La cocaína es “fuente primigenia de todas las formas de violencia": De la Espriella
Con esas palabras, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a través de Radio Caracol, anunció con todo énfasis lo que hará a partir del próximo 8 de agosto.
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De esa forma comenzó la justificación de una de las agendas de seguridad más agresivas que el país haya escuchado en las últimas décadas. En un primer momento y desde sus palabras, señaló que comenzará “la fumigación de las más de 330 mil hectáreas de coca” sembradas en Colombia, ese insumo estimulante que tiene la más alta demanda en la Unión Americana.
También con voz enérgica señaló que “regresarán los bombardeos contra campamentos” de organizaciones armadas, que pueden concentrar miles de miembros activos, más una cuantiosa base social de cientos de miles de personas que les apoyan.
Además, continuó con la misma retórica al afirmar que “serán derribadas las aeronaves que transporten droga fuera del territorio colombiano”. En la misma línea discursiva, sostuvo que las Fuerzas Armadas “hundirán las embarcaciones utilizadas por el narcotráfico”. Se trata de una narrativa de confrontación que reproduce buena parte del repertorio securitario promovido por los sectores afines al trumpismo durante los últimos años.
El problema de este tipo de planteamientos no es únicamente su carga retórica, sino las implicaciones jurídicas y humanitarias que conllevan. La destrucción de aeronaves o embarcaciones exige el cumplimiento estricto del derecho internacional, del principio de proporcionalidad y de las garantías del debido proceso.
En el caso de embarcaciones en aguas internacionales, cualquier acción letal o de hundimiento sin una identificación plenamente acreditada de la actividad ilícita y sin observar los protocolos internacionales podría dar lugar a graves violaciones del derecho internacional e, incluso, dependiendo de las circunstancias concretas, a la comisión de crímenes internacionales contra personas que no hubiesen sido previamente individualizadas como responsables de una conducta delictiva.
Al mismo tiempo dijo que “las disidencias de las FARC, alias Mordisco”, en suma con los “cárteles mexicanos que operan en el Cauca” serán declarados, incluso antes de asumir el poder, como objetivos militares.
Pero quizá fueron otras frases las que mejor describieron la nueva doctrina de gobierno que pretende adoptar cual calca discursiva de la administración republicana estadounidense.
"Al que trate de matar un policía, el policía tiene que defenderse y darle de baja."
"Al que pretenda incendiar un CAI hay que darle de baja."
"No voy a tener ninguna consideración."
Muchos interpretarán estas declaraciones como una respuesta lógica a la expansión del crimen organizado y al deterioro de la seguridad en Colombia y en otros países del continente. Sin embargo, reducirlas exclusivamente a esa dimensión sería ignorar un proceso geopolítico de mayor alcance.
Lo que hoy comienza a configurarse en América Latina sin lugar a dudas trasciende la política de seguridad interior. Nos encontramos ante una reconfiguración del espacio estratégico hemisférico, orientada a preservar el área de influencia de Estados Unidos mediante el fortalecimiento de su arquitectura de seguridad continental, particularmente a través del Comando Sur y del Comando Norte.
Esta estrategia no responde únicamente a la lucha contra el narcotráfico, sino al aseguramiento de recursos estratégicos, de corredores logísticos y energéticos, así como a la consolidación de un cinturón de contención frente a la creciente proyección económica, tecnológica y militar de la República Popular China.
Es así que la anglosfera y los Estados periféricos del sur global comienzan a reacomodarse dentro de un tablero internacional cada vez más marcado por la competencia entre las grandes potencias. América Latina se pretende que deje de ser únicamente un escenario de conflictos internos para convertirse, nuevamente, en un espacio de disputa estratégica y del combate central para los enemigos de mil cabezas, una especie de Plan Cóndor 2.0.
Las políticas de seguridad, el despliegue militar, la cooperación en inteligencia y el combate al crimen organizado adquieren así una dimensión que rebasa el ámbito nacional y se insertan en la lógica de una competencia sistémica entre Washington y Pekín, nuevamente terciarizando conflictos, cuyos efectos probablemente definirán buena parte de la geopolítica del siglo XXI.
Lo anunciado por de la Espriella no constituye simplemente una política pública de mano dura, en realidad, representa el retorno de una doctrina de seguridad que América Latina conoce demasiado bien, aquella que convierte la guerra en el principal instrumento de gobierno y desplaza progresivamente la política hacia una lógica permanente de excepción, teniendo como plus la reindustrialización a través del negocio de la guerra y el reabastecimiento mediante lo recursos ajenos, con la complicidad de las soberanías entregadas, una expoliación con oropeles de cooperación.
Históricamente, este tipo de doctrinas se inauguran con la construcción de un enemigo interno —el narcotráfico, la insurgencia, el terrorismo o el crimen organizado— cuya neutralización justifica la expansión extraordinaria de las facultades coercitivas del Estado y de los estados más tecnificados. Sin embargo, una vez institucionalizada la excepcionalidad, sus márgenes tienden a ampliarse.
Las herramientas concebidas para combatir amenazas extraordinarias pueden terminar empleándose para contener la disidencia política, criminalizar la protesta social o debilitar los contrapesos democráticos. Pero el meollo del asunto, es que el alcance de este paradigma no se agota en la política doméstica, pues la securitización del Estado constituye también el primer peldaño de una estrategia geopolítica de mayor envergadura.
La consolidación de regímenes alineados con una doctrina hemisférica de seguridad facilita su inserción en una arquitectura de poder transnacional, orientada no sólo al control del territorio nacional, sino a la preservación de áreas de influencia para espacios de proyección militar en el marco de la competencia entre las grandes potencias. En ese sentido, la guerra contra el enemigo interno deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un instrumento de una disputa geopolítica que trasciende las fronteras nacionales.
