Una primera respuesta es que por Ley el Ministerio Público investiga y persigue los delitos en el proceso penal, auxiliándose para ello de las policías investigadoras y preventivas, así como de la Guardia Nacional y demás fuerzas armadas tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Secretaría de Marina.
Si nos atenemos a lo que dice la Constitución política, el MP es el encargado de la investigación de los delitos y todos los auxiliares actúan bajo su conducción y mando, independientemente de que tengan algunas facultades para investigar en alguna parte del proceso, finalmente es el responsable de la integración de la Carpeta de Investigación y del Ejercicio de la acción penal.
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Sin embargo, la más reciente entrega del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal del INEGI, que reúne datos de 2024, refiere que las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia del país ya cuentan con Unidades de Inteligencia y/o Análisis criminal las cuales realizan labores de inteligencia con fines de prevención del delito, que no es propiamente su competencia, además de suministrar medios de prueba a los Fiscales o Agentes del Ministerio Público a efecto de integrar las Carpetas de Investigación.
Es decir que además de realizar lo que mandata la ley, los MP no se quedan con las ganas de realizar o instruir a sus órganos auxiliares a que prevengan delitos utilizando la metodología e incluso lenguaje propio de las áreas de inteligencia, ya que es más atractiva que la investigación, dada su naturaleza clandestina y cubierta de cierto misterio, propio de las películas de Hollywood.
No obstante esta confusión, da gusto saber que la Fiscalía General de la República y las fiscalías y procuradurías de los estados ya utilicen algunos términos y subproductos de inteligencia que antes el MP dudaba de incorporarlos a las Carpetas de Investigación y en con mayor razón en los Pliegos de consignación, por aquello de que era un tema proscrito que debería permanecer lo más lejos posible de la Averiguación Previa, hoy denominada Carpeta de Investigación.
Entre los documentos o subproductos de inteligencia que ya forman parte del quehacer y lenguaje del MP y sus órganos auxiliares, destacan los siguientes:
- Mapeo georeferencial, que es utilizado por fiscalías o procuradurías de 21 entidades federativas y ha sido incorporado a casos emblemáticos como el de la investigación por Huachicol fiscal.
- Líneas de tiempo, que son utilizadas por Fiscalías o Procuradurías de 19 entidades federativas para robustecer las labores de análisis que realiza el MP e incluso el Juez.
- Redes de vínculos utilizadas por Fiscalías o Procuradurías de 24 entidades federativas y también ha sido incorporadas al trabajo de investigación luego de hechos consumados como los del aseguramiento de diésel ilegal en el estado de Tamaulipas.
- Redes de cruces, utilizadas por Fiscalías o Procuradurías de 19 entidades federativas como complemento de las redes de vínculos.
- Redes cronológicas, que hacen las veces de hojas de ruta tanto para el MP como para las policías auxiliares y el propio Juez.
- Redes técnicas o red de análisis de telefonía utilizadas por Fiscalías o Procuradurías de 24 entidades federativas y también han sido incorporadas al trabajo de investigación en las Fiscalías Especializadas y en casos de alto impacto mediático como el del Huachicol fiscal.
No debe olvidarse que gráficos, documentos o bases de datos de este tipo fueron elaborados en su momento por un amplio número de analistas con perfil de estudios superiores (licenciatura e incluso maestrías) que laboraban en la Policía Federal y policías de los estados, los cuales fueron dados de baja o relegados a funciones irrelevantes por no reunir los requisitos para incorporarse a la Guardia Nacional y ahora se están sumando paulatinamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Formarlos lleva tiempo, adquirir experiencia un poco más y mientras tanto la ciudadanía no puede seguir esperando resultados en términos de que no le roben o lastimen en su casa, en la calle, en el transporte público o privado, que es el delito que más se sigue cometiendo año con año, contrario a la narrativa oficial.
Combatir cárteles está bien pero no alcanza para resolver los problemas que más aquejan a la población y afectan la actividad económica del país.