El paso de Alejandro Gertz Manero por la Fiscalía General de la República será más recordado por sus fallas que por sus aciertos.
Particularmente quedará en la memoria de quienes observan la política mexicana el absurdo e injusto encarcelamiento de la viuda de su hermana. En el país en el que muchos quisiéramos vivir, ese hecho bastaría para que el fiscal se viera obligado a renunciar.
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Menos comentarios ha recibido el funcionamiento de la institución a su cargo. La Fiscalía como tal fue creada en 2016, con una reforma constitucional que ponía fin a la anterior Procuraduría General de la República. Uno de los propósitos centrales fue darle autonomía respecto al poder Ejecutivo federal, que nombraba al anterior procurador. El fiscal sería nombrado ahora por el Senado.
Significativamente la fiscalía no ha sido evaluada ni reformada por los gobiernos de Morena. Se podría decir que es porque funciona razonablemente bien, o porque su funcionamiento no afectó a los intereses del grupo en el poder. Parece tener más fuerza la segunda idea. La notable impunidad de muchos delitos (y el hecho de que gran número de ellos no se denuncien) tiene su origen en la insuficiencia de nuestra fiscalía. No tanto en las deficiencias de los jueces.
Gertz también será recordado por su relación con el mundo académico. Obtuvo el nombramiento de investigador nacional nivel III (el más alto) dentro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII) sin una obra académica que lo justificara. Y con acusaciones de plagio.
También será recordado por la persecución a científicos del SNII por supuestos delitos, y por su apoyo al gobernador poblano Miguel Barbosa en la ilegal ocupación del campus de la Universidad de las Américas Puebla.
Lo de siempre: usar un cargo público para beneficios personales o de grupo. La lista puede aumentarse notablemente. Los logros son más difíciles de ver, en buena medida porque las buenas noticias no suelen ser noticias.
Esperemos que el nuevo nombramiento de la o el fiscal cambie estas actitudes y contribuya a resolver los problemas del país. Esperemos que se mejore la institución, pero no se ve fácil.
Aunque la reforma de la misma sea importante, no está en la lista de urgencias y quizá ni en la de los intereses del grupo en el poder. Más si se trata de una reforma que incremente los recursos humanos, y por tanto los económicos, de la Fiscalía: no hay recursos disponibles en un país que no crece.