La infiltración del crimen organizado en la política mexicana dejó de ser una sospecha hace tiempo. Hoy es una preocupación abierta. Sin embargo, en el debate sobre la reforma electoral se ha omitido una pregunta elemental: ¿cómo evitar que candidatos vinculados con la delincuencia organizada lleguen siquiera a las boletas?
Ahora que está de capa caída la reforma electoral que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum y que presagia un sonoro rechazo legislativo, incluido el de sus aliados de los partidos Verde y del Trabajo, es quizá conveniente traer a colación este tema, que omitió la mandataria, quizá por un involuntario olvido.
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Habría también que acotar que en México todo puede ser posible y considerar que, a la vuelta de la esquina y hasta el último segundo, siempre hay algunos Yunes alzando la mano y dispuestos a vender su alma, cual Faustos modernos. Una especie de fenómeno therian de la democracia moderna mexicana. En la política tricolor siempre hay que ser lo suficientemente precavidos y no dar nada por consumado.
Sin lugar a duda, la inseguridad y la connivencia cada vez más obvia entre crimen y política son las principales preocupaciones de millones de mexicanos que fueron desoídos en la cubista iniciativa de reforma electoral presidencial. Parafraseando al presidente Donald Trump, la política hermanada con el crimen está en el epicentro del sistema electoral nacional.
Se podrán descabezar estructuras criminales, como el caso reciente del CJNG y su jefe El Mencho, y otros más que han caído a lo largo de décadas, pero si no se hace nada para romper el amasiato entre criminales y políticos, será prácticamente imposible cambiar la realidad criminal en la que estamos inmersos, salvo que Trump tenga otra opinión, que al parecer no pasaría necesariamente por nuestra soberanía.
Sirva lo anterior como prefacio y traer a la memoria un antecedente olvidado y empolvado. En el proceso electoral 2014-2015, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), desde la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, impulsó un mecanismo inédito y destacadamente innovador de control de confianza dirigido a candidatas y candidatos a diputaciones a la Asamblea Legislativa, con la participación de autoridades de seguridad pública del entonces Distrito Federal y empresas privadas certificadas.
La preocupación en ese entonces transitaba en el contexto de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y el involucramiento en ese evento del entonces alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca (PRD), vinculado a Guerreros Unidos, quien continúa actualmente en prisión por diversos delitos. El propósito entonces era claro: no se quería otro Abarca en cargos de elección popular. Hoy esa cándida inquietud nos ha rebasado brutalmente y por la derecha.
El modelo no pudo establecerse como requisito obligatorio debido a los límites constitucionales derivados del derecho a ser votado. Sin embargo, lejos de abandonarse la iniciativa, el IEDF optó por una fórmula institucionalmente creativa y políticamente responsable: un esquema de adhesión voluntaria por parte de los partidos políticos y de las propias candidaturas, sin efectos jurídicos vinculantes sobre el registro, pero con un alto valor como mecanismo de prevención, transparencia y fortalecimiento de la democracia.
El procedimiento era intrincado, pero básicamente consistía en que la dirigencia local de cada partido político recibiría los resultados de las evaluaciones practicadas de forma confidencial. De esta forma cada partido determinaría otorgar o no la candidatura. Los resultados no fueron públicos, pero otorgaban una valiosa herramienta para una correcta toma de decisiones de los partidos.
A diferencia de los controles de confianza que se practicaban a elementos de corporaciones de seguridad, procuración de justicia y de instituciones de seguridad nacional —que eran integrales y abarcaban diversos aspectos— el énfasis del examen de control de confianza a candidatos se centró exclusivamente en determinar vínculos con el crimen organizado, que además incluía exámenes toxicológicos.
Diversos partidos y candidatos aceptaron someterse a las evaluaciones, lo que permitió materializar ese ejercicio inédito de colaboración entre autoridad electoral y autoridades de seguridad, en un momento en que comenzaban a manifestarse con mayor claridad los riesgos de infiltración del crimen organizado en los procesos electorales. La experiencia demostró que, aun dentro de los márgenes restrictivos del marco constitucional, es posible construir respuestas institucionales audaces cuando existe voluntad política para anticipar riesgos y proteger la integridad de los procesos electorales.
Debe precisarse que este esfuerzo institucional llegó a destiempo, ya cuando el proceso electoral estaba en marcha, y eso complicó que más candidatos optaran por ello. Su construcción, como era de esperarse, enfrentó más oposición y obstáculos que entusiasmo en todos los frentes. Por cada paso que se avanzaba, surgían más reticencias y objeciones legales, electorales, presupuestales y de todo tipo, pero sobre todo de voluntad política.
Frente a todas las trabas jurídicas que se plantearon, el tema de la voluntariedad les cerraba el paso con contundencia. Si un partido político se negaba a este procedimiento, de alguna forma proyectaba su falta de compromiso para postular candidatos “certificados”, y eso los puso contra la pared. Los actores partidistas públicamente aplaudían la iniciativa, por obvias razones, pero tras bambalinas interponían obstáculos y expresaban múltiples dudas, casi existenciales.
Quizá en la actual coyuntura convendría retomar este proyecto y otros de similar naturaleza que se han planteado. Al final de cuentas, se trata de evitar que el crimen se inserte cada vez más en el sistema político mexicano y no cuando ya esté doblemente empoderado.
Antes de pensar en eliminar el fuero o cancelar registros y candidaturas, sería preferible apostarle a esquemas serios e institucionales como el señalado, que impidan que este cáncer del sistema político mexicano se siga extendiendo. Prevenir su infiltración en las candidaturas no es una medida extraordinaria: es, simplemente, una obligación democrática. Porque cuando el crimen llega al poder, ya no se trata de un problema de seguridad: se trata de la captura del Estado.