Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
La ciudadanía de la Ciudad de México tendría que reconocer que la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la chamaquearía por enésima vez, al adelantar ocho días el inicio de la llamada “huelga nacional”, no obstante y por excepción, la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino sería contenida en las calles de Bolívar y 5 de Mayo, a unas cuantas cuadras de su destino, por quienes en otras ocasiones escoltarían a los contingentes para garantizar su seguridad.
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El episodio derivaría en un forcejeo con cuerpos de seguridad, que utilizarían -presuntamente- polvo de extintores para contener a los manifestantes. Más tarde, las y los trabajadores de la educación provenientes de Oaxaca instalarían un plantón en la calle 5 de Mayo.
La insatisfacción expresada por las y los docentes que participarían en el plantón de la Ciudad de México -y que se replicaría en otras entidades- generaría una cadena de afectaciones que terminaría impactando al estudiantado y a la sociedad civil.
La suspensión de clases, la toma de plazas públicas, instalaciones gubernamentales y negocios privados, casetas y bloqueos carreteros provocarían reacciones adversas, como ocurriría en el municipio de Mitla, Oaxaca. Sin embargo, más allá de estas expresiones de conflicto, el movimiento magisterial pondría sobre la mesa la inconformidad de maestras y maestros, con las condiciones generales de trabajo y con la forma en que, a su juicio, serían tratados por sus patrones.
La Ley del ISSSTE de 2007, que afectaría particularmente a las y los docentes con menos de 17 años de antigüedad, incorporados al servicio profesional docente a partir del ciclo escolar 2008‑2009 sería, con el rechazo a la reforma neoliberal, el epicentro de su movilización.
Esta legislación sustituiría el “sistema solidario de pensiones -financiado con aportaciones de trabajadores activos y del Estado, y vinculado al último salario o a un promedio- por un esquema de cuentas individuales administradas por un AFORE, en el que el monto de la pensión depende del ahorro acumulado y su rendimiento”. El cambio trasladaría el riesgo del retiro a los trabajadores y profundizaría la incertidumbre sobre una jubilación digna; así sucedería con los trabajadores del Instituto Mexicano de Seguro Social.
A estas inconformidades se sumarían otras quejas recurrentes de las y los docentes: el rechazo a un incremento salarial que contemplaría sólo 4% al salario base y 5% a prestaciones; la sobrecarga burocrática que no se reconocería como tiempo efectivo de trabajo; los programas especiales que aumentarían las tareas sin acompañamiento ni personal suficiente; la falta de docentes especializados; los largos traslados entre casa y escuela; lo mismo que el acarreo político‑sindical para respaldar causas que no siempre coinciden con las convicciones del magisterio, pero que otorgan puntos ante las dirigencias sindicales.
La insatisfacción docente encontraría eco, aunque no necesariamente justificación, en la percepción social sobre la educación pública. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, publicada por el INEGI el 21 de mayo de 2026, el 69% de la población usuaria de la educación pública obligatoria se declararía satisfecha con el servicio (poco menos de 2 de cada 3); sin embargo, el 84.9% afirmaría que se cumpliría con los días de clase. Esta diferencia sería reveladora: aún en contextos de insatisfacción, la continuidad escolar seguiría siendo un valor central para las familias, lo que acotaría territorial y socialmente la legitimidad de las huelgas y paros prolongados.
Al final, el adelanto de la huelga, la confrontación en las calles y la reiteración de agravios laborales dejarían una escena conocida: mucha visibilidad, poco avance sustantivo y un impacto directo en estudiantes y familias que no participarían en la disputa. Las cifras mostrarían que, pese a la insatisfacción existente, la mayoría valoraría la continuidad escolar por encima del conflicto.
En ese contexto, el magisterio disidente volvería a tensar la cuerda sin modificar las reglas del juego, trasladando el costo a terceros al tiempo en el que la declaración de la lideresa de la sección 22 reconocería en entrevista transmitida en medios, el talante político del movimiento de la CNTE. Porque, como dice el refrán, el que mucho corre, pronto se cansa, Gracia.