En América Latina, la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales es un fenómeno ampliamente documentado. Desde Colombia en los años noventa hasta distintos episodios en Centroamérica y México, las organizaciones criminales han comprendido que controlar autoridades locales puede resultar más rentable que confrontar al Estado de manera abierta.
La captura de municipios, el financiamiento ilegal de campañas y la cooptación de funcionarios públicos forman parte de una estrategia silenciosa pero efectiva de penetración institucional.
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En estrategia, el centro de gravedad es el punto donde se concentra la principal fuente de poder de un actor y cuya preservación le permite sostener su capacidad de operación. El concepto fue desarrollado por el teórico militar Carl von Clausewitz en su obra De la Guerra y sigue siendo una referencia central en el análisis contemporáneo de conflictos.
En Puebla el centro de gravedad de las organizaciones delictivas es la combinación de control territorial, flujos financieros ilícitos, control penitenciario y redes de protección institucional que les permiten operar con facilidad. Mientras estas cuatro variables permanezcan intactas en el estado de Puebla —territorio, dinero, cárceles y protección— las estructuras criminales seguirán adaptándose. Sustituyen liderazgos y se reconstruyen incluso después de operativos civiles o militares y detenciones.
El proceso electoral de 2027 en Puebla debe analizarse desde una lógica de seguridad regional estratégica, no únicamente desde la competencia política. Puebla es una entidad compleja en términos territoriales: cuenta con 217 municipios, corredores industriales, rutas logísticas clave entre el Golfo de México y el centro del país, así como una creciente presencia de economías ilícitas. En este escenario aparece un elemento que con frecuencia se evita mencionar: los partidos políticos constituyen la puerta institucional a través de la cual el crimen organizado puede acceder al poder público.
No es casual que la elección de 2024 en México; haya sido la más peligrosa del mundo en términos de violencia política, y existen razones para anticipar que el proceso electoral de 2027 no será distinto. El principal riesgo no es el fraude tradicional, sino la captura territorial del estado de Puebla por organizaciones criminales a nivel municipal. Las elecciones de 2027 podrían convertirse en un punto de inflexión para la gobernabilidad de la próxima década.
Afirmar que un solo partido está en riesgo sería un error analítico. Todos los partidos están expuestos. Cualquier fuerza política opera en territorios donde el crimen organizado busca influir localmente. La competencia electoral abre espacios en los que actores criminales financian campañas, presionan candidaturas, infiltran estructuras partidistas y, en los escenarios más extremos, ejercen violencia electoral directa.
A este panorama, se suma un elemento nuevo que incrementa el nivel de riesgo: la elección de 2027 será la primera que se desarrollará después de que diversos grupos criminales mexicanos, fueron designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.
Esta clasificación modifica el entorno jurídico internacional y amplía los mecanismos de persecución financiera, judicial y extraterritorial contra cualquier persona, empresa o estructura que mantenga vínculos directos o indirectos con dichas organizaciones. El impacto de esta designación trasciende el ámbito de la seguridad; también introduce riesgos reputacionales, financieros y legales para actores políticos y económicos. Bajo esta lógica, surge una pregunta inevitable, incómoda pero necesaria:
¿Quién en Puebla estaría dispuesto a someterse a un proceso serio de evaluación de riesgos y debida diligencia para descartar cualquier vínculo —directo o indirecto— con estructuras que ahora poseen una denominación de carácter narco-terrorista ante las autoridades estadounidenses?
La interrogante no solo alcanza a los candidatos. También involucra a partidos políticos, funcionarios y exfuncionarios públicos, patrocinadores de campaña, proveedores, operadores territoriales y empresas contratistas que participan en procesos electorales o en la administración pública. En un contexto donde la trazabilidad financiera y las investigaciones extraterritoriales se han ampliado, ignorar esta dimensión podría generar consecuencias que van mucho más allá de la política local.
En Puebla existen factores estructurales que incrementan esta vulnerabilidad: la presencia confirmada de grupos delictivos de alto impacto; actores políticos y sociales vinculados —o incluso integrados— a organizaciones criminales; municipios con debilidad institucional crónica; policías, síndicos, fiscales y jueces corruptos; presiones económicas sobre candidatos; bajos niveles de supervisión financiera en campañas locales; y otras actividades de riesgo vigentes en los tres órdenes de la administración pública actual.
En este contexto, resulta altamente probable que personas físicas y morales con operaciones en Puebla se encuentren —o puedan llegar a encontrarse— en registros de sanciones internacionales, particularmente en las listas administradas por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estas incluyen tanto la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) como las designaciones derivadas de la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (conocida como Kingpin Act), instrumentos jurídicos utilizados para sancionar a individuos, empresas y redes financieras vinculadas al narcotráfico y a organizaciones criminales transnacionales.
La corrupción en Puebla, también expone a estos esquemas de sanción, a funcionarias y funcionarios públicos actualmente activos en los tres órdenes de gobierno si existen vínculos directos o indirectos con redes criminales, operaciones financieras irregulares o mecanismos de protección institucional a organizaciones ilícitas. En tales casos, las investigaciones financieras internacionales pueden derivar en designaciones en listas de sanciones, congelamiento de activos, restricciones al sistema financiero internacional y procesos de cooperación judicial transnacional, generando impactos políticos, económicos y reputacionales de alto alcance en la entidad y el país.
Debe advertirse además, que el pago de extorsiones a organizaciones delictivas o burócratas corruptos no exime de responsabilidad ni reduce el riesgo de sanciones cuando dichas transferencias terminan financiando estructuras criminales o terroristas. De igual manera, el desconocimiento de la legislación vinculada a organizaciones catalogadas como Foreign Terrorist Organizations (FTO) o a los regímenes de sanciones administrados por OFAC no exime de su cumplimiento. En la práctica, esto puede traducirse en cancelación o revocación de visas, restricciones migratorias, congelamiento de activos en el sistema financiero internacional, bloqueo de transacciones en dólares y la inclusión de personas o empresas en listas de sanciones, con consecuencias jurídicas y patrimoniales que pueden extenderse más allá del territorio nacional.
Frente a este escenario, la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades electorales o de seguridad. Los propios partidos políticos deben asumir un papel central en la prevención de la infiltración criminal. Esto implica establecer mecanismos de revisión de antecedentes, auditorías internas, filtros de integridad para candidaturas y cooperación con instituciones de seguridad e inteligencia cuando existan señales de alerta.
La pregunta es si las instituciones —y particularmente los partidos políticos— estarán dispuestas a transparentar, evaluar y blindar sus procesos internos antes de que las amenazas se materialicen. Porque la diferencia entre estabilidad y crisis suele depender de una sola variable: la anticipación.
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