Como habíamos anticipado en la colaboración anterior, el mundo —a partir de la incursión de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero para sustraer al entonces presidente Nicolás Maduro—, cambió y dio un vuelco inusitado.
Todos quedamos perplejos ante la osadía —y el éxito— de Donald Trump, pero pocos alcanzamos a prever lo que se nos venía encima a millones de habitantes del globo terráqueo. Esa asonada exitosa parece haberle otorgado una fuerza descomunal —como espinaca para Popeye— y, no contento con su renovada Doctrina Monroe (o “Trumproe” como él mismo la denomina), se abalanzó contra el orden internacional y, en buena medida, contra la humanidad.
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Los análisis de riesgo internacional de hace un par de años coincidían en señalar que la principal amenaza era la inestabilidad política global, con efectos directos sobre el clima de negocios y el desarrollo de la economía mundial. Sin embargo, ni los diagnósticos más agudos alcanzaron a concebir algo equiparable a lo que estamos presenciando al iniciar este calamitoso 2026. Esperemos no exagerar, pero los acontecimientos desencadenados así lo prefiguran.
El orden internacional contemporáneo no está simplemente en crisis: está siendo desmantelado de manera deliberada, aunque a una velocidad casi supersónica. Lo que observamos hoy no es un tropiezo histórico ni un desvarío transitorio, sino la consumación de una tendencia incubada en años recientes: el abandono consciente del derecho internacional como límite efectivo al poder y como fundamento de la paz mundial. La afirmación es breve, pero brutalmente devastadora y desesperanzadora. No tiene nada que ver con el llamado Blue Monday ni con estados de ánimo pasajeros.
Si el orden liberal posterior a 1945 se sostenía —al menos formalmente— en reglas, instituciones como la ONU y principios compartidos, el momento actual se define por su cancelación. Como advertía Hannah Arendt: “El poder sin límites legales degenera inevitablemente en violencia”. Hoy, esa transgresión ya no se oculta tras eufemismos normativos: se normaliza y se institucionaliza.
Lo mismo puede decirse de lo que acontece en Ucrania, Palestina-Israel, Irán, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Senegal, Siria, Yemen, Myanmar y otros escenarios más. Si el mensaje universal es que las leyes no importan y no valen nada, ¿qué cabe esperar de gobiernos autócratas y de grupos radicales y terroristas inconformes, a quienes hoy se les abre, más que nunca, la posibilidad de escalar la violencia y vulnerar sistemáticamente los derechos humanos?
No importará si las causas son justas o injustas, legítimas o no. Cualquiera puede dictar e intentar imponer sus propias reglas sin que exista un mecanismo eficaz para cuestionarlo o detenerlo. Ese es el peligro que se ha abierto para la comunidad internacional. Ni siquiera la pacífica y helada Groenlandia parece estar a salvo.
La intervención estadounidense en Venezuela debe leerse como un acto pedagógico del poder. No busca únicamente incidir en la política interna venezolana, sino enviar un mensaje inequívoco al sistema internacional: las normas rigen solo mientras no incomoden a los hegemones.
La apelación al narcotráfico, a la democracia o a la seguridad regional funciona como coartada discursiva. El contenido real es otro: la reafirmación del derecho del más fuerte a decidir cuándo la soberanía de un Estado deja de ser válida. En términos de Carl Schmitt, asistimos a la reaparición explícita del soberano que decide sobre el estado de excepción. “Soberano es quien decide sobre la excepción”, escribió Schmitt; hoy, esa excepción se ha vuelto permanente.
El problema no es únicamente Venezuela. El problema es el precedente. Cuando una potencia actúa sin consecuencias, enseña a las demás que el derecho internacional es prescindible.
El trumpismo no inventó el intervencionismo, pero le arrancó la máscara. A diferencia de administraciones anteriores, que revestían el uso de la fuerza con un lenguaje moralizante, Trump reduce la política exterior a una lógica brutalmente realista: intereses, coerción y dominación.
En este sentido, Trump encarna la versión más cruda del realismo clásico. Como escribió Hans Morgenthau: “La política internacional, como toda política, es una lucha por el poder”. La diferencia es que, bajo Trump, esta premisa deja de ser una descripción analítica para convertirse en doctrina explícita.
La Doctrina Monroe resucitada sin ambigüedades, redefine a América Latina como un espacio subordinado: no como región aliada, sino como territorio controlable. La soberanía deja de ser un principio y se transforma en una concesión revocable.
América Latina, y México en particular, enfrentan este giro desde una posición de debilidad estructural. Carecen de poder militar, cohesión política y peso institucional global. Sus mecanismos regionales están erosionados y sus Estados, fragmentados y polarizados.
En este contexto, la intervención en Venezuela cumple una doble función: castigar la disidencia política y advertir al resto de la región. La lección es clara: ningún Estado está a salvo si desafía los intereses estratégicos de una potencia.
México ocupa un lugar especialmente vulnerable. Su retórica diplomática de no intervención choca con una realidad geopolítica cruda. La vecindad con Estados Unidos lo convierte en objeto permanente de presión. Las insinuaciones recurrentes de intervención en nombre de la “seguridad” revelan hasta qué punto el lenguaje del combate al crimen puede mutar en instrumento de dominación geopolítica. Como ejemplo, ya se ha enviado una nutrida partida de narcotraficantes para ser juzgados allá y no aquí, si queremos hablar con seriedad de soberanía y derechos humanos, ¿qué sigue?, ¿cuántos más a cambio de no tocar a ningún político asociado con ellos?
El deterioro del derecho internacional no es accidental; es funcional. Cuando las normas se aplican de manera selectiva, dejan de ser derecho y se convierten en retórica disciplinaria.
Hoy, el sistema internacional opera bajo una lógica perversa: los Estados poderosos y los gobiernos autócratas violan las normas sin castigo alguno, mientras que algunos países menos poderosos son sancionados incluso cuando las cumplen. Este doble rasero destruye la credibilidad del orden jurídico global y acelera la transición hacia un mundo regido por la fuerza.
El mundo se encamina hacia un orden caótico, militarizado y crecientemente autoritario, donde la guerra deja de ser el último recurso para convertirse en una herramienta ordinaria de la política exterior. No es un retorno a la Guerra Fría, sino algo más inestable: un sistema multipolar sin reglas compartidas ni árbitros legítimos.
Para los Estados medianos y débiles, el abandono del derecho internacional no es una discusión académica, sino una amenaza directa a su propia existencia. La pregunta ya no es si el orden liberal sobrevivirá, sino cuánto daño provocará su colapso antes de que emerja —si es que emerge— un nuevo marco normativo o una renovada arquitectura institucional global.
Como escribió Raymond Aron: “La paz es imposible, la guerra es improbable”. Hoy, incluso esa advertencia parece optimista.
Posdata. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ofreció recientemente en Davos un discurso elocuente y clarificador sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Dejó abierta la puerta a la posibilidad de edificar un nuevo orden internacional junto con potencias medianas comprometidas a actuar de manera conjunta y bajo principios comunes. El llamado es pertinente y necesario, aunque implica un reconocimiento tácito de que el orden previo está irremediablemente quebrado. Habrá que partir de esa realpolitik para reconstruir nuevas alianzas.