En los últimos días hemos visto un gran despliegue en redes por parte de algunos perfiles afines al gobierno, en donde el objetivo es minimizar y descalificar las expresiones contrarias al régimen, en específico las evidenciadas tras la pasada marcha de la Generación Z y las manifestaciones por parte de los campesinos para exigir trato justo.
Es más, hasta en la mañanera la Presidenta se tomó el tiempo de exhibir a quienes ellos consideran organizadores de dicha marcha. Tal vez podrá parecer algo menor, pero recordemos que la democracia se sostiene sobre pilares fundamentales: la participación ciudadana, el respeto al pluralismo, la libertad de expresión y el equilibrio entre poderes.
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Para México, donde nuestra historia democrática es relativamente nueva y en constante construcción, la expresión ciudadana adquiere un valor central, no sólo como derecho constitucional, sino como mecanismo indispensable para vigilar al poder, corregir excesos y orientar su rumbo.
La voz ciudadana funciona como contrapeso natural frente a las decisiones gubernamentales. La Constitución Mexicana garantiza el derecho a opinar, manifestarse, organizarse y criticar al poder público. Estos elementos no pueden verse como simples mecanismos legales: son prácticas que permiten a la sociedad influir en la agenda pública, exigir transparencia y plantear alternativas.
Sin embargo, tal parece que al gobierno actual le preocupa más investigar, perseguir y exhibir a quienes piensan y se expresan de manera opuesta que a presuntos delincuentes y criminales, tal es el caso de la hoy presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, quien lamentablemente se ha visto expuesta a críticas y ataques misóginos tan solo por enarbolar una causa que parece ser opuesta a la 4T, o bien el de los campesinos, que ahora son tachados de conservadores y golpistas tan solo por ejercer su derecho a manifestarse.
La expresión de los ciudadanos también actúa como una vía para visibilizar demandas sociales que podrían pasar desapercibidas para los gobernantes. En un país como el nuestro, con desigualdad social y diversidad cultural, escuchar estas voces es indispensable para mantener un sistema político representativo y sensible.
El gobierno no debe reconocer la movilización ciudadana solo cuando es afín a sus intereses políticos, -como lo que veremos en la próxima movilización del 6 de diciembre-, debe admitir de igual manera las expresiones de la oposición para plantear soluciones inclusivas y plurales, lo que permite que diversas perspectivas compitan y se complementen, generando condiciones para decisiones más informadas.
Es por ello que el debate político entre gobierno y oposición y ciudadanía es natural es más es deseable pero cuando este debate se degrada hacia la descalificación sistemática —especialmente si proviene de actores del poder, como el gobierno federal— se corre el riesgo de erosionar el espacio público.
En un contexto donde el discurso político tiende a ser confrontativo, la ciudadanía adquiere un papel aún más relevante: actuar como contrapeso ético y racional. Cuando la ciudadanía se siente libre y sin temor a ser señalada, puede asumir un rol activo que obliga a las autoridades y actores políticos a elevar la calidad del debate y a centrarse en las necesidades reales del país.
La expresión ciudadana es uno de los motores esenciales de la democracia mexicana. Su importancia radica en que permite vigilar al poder, enriquecer el debate público y garantizar que el pluralismo se mantenga vivo. Si bien las tensiones entre gobierno y oposición forman parte de la dinámica política, deben hacerse con responsabilidad y sin caer en la descalificación para no deteriorar el respeto al disenso ni inhibir la participación ciudadana.
Una democracia madura y un gobierno incluyente no se define por la ausencia de conflicto, sino por la capacidad de sus instituciones para canalizarlo de forma constructiva. Fortalecer la expresión ciudadana —crítica, informada y libre— es, por tanto, una de las mejores garantías para preservar y mejorar la vida democrática de nuestro México.
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