A unos cuantos días de una manifestación y expresión ciudadana llevada a cabo en diferentes partes del país y en donde originalmente fue convocada por jóvenes de la llamada Generación Z, no sé usted, estimada y estimado lector, pero en lo general lo veo como un evento político y social crucial en México.
Lejos de ser una simple protesta juvenil, se trató de una expresión masiva de descontento, organizada en más de cincuenta ciudades de todo el país, un fenómeno interesante que pone de relieve la frustración ciudadana frente a la violencia, la corrupción y la inacción del gobierno federal.
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Este evento no solo materializa el despertar de una generación, sino también una ciudadanía que parece empieza a ser cada vez más organizada, crítica y exigente, por que a pesar de que el discurso del grupo en el poder trata de minimizar la participación de diferentes sectores de la ciudadanía, sin importar su edad, el movimiento que originalmente convocaba a los jóvenes, logró despertar y hacer que participaran otros sectores de la sociedad con un solo objetivo, expresar el descontento que ha generado la incapacidad del gobierno para minimizar la violencia que aqueja a todo el país.
La convocatoria del pasado 15 de noviembre fue difundida ampliamente por las llamadas “benditas redes sociales”, sí, esas mismas que en su momento recibieron el aplauso de la 4T y que hoy al tener una crítica y al no convenir a sus intereses, descalifican, lo que habla del poder movilizador que tienen los jóvenes.
Los organizadores, aunque no coincidían necesariamente en todos los puntos, pusieron sobre la mesa un pliego exigente: seguridad sin impunidad, combate a la corrupción, organismos de auditoría independientes, elecciones más claras, y un mecanismo ciudadano para la revocación de mandato. Además, existe una demanda explícita para fortalecer la participación ciudadana en la vida institucional, más allá del simple voto.
Lamentablemente el detonante emocional de la protesta fue, en buena medida, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hecho que estremeció a amplios sectores y simbolizó la crisis de violencia y la inseguridad desbordada y que siguen achacando a gobiernos pasados.
Lo más destacable de esta marcha es su carácter ciudadano más que partidista. Aunque en las mañaneras se exhibió a muchos de los convocantes como delincuentes y ciertos medios gubernamentales han tratado de vincular la movilización con una campaña politizada o incluso con influencias externas. Es evidente que el gobierno ha acusado a grupos de oposición, bots y figuras de derecha de articular el movimiento y no tomarlo como una oportunidad de mejora; sin embargo, muchos jóvenes han insistido en que su motivación es genuina, auténtica y apartidista.
Ese deseo de apartarse de la lógica tradicional de los partidos indica una nueva forma de participación política: no quieren ser solo espectadores, sino actores activos. Al alzar la voz, las y los jóvenes reclaman un espacio real en la toma de decisiones, una rendición de cuentas más profunda y mecanismos institucionales que permitan que la ciudadanía no sea únicamente pasiva.
Reclamos que si somos objetivos podremos darles la importancia que merecen, pues para nadie es nuevo la falta de medicamentos en el sistema de salud, el enriquecimiento y la incoherencia en el discurso de austeridad de ciertos personajes cercanos al grupo en el poder, impunidad y protección a ciertos personajes aliados a la 4T y sin olvidar la falta de seriedad para asumir responsabilidades por parte el gobierno y el sin fin de culpas que avientan a periodos pasados.
El uso de símbolos inesperados como la gráfica del anime One Piece, muestra cómo la juventud mezcla cultura pop con activismo político, resignificando el ámbito de protesta y exigencia social. La marcha encarna un profundo sentimiento de hartazgo. No es solo enfado por la inseguridad o la corrupción, sino una desesperanza acumulada ante lo que muchos perciben como la incapacidad del gobierno federal para garantizar tranquilidad, justicia, oportunidades y transparencia.
Los manifestantes denuncian que los discursos oficiales ya no son creíbles: la promesa de un México seguro choca con el día a día violento, y las instituciones democráticas están minadas por intereses de poder. La exigencia de revocación de mandato y organismos autónomos apunta directamente al centro del poder: quieren que quienes gobiernan rindan cuentas o valoren su permanencia en el cargo.
La movilización también ha sido una respuesta al discurso gubernamental que ha intentado deslegitimarla. Esta marcha no sólo es un episodio momentáneo, sino potencialmente un punto de inflexión. Al convocarse en decenas de ciudades la juventud mexicana han mostrado que tienen músculo social y una capacidad de articulación nacional. Esto envía un mensaje claro al poder político: Si no son receptivos y cambian las inconsistencias entre su discurso y su ejercicio del poder la ciudadanía no se quedará callada, no aceptará pasivamente la violencia o la ineficacia.
Eventos como estos son un grito ciudadano que pone en tela de juicio el estado del poder en México. Refleja una decepción profunda ante la incapacidad de las autoridades federales para responder a las demandas más urgentes: seguridad, justicia, salud y transparencia, al mismo tiempo demuestra una energía renovada de participación política.
Este momento puede marcar el inicio de una nueva etapa de empoderamiento ciudadano liderada por jóvenes, una generación que no solo desea cambiar el futuro, sino actuar en el presente para reconstruir las bases de la democracia mexicana.
Si su movilización se mantiene y se institucionaliza, la Generación Z podría convertirse en un actor decisivo en la política nacional, recordando a los gobernantes que la rendición de cuentas ya no es opcional: es exigible y que los discursos vacíos y las políticas clientelares no son suficientes.
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