Un civil o un militar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, con los reclusorios entre sus responsabilidades, los autogobiernos mandan en los penales de San Miguel, de Tehuacán, Cholula o Tepexi.
La única manera de que funcionen los autogobiernos de los presos es que les garanticen en la SSP a un director del penal tan corrupto y delincuente como ellos.
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Nada nuevo en el penal estatal de San Miguel en el control de los criminales en la venta de drogas, tarjetas de telefonía celular, de alcohol, el ingreso de prostitutas, el cobro de piso… como recién se exhibió en una fiesta de reos peligrosos con alcohol y mujeres.
El antecedente más sólido de la corrupción en el penal de San Miguel ubicado en la ciudad capital ocurrido en la década de los ochenta con el amotinamiento de reos en la disputa por el control del penal.
La disputa la protagonizaron en 1988 Jorge Pellegrini Poucel -un policía federal de Caminos involucrado en el asesinato de cuatro militares en 1983- y el multihomicida Florentino Fajardo.
En ese año comenzaron a registrarse disturbios dentro del penal, que en ese momento buscaba controlarlo el interno Alejandro Miguel Morales Enríquez, “El Mongol”, de la banda de “Los Pitufos” de la 22 Poniente, en el barrio de San Antonio.
Durante el motín, Pellegrini y sus cómplices le dieron muerte a “El Mongol”, desmembraron su cuerpo para arrojarlo a la alcantarilla deshacerse de evidencias.
A principios del mes de marzo del 1988, comenzaba a vislumbrarse problemas en el penal por el tráfico de drogas, alcohol y prostitución controlado por un grupo reducido de internos.
Estas prácticas de corrupción les costó el puesto a tres directivos, hasta que, en el mes de junio, se registró un motín en la zona de sentenciados, y fue el dormitorio “F” escenario de la “carnicería” ejecutada por Pellegrini Poucel.
La “comisión negociadora” durante el motín la lideró el capitán Pellegrini, atrincherada durante una semana en el penal de San Miguel, dio a conocer un pliego petitorio que incluyó la democión de celadores y directivos por corrupción.
Autogobiernos en cárceles con la complicidad autoridades penitenciarias
Parte de las ganancias de las bandas de reos que controlan los penales son compartidas con los directores y custodios, al servicio de los delincuentes.
Los negocios directos de las autoridades penitenciarias lo han sido en el penal estatal de San Miguel el narcomenudeo, la trata de personas para prostituir a mujeres presas para explotarlas con los reos hombres.
Uno de los negocios más redondo en el llamado “pueblito” o la “tienda” fue el servicio de hotel de una dos y hasta cinco estrellas diseñada, construida y administrada por un peligroso interno, junto con el director de la cárcel, durante el sexenio del finado Luis Miguel Barbosa Huerta.
El policía chiapaneco y su pandilla, Raciel López Salazar, contratado por el primer gobierno de Morena de la Cuarta Transformación en la SSP, fue un escándalo de corrupción el “hotelito” para rentar cuartos para reos y trabajadoras sexuales.
Barbosa corrió a López Salazar, pero la gobernadora de Morena en Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza, contrató al ex titular de la SSP de Puebla como fiscal General, y a su vez designó a Julio César Gómez Torres como secretario de Seguridad Ciudadana.
Pese a sus fechorías en Puebla, Raciel López -como se acostumbra en los gobiernos del Morena- no fue investigado ni le integraron carpetas de investigación por los presuntos delitos cometidos en Puebla y Chiapas.
Este sujeto, el exdirector de la SSP de Puebla, fue contratado por Barbosa a pesar del negro historial, acusado de presuntos nexos con el crimen organizado y presuntos casos de asesinatos y desapariciones forzadas en Chiapas.
Policías estatales de la SSP denunciaron los antecedentes delictivos de López Salazar y su pandilla que llegaron a ocupar las posiciones estratégicas en seguridad pública, pero Barbosa no los quiso escuchar.
Ocurrieron asesinatos, el escándalo por el cadáver “niño Tadeo” hallado en el basurero del penal, la construcción y renta cuartos del motelito de lujo, la venta de protección, drogas… que tuvieron su mayor auge en la gestión del difunto.
El caso del hallazgo del cadáver del bebé Tadeo de tres meses, exhumados del cementerio San Nicolás Tolentino en Iztapalapa para ingresarlo al penal de San Miguel y luego ser arrojado a un contenedor de basura, fue otro de escándalo nacional, por lo que fueron detenidos 21 custodios.
Le siguió durante la administración de Barbosa Huerta la existencia de “cuartos de hotel” en el llamado “pueblito”, bajo control de los reos del autogobierno.
Ante el escándalo de corrupción, el entonces gobernador ordenó la demolición de los cuartos construidos, pero el autogobierno de los reos reubicó el servicio a otras áreas, y el negocio continúa hasta la fecha.
Con la nueva administración estatal, con el cuento chino de que con los militares de Marina al frente de la SSP se acabaría la corrupción, el resultado es exactamente el mismo.
A pesar de las evidencias de corrupción, el actual director del penal goza de cabal salud.
El reciente video de una fiesta de criminales consumiendo bebidas alcohólicas y conviviendo con presuntas trabajadoras sexuales en el penal de San Miguel, deja en evidencia que la corrupción persiste en el centro penitenciario, y controlado por reos.
Militarizada la seguridad pública, el vicealmirante Francisco González Sánchez designó a Jorge Ortiz Delgadillo, exburócrata jarocho, como director del penal, para poner orden luego de la remoción de anteriores directores por presuntos actos de corrupción.
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Face: Pablo Ruiz Meza
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