UNO. La decisión de los ministros de la Suprema Corte de no usar y devolver las camionetas Jeep Cherokee —adquiridas por algo más de 20 millones de pesos— demuestra que, en la actual coyuntura, la opinión pública se está convirtiendo en un importante contrapeso contra el creciente poder autocrático.
Muchos comentarios han enfatizado la hipocresía detectada en la conducta de unos ministros que anunciaron austeridad, tras agradecer al pueblo su encumbramiento al máximo tribunal nacional, vía votación. La exhibición de otros pagos excesivos por togas, un viaje en clase premier de Yasmín Esquivel, un retrato de Lenia Batres y la inauguración de la Corte con una ceremonia dedicada a Quetzalcóatl ha dado al traste el discurso de mesura y humildad.
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La desvergüenza ha sido tan evidente y las críticas tan severas, que con todo el dolor de sus corazones, los ministros debieron recular y renunciar al privilegio del que ya gozaban, tal vez gracias a una llamada de atención desde Palacio. ¿No dejó en claro la Presidenta la estrecha relación entre Presidencia y Corte cuando los ministros atendieron su descalificación a la intención de abrir casos juzgados? ¡Basta de escándalos! habrá exclamado ahora la Presidenta. Ya tuvimos suficientes el verano pasado. Los ministros obedecieron nuevamente.
DOS. La presión ejercida por el círculo mediático no controlado por el gobierno, así como por una multiplicidad de usuarios de redes sociales habrá movido a la presidencia a promover la cordura entre los integrantes de la Suprema Corte. Sin duda, en la oficina de la presidencia se presta cuidadosa atención no sólo a los datos de las encuestas que proyectan su popularidad por las nubes. También a aquellos que le permitirán entender que la situación política del país es preocupante. Aquellos que le estarán indicando que no son pocos quienes no aprueban, no únicamente los abusos del poder, sino la dirección de las políticas públicas. De lo contrario, habría bastado con hacer prestidigitación mañanera con datos rápidos —como acostumbraba a hacer López Obrador— sobre los ahorros producidos por la elevada inversión en las camionetas Cherokee para acallar críticas y seguir adelante.
El ambiente que día a día enfrenta la presidenta en su oficina es complicadísimo. El gobierno norteamericano demanda, a cada momento, modificaciones en la política de seguridad y en la relación con Cuba. Se dice, con insistencia, que hay listas de funcionarios ligados al crimen organizado que son requeridos por la justicia del norte. Por otro lado, las exigencias del expresidente arriban a través de diferentes mensajeros y vías, muchas de las cuales recomiendan prestar oídos sordos a las demandas del gobierno de Trump. Adicionalmente, los proyectos gubernamentales arrojan resultados que no se aproximan a los que el discurso oficial celebra diariamente. Se vuelve, así, urgente y necesario detener las andanadas críticas.
Las elecciones intermedias se aproximan y el ruido permanente en los entornos económico y político no permite predecir, con la facilidad con la que se podía hacer hace dos años, un triunfo del oficialismo. Por si fuera poco, el proceso de revocación podría llevarse a cabo, también, el año próximo. Conducir el barco al puerto requiere control; éste podría estar en riesgo.
A través de esas grietas del poder se está colando la fuerza de la opinión pública, al grado que se está convirtiendo en un importante contrapeso a, por lo pronto, los abusos de la autocracia, ante el desmembramiento de las instituciones civiles que se habían erigido en las últimas décadas y ante un comportamiento no sólo pobre, pero sobre todo lamentable de la oposición. La sociedad civil percibe los efectos de su presión cotidiana y sabe que podría complicar el manejo gubernamental. Es posible que veamos, así, un incremento de presión por parte de la opinión pública.
No obstante, no habrá que perder de vista lo que ocurre en Campeche. Tal vez Layda no actúe como lo hace solamente porque el poder la ha desbordado, sino porque detrás de ella haya todo un experimento sobre el manejo de esa opinión pública incómoda y cuyos resultados habrán de ser evaluados en el futuro para afinar el modelo autocrático de gobernanza. Porque, a pesar de que la gobernadora campechana se empeña en provocar efervescencia semana tras semana, su estridencia no provoca inquietud alguna en Palacio Nacional.
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