Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
Tras el dislate del titular del despacho educativo, parecería que las cosas en este sector regresarían al estado que guardaban antes del anuncio de la conclusión anticipada del calendario escolar.
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Como se comentaría previamente y tras las opiniones contrarias a la medida, el titular del despacho educativo federal anunciaría el restablecimiento de la fecha original, prevista para en la conclusión del ciclo escolar 2025‑2026 (DOF. Acuerdo número 18/06/25).
En consecuencia, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dejaría sin efecto el rechazo a la medida anunciada por el presidente de la CONAEDU y, para no quedarse atrás, señalaría que la “huelga nacional” se adelantaría al 1 de junio; once días antes del inicio de torneo futbolero.
Por su parte, el SNTE dejaría de festinar en redes sociales, el adelanto de la conclusión del ciclo escolar que habría pretendido presentar como una conquista sindical; en tanto que en ese lapso las autoridades educativas federales, anunciarían el incremento salarial otorgado a las maestras y maestros del país.
El adelanto de la huelga nacional se plasmaría en el boletín digital de la Sección 22, documento que recogería los acuerdos de la Asamblea Nacional Representativa realizada el 16 de mayo pasado en la Ciudad de México y de la cual destacarían los siguientes puntos:
- “Estallar la huelga nacional de la CNTE para la solución de las demandas centrales el 1° de junio de 2026, con la instalación del campamento nacional en la Ciudad de México.
- Realizar una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo el 1° de junio y, al término del mitin político, instalar un plantón en el Zócalo capitalino.
- Priorizar la Mesa Nacional de la Comisión Nacional Única Negociadora con la Presidenta, antes de plantear mesas tripartitas en los estados.
- Definir el menú de acciones de la huelga nacional en la próxima Asamblea Nacional Representativa, como instancia de toma de decisiones de la CNTE.
- Emitir un pronunciamiento frente a las respuestas del Gobierno Federal al pliego petitorio, las cuales se declaran nulas por no atender las demandas centrales.
- Deslindarse del oportunismo de Marx Arriaga y de los comités de defensa de la Nueva Escuela Mexicana.
- Exigir la destitución de Alfonso Cepeda Salas como dirigente del SNTE, al considerarlo en estado de ilegalidad y ajeno a los intereses del magisterio nacional”.
Al reivindicar sus banderas históricas -la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el retorno al esquema solidario de pensiones y el fin de la reforma educativa de corte neoliberal, entre otras- la CNTE apostaría más que a la fuerza organizativa que mantendría en las entidades donde sería mayoritaria (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México) y a las zonas o localidades en las que su crecimiento habría sido desigual y minoritario, al escaparate político derivado de la coyuntura mundialista y la coincidencia con las demandas de otros movimientos sociales con los que mantendría una alianza política -transportistas y productores agrícolas- que actualmente se confrontarían con la administración pública.
El derecho de huelga del magisterio sería incuestionable en el plano laboral, pero no en el plano constitucional. Cuando su ejercicio implicaría la interrupción prolongada un servicio público vinculado directamente con el derecho humano a la educación que vulneraría el interés superior de niñas, niños y adolescentes, encontraría límites claros.
La experiencia reciente demostraría que estas huelgas no sólo fracasarían en alcanzar sus objetivos estructurales, sino que trasladarían el costo del conflicto a quienes no participarían en él: las infancias y juventudes del país (incluidos sectores vulnerables de la sociedad). En ese punto, la protesta dejaría de ser un instrumento legítimo de presión para convertirse en un factor adicional de exclusión educativa
El episodio del calendario escolar dejaría al descubierto no solo un error de conducción administrativa, sino una fragilidad institucional más profunda. El anuncio precipitado, la rectificación forzada y la presión sindical posterior evidenciarían que una decisión con impacto nacional podría quedar atrapada entre la improvisación, la coyuntura política y el conflicto gremial.
Mientras tanto, el derecho a la educación y el interés superior de la niñez permanecerían como variables secundarias en una disputa que no les pertenecería. El problema no sería únicamente el adelanto fallido del calendario, sino un diseño normativo que concentraría la decisión y obligaría a corregirla sólo cuando el costo político se volvería insostenible. Porque, dice bien el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho, mientras que las obras de infraestructura de la ciudad de México comprometidas, quedan en entredicho.