La muerte a balazos del presidente municipal de Uruapan, a la siete de la noche, en una verbena popular, con motivo del Día de Muertos, en el momento en que gustoso departía con niños, sus hijos, madres y padres de familia, envía un mensaje siniestro: el más siniestros de cuantos hayan sido enviados hasta ahora. La impunidad campea libremente.
El mexicano es un Estado derrotado, que claudica de su deber supremo de proveer seguridad, ya por las fuerzas externas de las bandas criminales, que administran la mayor parte de la economía nacional, ya por las fuerzas políticas internas del partido para afianzar el control absoluto de la población y del propio Estado, mediante la dispersión del miedo y la coerción, o ya por una mezcla de ambas.
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La línea que separa la legalidad de la ilegalidad cada vez se manifiesta más borrosa. San Agustín, en La Ciudad de Dios, allá por el siglo XIV, ya se preguntaba qué hacía la distinción entre el gobierno (reino) y una partida de bandidos (o piratas) que asolaban los pueblos de su tiempo. La respuesta era simple: la justicia. "Quita el derecho, y entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos?" En este punto, me parece, nos encontramos.
¿De veras hay administración justicia en este país, al cabo de las reformas constitucionales del partido Morena y la designación (elección) de nuevos ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elegidos por el partido en el poder, o con su anuencia, cuya característica principal es que todos –sin excepción– son advenedizos en el mundo del derecho, además de que fueron votados mediante la distribución masiva de acordeones?
No digo nada nuevo al decir que la muerte de Carlos Manzo sólo es equiparable con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, hace tres décadas. Su muerte mudó el rumbo del país, y lo metió en la competencia electoral, por la fuerza de la indignación, hasta derivar en tres alternancias presidenciales mediante partidos contrarios.
En este momento aciago no se avizora un cambio parecido con Morena, pertrechado por la vía de reformas constitucionales, mediante el control de todos los poderes de la República (ejecutivo, legislativo, judicial y órganos independientes), y puestos a su merced. Se valió de la escalera democrática de elecciones libres y ciertas, y ya montado en el techo con López Obrador, colapsó uno a uno todos los peldaños electorales, para que nadie más se suba.
Mencionemos un dato importante. Tal vez el más importante. Carlos Manzo fue la oposición más incómoda y visible para Morena y los gobernantes de ese partido en particular para el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y de la propia presidenta, Claudia Sheinbaum. Las elecciones para el 2027 estaban en riesgo, y el destino de la misma gubernatura. Al punto de difundir que la muerte fue porque el difunto hacía campaña desde la oposición, luego entonces él se lo buscó.
Ante las reiteradas peticiones de auxilio para recobrar la seguridad en Uruapan, y proteger a los productores agrícolas a merced de la extorsión y muerte, la respuesta oficial fue la descalificación pública, con los manidos argumentos de López Obrador de “abrazos y no balazos”.
Por lo que se sabe, y en él se estrella el discurso benevolente de “atención a las causas”, el autor material de la muerte de Carlos Manzo, abatido ahí mismo, fue un muchacho que pudo ser menor de edad, pues en el INE no se encuentra su credencial de elector.
Manzo fue la única voz disonante dentro de las estructuras de gobierno que declaradamente se manifestó en contra de la estrategia de seguridad del gobierno, por declaradamente incompetente. En soledad llamó a un combate frontal contra las bandas del crimen que asolan Uruapan, y en particular a toda la economía de Michoacán. De los productos de aguacate a los expendios de tortillas, pasando por todas las actividades comerciales.
El preámbulo a la muerte de Carlos Manzo fue el sacrificio del dirigente de limoneros en Apatzingán Bernardo Bravo, que se opuso a las sucesivas extorciones a la que están sometidos los limoneros en toda la cadena de comercio. Bravo murió como su padre, por protestar contra la extorsión. En ambos casos, las autoridades, testigos mudos, o a lo mucho de promesas de cartón.
Chayo News
Se espera que, en el transcurso de hoy miércoles, el Congreso del Estado de Michoacán designe presidenta municipal de Uruapan, a la señora Grecia Quiroz, esposa del alcalde finado. En mucho será así por presión del Cabildo local, no por decisión de los diputados, sometidos a los designios de Ramírez Bedolla, el gobernador. La muerte del alcalde no logró matar al Movimiento del Sombrero, lo incendió.
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Lo que está en juego con la incomunicación de la carretera de Pahuatlán es la estabilidad política no de uno, sino de tres municipios importantes: Tlaxco (5000 habitantes), Tlacuilotepec (16 mil habitantes) y Pahuatlán, 20 mil habitantes. La población, sin excepción de género y edad (se han visto niños, madres y ancianos limpiando caminos y hogares) ya hizo su parte (allí están las imágenes con los cientos y cientos de personas con pico y pala sacando escombro y abriendo los caminos).
Ahora toca a los gobiernos hacer su parte. Con el dinero pagado por la propia población, pues son los pobres (la Sierra Norte es de pobreza, hay pobreza extrema), lo que proporcionalmente más contribuyen al fisco; el gobierno tiene la obligación de devolver las contribuciones en acciones. Los alcaldes, con toda la buena voluntad que tengan, no pueden solos con nuevos trazos de carretera en acantilados de más de mil metros de profundidad. Modestamente hemos dicho de la urgencia de rehacer el Plan Estatal de Desarrollo, pero nadie toma en cuenta a la crítica, la crítica fundada en evidencia, porque la consideran ataques personales.
Propongo que se organice un Consejo de Reconstrucción de la Sierra Norte con la participación de los afectados, autoridades locales y gobiernos estatal y federal. Es increíble que los gobiernos que se proclaman de “izquierda” teman a la organización de la gente.