La movilidad es mucho más que trasladarse de un punto a otro. De ella dependen las oportunidades de empleo, el acceso a la educación, la atención médica y buena parte de la actividad económica de cualquier sociedad. Por ello, las decisiones públicas en materia de transporte no pueden tomarse con ocurrencias ni con entusiasmo político; deben sustentarse en planeación, estudios técnicos y análisis financieros que permitan garantizar que cada peso invertido genere un beneficio real para los ciudadanos.
Durante meses, el Gobierno Federal ha impulsado uno de los proyectos más ambiciosos de la llamada transición energética: Olinia. Presentado por la Presidenta de la República como el primer vehículo eléctrico diseñado y ensamblado en México, el proyecto fue anunciado como una alternativa de movilidad limpia, accesible y adaptada a las necesidades de distintos sectores de la población.
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Según la narrativa oficial, Olinia busca acercar la electromovilidad a millones de mexicanos mediante vehículos compactos, de bajo costo y enfocados principalmente en tareas de transporte urbano, reparto de mercancías y movilidad.
La idea parece atractiva, un vehículo eléctrico mexicano, fabricado en el país, con menor impacto ambiental y con costos de operación supuestamente más bajos que los de los vehículos convencionales. Difícilmente alguien podría oponerse a la innovación tecnológica o al desarrollo de una industria nacional.
El problema comienza cuando los anuncios avanzan más rápido que las respuestas.
Hace apenas unos días, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla manifestó públicamente la intención de adquirir tres mil unidades de dicho vehículo para impulsar la modernización del transporte público en la entidad, así como la creación de un fondo destinado a facilitar la adquisición de otras cinco mil unidades mediante el otorgamiento de apoyos equivalentes al veinte por ciento del enganche requerido para su compra.
La magnitud de las metas anunciadas, así como los posibles compromisos presupuestarios que de ellas se derivan, hacen indispensable que dichas propuestas se encuentren sustentadas en estudios técnicos, financieros, presupuestarios, operativos y de impacto social que permitan determinar con objetividad la viabilidad del proyecto, los costos asociados a su implementación, la infraestructura necesaria para su funcionamiento, las fuentes de financiamiento previstas y los beneficios esperados para la población.
Y fue precisamente ahí cuando comenzaron a surgir preguntas que hasta el día de hoy permanecen sin respuesta.
Porque antes de gastar un solo peso de los poblanos, valdría la pena saber si existen estudios técnicos, financieros y operativos que justifiquen dicha decisión.
¿Quién determinó que estos vehículos son la mejor alternativa para Puebla? ¿Existe un análisis de costo-beneficio? ¿Cuánto costará su mantenimiento? ¿Quién realizará las reparaciones? ¿Dónde se conseguirán las refacciones? ¿Y quién pagará la factura cuando las baterías tengan que ser reemplazadas?
Porque una cosa es presentar un vehículo en una conferencia de prensa y otra muy distinta es mantenerlo funcionando todos los días en las condiciones reales del estado.
La pregunta resulta todavía más relevante cuando se observa el tipo de movilidad que existe en muchas regiones de Puebla. Basta recorrer municipios donde operan mototaxis, transporte comunitario o rutas de servicio que enfrentan diariamente caminos deteriorados, falta de infraestructura y condiciones paupérrimas de operación muy distintas a las de una gran ciudad.
Y puede ser una alternativa interesante para el futuro, pero el futuro también requiere infraestructura. Se necesitan centros de carga, redes de distribución eléctrica adecuadas, refacciones disponibles y personal especializado. De lo contrario, existe el riesgo de que los vehículos terminen convirtiéndose en piezas inmóviles de exhibición mientras los usuarios continúan enfrentando los mismos problemas de movilidad de siempre.
¿Quién reparará uno de estos vehículos cuando presente una falla eléctrica en una comunidad alejada? ¿Tendrá que recorrer cientos de kilómetros para encontrar un taller especializado? o ¿terminará estacionado durante meses esperando una refacción que ni siquiera exista en la región?
Porque los gobiernos responsables no compran primero y preguntan después. Primero estudian, después planean y finalmente invierten.
Y las dudas no terminan ahí. En fechas recientes, investigaciones periodísticas han planteado cuestionamientos sobre el origen de diversos componentes utilizados en los prototipos de Olinia, señalando que algunas piezas provendrían del extranjero, particularmente de China. Se trata de preguntas legítimas tratándose de un proyecto que se presenta como un símbolo de innovación nacional y que eventualmente implicaría recursos públicos.
Sin embargo, el Gobernador del Estado lejos de responder con estudios, documentos o información técnica verificable, optó por descalificar al periodista que dio a conocer dichos cuestionamientos. Paradójicamente, mientras desde el discurso público se ha expresado su afecto y respeto por los animales, especialmente por los perros como seres sintientes merecedores de cuidado y dignidad, haya optado por referirse de manera despectiva a un periodista utilizando precisamente esa figura, y pareciera normal llamarle "perrito" para desacreditar a quien realiza preguntas incómodas.
Pero en una democracia las preguntas incómodas no se responden atacando periodistas; se responden con información. Porque si el proyecto es tan sólido como afirman sus promotores, las respuestas deberían ser más fáciles de encontrar que los insultos.
Y justamente ahí radica la gran preocupación. Porque hasta ahora los poblanos han escuchado anuncios, promesas y declaraciones. Lo que no han visto son los estudios técnicos que justifiquen la compra de miles de unidades, los análisis financieros que expliquen cuánto costará mantenerlas o los dictámenes que demuestren que realmente resolverán los problemas de movilidad del estado.
Porque el dinero público no pertenece a los gobernantes. Pertenece a los ciudadanos.
Y cuando se pretende comprometer recursos públicos en proyectos que aún generan más preguntas que respuestas, la obligación de un gobierno democrático no es pedir confianza ciega. Su obligación es transparentar la información, presentar los estudios y demostrar que cada peso invertido tendrá un beneficio real para los poblanos.
De lo contrario, Olinia corre el riesgo de convertirse en algo muy distinto a un proyecto de movilidad. Corre el riesgo de convertirse en otro ejemplo donde la propaganda viaja más rápido que la planeación.
Al final, nadie está en contra de la innovación, de la tecnología o de la movilidad. Los poblanos no necesitan vehículos para la fotografía oficial. Necesitan soluciones reales para sus problemas cotidianos. Necesitan calles seguras, transporte eficiente, servicios públicos de calidad y gobiernos que rindan cuentas antes de gastar el dinero.
Si Olinia es tan buena idea como afirman sus promotores, que presenten los estudios, que transparenten los costos, que expliquen los riesgos y que demuestren los beneficios. Porque cuando un gobierno se niega a responder preguntas básicas sobre un proyecto público, la duda deja de estar en el proyecto. La duda comienza a estar en el propio gobierno.
Cuando los estudios aparecen después de los anuncios, la planeación deja de ser una política pública y comienza a parecer una apuesta. Y las apuestas nunca deberían hacerse con el dinero de los poblanos.