No es la primera vez que escuchamos un discurso semejante.
Colombia ya transitó por un proceso similar. Y hace casi dos décadas México vivió un punto de inflexión comparable, cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Entonces también se prometió recuperar el territorio, restablecer el Estado de derecho y derrotar al enemigo mediante el empleo de toda la capacidad coercitiva del Estado incluyendo la política de cooperación binacional con el vecino del norte.
El desenlace es ampliamente conocido, con una creciente militarización de la seguridad pública, cientos de miles de víctimas, decenas de miles de personas desaparecidas y la normalización de medidas extraordinarias que, con el paso del tiempo, dejaron de ser excepcionales para incorporarse de manera permanente a la arquitectura institucional del país.
Al mismo tiempo, ese proceso coincidió con una profunda reconfiguración del Estado mexicano en materia de seguridad, defensa e integración económica con el bloque del norte. En los años posteriores se consolidaron “reformas estructurales” e instrumentos de cooperación que reforzaron la inserción de México dentro de la arquitectura estratégica de Norteamérica, disminuyendo sus márgenes de autonomía en áreas sensibles y subordinando parte de su política de seguridad a prioridades definidas en el ámbito hemisférico. La guerra contra el narcotráfico no sólo transformó la relación entre el Estado y la violencia; también modificó la posición geopolítica de México dentro de un esquema regional de seguridad encabezado por Estados Unidos, no como aliado, sino como subordinado.
Por eso, mi preocupación no comienza ni termina en Colombia. Lo que se observa es el posible inicio de un nuevo ciclo político latinoamericano de alcances transcontinentales con miras a un conflicto mucho más amplio.
Y aquí conviene hacer una pausa y repensar lo que ha ocurrido hasta el momento, porque toda guerra necesita construir un enemigo y testaferros que lo ejecuten.
Durante la “Guerra Fría” fue el comunismo; después el narcotráfico, más tarde el terrorismo.
Hoy, el discurso hegemónico ha terminado por construir un enemigo híbrido, una especie de amasijo conceptual donde se amalgaman los vestigios de un supuesto comunismo prácticamente inexistente en la región, organizaciones calificadas como terroristas y estructuras de delincuencia organizada transnacional. Se trata de una categoría política deliberadamente difusa que permite justificar respuestas excepcionales frente a amenazas de naturaleza diversa, en que cualquiera puede ser inscrito en ese alebrije de mil cabezas.
Sin embargo, esta narrativa omite una contradicción fundamental, pues las organizaciones criminales no sólo ejercen violencia, también administran mercados ilícitos que movilizan enormes flujos de capital fuera de los países productores, sostenidos por una demanda persistente en las principales economías del mundo. Tan sólo en Estados Unidos, decenas de millones de personas consumen drogas ilícitas, alimentando un mercado de dimensiones transnacionales.
En ese contexto, cabe preguntarse si el objetivo real consiste en erradicar la economía criminal o, más bien, en administrar sus efectos mediante una estrategia de control territorial y militarización. Resulta difícil sostener que una guerra frontal eliminará un mercado cuya existencia depende tanto de la oferta como de una demanda extraordinariamente rentable, asentada precisamente en las economías centrales. Mientras los incentivos económicos permanezcan intactos, la violencia tenderá a reconfigurarse antes que a desaparecer.
Bajo esa lógica, el discurso de de la Espriella termina por reconstruir un enemigo de múltiples máscaras. En una misma categoría confluyen las disidencias armadas, los cárteles mexicanos, quienes bloquean carreteras, quienes buscan la defensa de la soberanía nacional, quienes incendian infraestructura pública o cualquier actor que desafíe al Estado mediante la violencia o quienes pretendan bloquear planes más allá de las justificaciones constitucionales nacionales. La diversidad de estos fenómenos queda subsumida bajo una única narrativa que privilegia la respuesta punitiva y la militarización como mecanismos centrales para la resolución de los conflictos.
Esta construcción del enemigo parece responder menos a la comprensión de las causas estructurales de la violencia que a la necesidad de legitimar un nuevo paradigma de seguridad. El problema deja de ubicarse en las dinámicas económicas, políticas y geopolíticas que alimentan el fenómeno para concentrarse exclusivamente en sus manifestaciones visibles.
Se combate el cauce, pero no las corrientes que lo alimentan; se persigue a los actores que operan en el territorio, mientras permanecen prácticamente intactas las estructuras financieras, los mercados de consumo y los intereses estratégicos que hacen posible la reproducción transnacional de la violencia. En otras palabras, los caudales de esta política no desembocan en el río donde se manifiesta el conflicto, sino en los mares donde realmente se origina y se reproduce.
No sostengo que el Estado deba renunciar a combatir a las organizaciones criminales ni a garantizar la seguridad de la población; esa constituye una de sus obligaciones fundamentales Mi planteamiento es otro, que es advertir que la excepcionalidad está dejando de ser un recurso extraordinario para convertirse, progresivamente, en la forma ordinaria de ejercer, expandir y regular el poder, incluso más allá de las fronteras nacionales.
Quizá por ello, la historia de la región parece confirmar, una vez más, la intuición nietzscheana del eterno retorno, no porque los acontecimientos se repitan de manera idéntica, sino porque las mismas estructuras de poder reaparecen bajo nuevos nombres, con nuevos enemigos y nuevas justificaciones, reproduciendo una lógica que creíamos superada... esa historia ya la conocemos.