandro Leyva de 60 años de edad se convirtió en el periodista número siete asesinado en nuestro país en el presente año.
EL CALENDARIO DE LA MUERTE
Antes de Leyva, la lista ya pesaba: Carlos Leonardo Ramírez Castro, en Poza Rica, Veracruz fue asesinado el 8 de enero.
Juan David Gámez, en Nuevo León, el 18 de marzo.
Roxana Berenice Guzmán Ramírez, secuestrada por un grupo armado el 2 de junio en Veracruz y hallada sin vida a finales de ese mes.
Luis Ángel López Valdés, en Poza Rica, Veracruz fue ultimado el 11 de junio.
Manuel Alejandro Moreno Serna, en la Costa Grande de Guerrero fue “levantado” por un grupo armado y localizado sin vida el 3 de julio.
Josué Martínez Contreras, director de un medio digital en San Martín Texmelucan, Puebla, fue privado de la vida por motosicarios el 16 de julio cuando salía de casa acompañado de su hijo de 13 años de edad.
Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en San Pablo Etla, Oaxaca, acribillado el 22 de julio cuando estaba sentado en un puesto de comida antes del mediodía.
Siete nombres, seis estados, un solo patrón: la palabra pública como sentencia. Algunos estaban inscritos en mecanismos de protección que pero nadie los protegía; a otros se les negó el acceso pese al riesgo evidente. El Estado mexicano no solo llega tarde: llega, con frecuencia, sin haber llegado nunca.
LA PROFESIÓN DE INFORMAR
Ejercer el periodismo en México, sobre todo el periodismo que incomoda, ha sido la profesión de alto riesgo. Leyva lo sabía y lo decía con ironía filosa: él era el zumbido del Moscardón que no dejaba dormir tranquilo al poder. Persistente, pero sin blindaje.
No basta con que la autoridad detenga al sicario. La justicia que se conforma con el autor material es una justicia de coartada, no de fondo. Mientras no se identifique y se procese a quien ordena la muerte la impunidad no terminará nunca.
Josué Martínez cayó aquí, en San Martín Texmelucan, hace apenas seis días. Su nombre debería obligarnos, en casa, a la misma pregunta que hoy le hacemos a Oaxaca: ¿quién protege a quien informa, y quién decide que no vale la pena protegerlo?.
El país no puede seguir llevando la cuenta de sus periodistas asesinados como quien lleva la cifra de damnificados por un fenómeno meteorológico, como algo que otra vez ocurrió y se anota.
Nos leemos pronto…
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