“Las mafias se trasladan a nuevos territorios
cuando pueden ofrecer protección
allí donde el Estado no es capaz
de hacerlo, y donde existe
demanda de esa protección.
…
“Las mafias prosperan donde el Estado
es incapaz de garantizar el cumplimiento
de contratos y la protección.”
Federico Varese
Los últimos sucesos en México en febrero de 2026, sobre el corte de circulación en carreteras y autopistas, quema de vehículos, destrucción de tiendas y negocios en varias zonas del territorio nacional, es una prueba más de lo alejado que se encuentra en nuestro país de la seguridad jurídica y que con el afán de brindar y ofertar la seguridad pública por parte de nuestros gobernantes, nos hemos quedado los ciudadanos de a pie, sin ningún tipo de seguridad.
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Desafortunadamente llevamos muchos sexenios, muchas administraciones públicas asumiendo que estamos combatiendo la inseguridad pública, sea con balazos o con abrazos, finalmente es lo mismo; solamente se ha deteriorado más la seguridad pública y con ello, dejando a un lado a la seguridad jurídica. Esta ha sido la radiografía de los últimos tiempos en México, no hay seguridad jurídica lo que da como consecuencia que no exista seguridad pública.
Desde la primera década de este milenio lo que ha sucedido con las políticas públicas en México es que se ha pretendido combatir la delincuencia organizada, el crimen, los delitos de alto impacto, para ello, se han establecido una serie de modificaciones a las leyes, e incluso, a la propia Constitución, en donde se ha permitido la violación a los derechos de libertad de los gobernados, ya que con la justificación de que se está combatiendo el crimen organizado, se le ha restado al gobernado la protección a sus derechos mínimos de libertad, es decir su seguridad jurídica.
Esto trae como consecuencia que se encuentre cualquier ciudadano más vigilado en sus acciones, en sus operaciones sobre todo económicas, se ha transparentado el patrimonio del ciudadano y con ello, se ha vuelto más vulnerables a los secuestros, desapariciones, asesinatos, es decir, estas medidas jurídicas que se han implementado a lo largo de los años, supuestamente para combatir la inseguridad pública y al crimen organizado no han resultado más que una forma de comprobar la incapacidad de los organismos gubernamentales para resolver ese conflicto que cada administración pública federal se lo hereda a la siguiente y en peores condiciones de cómo la tomó.
Pero, así como las guerras reactivan la economía de los países que las organizan, en el caso de la inseguridad pública, ampliando la inseguridad jurídica, fomentando la seguridad pública, es la misma fórmula para justificar, en primer término, que se está haciendo algo, pero sobre todo los interese económicos que se encuentran atrás de esas acciones.
Basta con ejemplos sencillos y recurrentes. No hay presidencia municipal en este país que una vez que toma posesión de su cargo, inmediatamente se contratan nuevas patrullas, sean rentadas o adquiridas, mayores equipos tecnológicos de vigilancia, nuevas casetas de vigilancia, es decir, toda una derrama de recursos económicos que no resuelven nada, ya que esas medidas solamente son para capturar a los delincuentes débiles, al carterista, al que se lleva una llanta de un vehículo, es decir, no se resuelve nada.
Solamente se presume que ahora se tienen patrullas nuevas, nuevos uniformes, etc., pero que atrás de ello hubo jugosas ganancias por la adquisición de esos equipos que a los dos o tres meses ya resultan inservibles, las patrullas las destruyen en una esquina de cualquier población; es decir, no se resuelve nada más que los problemas financieros de los políticos, y desde luego, para tener presente ante el público en general que se está haciendo algo contra la inseguridad pública.
Como esas patrullas y su personal es incapaz de combatir el verdadero crimen organizado, entonces, lo que hacen es acudir a extorsionar a los pequeños negocios, las micro empresas, hasta las medianas empresas, locales comerciales, talleres, etc., justificando la vigilancia sobre licencias para operar, para abrir, para cerrar, hasta para respirar.
Licencias y permisos que son imposibles de cumplir, lo cual da como consecuencia que se limite el derecho a la libertad económica, y a la protección del patrimonio de esas empresas; entonces lo que se vulnera es la seguridad jurídica, ya que es bien sabido que, esta protege derechos de libertad, pero la vigilancia permanente no es otra cosa más que aparente seguridad pública, que en la realidad, se traduce a extorsión y con ello a mayor inseguridad.
Lo mismo sucede en la parte impositiva. A los contribuyentes los tienen amenazados con las revisiones en el pago de sus contribuciones y sus obligaciones fiscales en general, que son tan complejas y discrecionales que se vuelven simplemente trampas para extorsionar, por ello es que le llaman a las revisiones fiscales últimamente, “revisiones profundas”, “vigilancia profunda”, dando a entender que hay otro tipo de revisiones que no lo son tanto, pero que esta sí es profunda, llegando entonces a que con una serie de repercusiones por el incumplimiento de sus obligaciones fiscales o bien, se acabe en extorsiones o en su caso, esas “revisiones” expulsen a esas empresas a la economía informal, ensanchando con ello la inseguridad pública y desde luego, dejando a un lado la seguridad jurídica.
Si los gobernantes verdaderamente tuvieran interés en resolver el problema de la inseguridad pública, la única alternativa es brindar más seguridad jurídica, pero eso no repercute en beneficios económicos para ellos, por eso es que tiene que estar permanentemente justificando sus políticas públicas con seguridad pública, inventando cada día más restricciones a los derechos de libertad, que da como resultado solamente que se haga más grande la economía informal, el crimen organizado, y que los sucesos lastimosos del último domingo de febrero de 2026, haya sido una más de las escenas que se viven desafortunadamente justificando algo que no es el camino por el que se debe verdaderamente de combatir la inseguridad.
(Web: parmenasradio.org)