Las redes sociales ofrecen herramientas potentes para la conectividad global y el desarrollo comercial. Sin embargo, también conllevan riesgos graves como la adicción y la vulneración de la privacidad. Un ejemplo de esto es el caso de la mujer a quien en estos canales de comunicación han denominado “Lady Cholula”, nombre que usaré en este espacio para cuidar su identidad.
Según la versión de las autoridades, el pasado 26 de junio de 2026, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, una mujer que conducía una camioneta en tercer grado de intoxicación alcohólica ingresó a exceso de velocidad en una zona peatonal restringida y se estrelló contra una jardinera.
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Testigos grabaron el momento en que al menos cinco policías la sometieron con fuerza física frente a sus dos hijos menores de edad. Los niños gritaban y lloraban pidiendo que la soltaran. Además, se denunció que los oficiales jalonearon e intimidaron a los menores para evitar que siguieran grabando.
Inicialmente, el caso provocó una indignación masiva por un presunto abuso de autoridad policial. La detenida, con el apoyo público de una diputada local, acusó un arresto arbitrario y la violación de sus derechos humanos.
Al principio, debido a la investigación jurídica que realizo sobre el uso y las implicaciones legales de las redes sociales, analicé las reacciones en estas plataformas ante un video en el que se observa a una oficial encima de una madre de familia. Escuchar a los dos menores llorar y suplicar a gritos que no la lastimaran, y posteriormente ver la entrevista que la diputada local le realizó a la mujer de 35 años (protagonista de este penoso incidente), me hizo considerar excesivo el uso de la fuerza por parte de los uniformados de San Andrés Cholula.
También dimensioné las consecuencias jurídicas y las ejemplares sanciones que recaerían sobre los policías, tras saber que tanto la Fiscalía General del Estado de Puebla como la Comisión de Derechos Humanos de Puebla iniciaron investigaciones y actuaciones sobre el caso.
Sin embargo, la opinión pública se dividió tras la posterior filtración de videos tomados dentro de la patrulla y la comandancia. En las grabaciones del traslado, se observa a la mujer en un evidente estado inconveniente. Ella afirma haber sido víctima de un robo previo, pero también lanza amenazas asegurando tener supuestos nexos con el narcotráfico y haber sido pareja de un líder criminal en Veracruz.
A partir del momento en que escuché todas las incongruencias que señalaba, las ofensas y demás vituperios, consideré que la actuación de la autoridad fue la correcta. Conozco a los miembros de la policía montada de San Andrés Cholula; fueron alumnos del Instituto de Ciencias Ecuestres, donde yo fungí como rector. Por la relación académica que tuve con ellos, mis comentarios hacia su desempeño siempre serán buenos, por lo que me extrañó esa primera parte de los hechos. No obstante, tras ver los últimos videos publicados, entendí por completo el contexto de su actuación.
La madre de familia, además del estado inconveniente que evidentemente presentaba, estaba furibunda y decía incongruencias, por lo que la vida de los menores de edad corría peligro. Prueba de ello es que intentó circular por una zona peatonal y terminó estrellándose contra unas macetas. No me imagino qué hubiera ocurrido si esas macetas no le hubieran impedido seguir circulando; pudo haber atropellado a los peatones que caminaban por esa supuesta zona segura.
Entiendo, más no justifico la publicación de los videos tomados dentro del vehículo policial y de la comandancia. Con esta acción, considero que sí se violaron los derechos fundamentales de la detenida. Creo que fueron los mismos guardias quienes los publicaron debido a que su prestigio estaba siendo hecho pedazos y su estabilidad laboral corría riesgo, por lo que creyeron que era una forma de justificar su participación en los hechos.
Este acto es más grave que los videos iniciales. Considero que debieron exhibirlos exclusivamente en las comparecencias que deberán enfrentar, tanto en la Fiscalía General del Estado de Puebla como ante las instancias correspondientes.
Será muy interesante conocer el proceder de las autoridades jurisdiccionales y el resultado materia de un buen análisis para la academia jurídica, y analizar:
¿Cómo se articulan los derechos humanos de los infractores con el uso legítimo de la fuerza pública?