Sábado, 16 De Mayo De 2026 | Puebla

OPINIÓN

¿En el 2027 la 4T volverá a culpar a Calderón?

La realidad del gobierno para contrarrestar sus excesos y su falta de capacidad para gobernar

Marcos Castro Martínez

Politólogo (UNAM), maestro en Administración Pública (IAP) con diplomados en Análisis Político (IBERO) y en Economía Social (UDLAP). Funcionario en la Procuraduría Agraria y SEDESOL; director de Atención Ciudadana y regidor. Secretario General Estatal del PAN en tres ocasiones y actualmente diputado local, coordinador del Grupo Parlamentario.

Jueves, Abril 9, 2026

Estimada y estimado lector: quisiera iniciar este espacio con una pregunta, la cual le agradeceré responder con total sinceridad. ¿Qué tan satisfecho se siente usted con el desempeño de la 4T al frente del gobierno federal, estatal y, en muchos casos, municipal?

Si me lo permite, creo que en los últimos días, el descontento de diversos sectores de la sociedad mexicana ha ido en aumento como respuesta a los crecientes excesos y errores cometidos tanto por el gobierno federal como por los partidos oficialistas.

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Este malestar no surge de forma aislada y, de manera personal, espero que se atiendan con autocrítica y humildad por parte de Morena y aliados. Minimizarlo, no atender este descontento o bien atribuírselo a la oposición solo alimenta una percepción cada vez más grande de falta de rendición de cuentas, opacidad en proyectos estratégicos y una tendencia a descalificar las críticas ciudadanas.

Casos recientes, como lo ocurrido en la Refinería Dos Bocas, donde lamentablemente se registraron pérdidas humanas; o el impacto ambiental y económico que representa el derrame de petróleo en el Golfo de México, y un caso que parece mínimo pero es de llamar la atención: los errores ortográficos y de redacción plasmados en las nuevas placas metálicas en monumentos en la reciente intervención en el Paseo Bravo, en nuestra ciudad, han contribuido a profundizar esta inconformidad social, además de acrecentar más la enorme brecha que hay entre los discursos oficiales y la realidad en materia de seguridad de Puebla capital y del estado.

Recordemos que una obra emblemática de la 4T ha sido la Refinería Dos Bocas, presentada como un proyecto estratégico para alcanzar la soberanía energética del país. Sin embargo, desde su anuncio, ha estado rodeada de cuestionamientos relacionados con el incremento en los costos, los retrasos en su construcción y la falta de claridad sobre su viabilidad técnica y financiera.

Para muchos ciudadanos, este proyecto simboliza una gestión ineficiente de los recursos públicos. La narrativa oficial, que insiste en calificar las críticas como ataques políticos o desinformación, ha generado aún más frustración, al percibirse como una negativa a reconocer errores o una oportunidad para reajustar la ruta.

A todo esto se suma el reciente y lamentable accidente donde cinco personas perdieron la vida tras el incendio en la zona de almacenamiento de hidrocarburos, lo que generó una intensa movilización de equipos de emergencia.

Por otra parte, imágenes de animales marinos muertos, como delfines o tortugas, en las playas de Veracruz, debido a la contaminación que han generado las “gotitas” -como calificó el derrame la gobernadora del partido oficialista de aquel estado-, son preocupantes, ya que pescadores han tenido que interrumpir su trabajo poniendo en riesgo el sustento para sus familias, al igual que las personas que trabajan en el sector turístico.

En Puebla, tras la reciente intervención del Paseo Bravo, uno de los aspectos que más ha generado inconformidad entre visitantes y ciudadanos ha sido la presencia de errores ortográficos y de redacción en las placas metálicas colocadas en diversos monumentos. Estas fallas, que van desde acentuaciones incorrectas hasta errores de redacción, no solo afectan la imagen del espacio público, sino que también evidencian una preocupante falta de revisión y rigor en un proyecto que busca resaltar el valor histórico y cultural nuestra ciudad.

Estos errores debilitan la imagen institucional y restan seriedad a una intervención que debería contribuir al fortalecimiento de la identidad y el patrimonio de Puebla; esperemos sean atendidos y sirvan de aprendizaje para próximas obras.

Estos casos cada vez más frecuentes evidencian un patrón que ha sido señalado de manera recurrente por analistas, académicos y ciudadanos: la tendencia del gobierno de la 4T y sus aliados a minimizar las críticas, no solo a nivel federal. Recordará cómo hace algunos días en Puebla se cuestionaba la legitimidad de las manifestaciones contra el Cablebús.

Lo anterior se suma a la incapacidad del gobierno en atender problemas que aquejan a poblanas y poblanos todos los días, tal es el caso de la creciente inseguridad que se vive día a día en las carreteras del estado. Esto no es percepción, es una realidad que está ocurriendo mientras se nos dice que hay vigilancia reforzada. Lo digo con claridad: hay esfuerzos, hay anuncios, pero los resultados aún no son suficientes en los puntos más críticos.

Hechos ocurridos en nuestras carreteras reflejan una preocupante alza en la inseguridad donde transportistas han sido interceptados, golpeados y atacados con armas de fuego en distintos tramos carreteros de vías como la autopista Puebla–Córdoba y la zona de Amozoc.

Grupos armados han disparado directamente contra las cabinas de los tractocamiones para obligar a los conductores a detenerse, dejando como saldo personas heridas e incluso fallecidas, lo que evidencia la vulnerabilidad del sector transportista y la falta de condiciones de seguridad en corredores estratégicos que conectan al estado con otras regiones del país.

El objetivo es asumir la situación con responsabilidad; por ello hemos hecho exhortos firmes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla a que, en el ámbito de su competencia, refuerce las acciones de seguridad, vigilancia y coordinación interinstitucional en dichos tramos carreteros.

Lo que sucede en todo el país es lamentable, pues en lugar abrir espacios de diálogo o reconocer áreas de oportunidad, la respuesta suele centrarse en la descalificación, la atribución de las inconformidades a intereses políticos o incluso negar la relevancia de los hechos. Lo único que han logrado es profundizar la distancia entre autoridades y sociedad, además de erosionar la confianza en las instituciones.

El descontento social, en este sentido, no debe interpretarse únicamente como una reacción negativa, sino como una expresión legítima dentro de una democracia. La crítica, la exigencia de transparencia y la demanda de mejores resultados son componentes esenciales de una ciudadanía activa. Ignorarlas o desestimarlas implica desaprovechar la oportunidad de fortalecer la gestión pública y de corregir errores que afectan directamente a las familias mexicanas.

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