Un niño de doce años (identidad protegida), estudiante del Instituto Oriente, fue vinculado a proceso por ser el presunto homicida de Natalia Andrade. Los hechos se registraron el pasado 2 de marzo de 2025 dentro del domicilio de la víctima (clúster Querétaro) en Lomas de Angelópolis.
Según los reportes que se han filtrado a los medios de comunicación, el menor -quien era su vecino-, fue captado usando un pasamontaña por las cámaras de vigilancia del fraccionamiento y por dispositivos del propio domicilio de la víctima, ingresando a su casa como parte de un reto impuesto por sus compañeros del Instituto Oriente, de grabar a la mujer. Al parecer al ser sorprendido dentro de la vivienda presuntamente la ataco causándole el traumatismo que provoco su muerte.
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Natalia Andrade era una ciudadana argentina a quien conocí cuando fue funcionaria del gobierno municipal de Puebla entre los años 2014-2016.
Los directivos del Instituto Oriente emitieron un comunicado lamentado los hechos y señalaron su rechazo a cualquier acto ilícito y su disposición para colaborar con las autoridades correspondientes, además indicaron que no emitirán juicios anticipados.
El juez que estudia el caso ha determinado que existen datos de prueba razonables para considerar que se cometió el hecho y ha decidido decretar medidas cautelares que son: prohibición de salir del estado de Puebla, vigilancia por parte de los tutores y restricción de acercamiento a los testigos.
El homicidio ha causado conmoción pública debido a la edad del presunto agresor (identidad protegida) y las circunstancias en el que se desarrollaron estos hechos. El pasado 5 de septiembre de este año este asunto se revive en la opinión pública, debido a que en redes sociales se viralizo un comunicado de padres de familia del segundo grado de secundaria del Instituto D'Amicis quienes manifestaron su inconformidad a las autoridades de esta institución de educación particular, debido a que el niño de doce años (identidad protegida) había sido inscrito para el presente ciclo escolar en esta escuela.
Los padres de familia argumentaron lo siguiente: “Consideramos que la presencia de este alumno pone en riesgo a toda la comunidad educativa, ya que genera un ambiente de temor, inseguridad e incertidumbre que afecta directamente a nuestros hijos”. Por su parte, las autoridades de esta institución respondieron a los padres de familia en el sentido de confiar en los protocolos de seguridad y que no compartan información que no está confirmada. Añadieron tener conocimiento de la situación del menor y que el Consejo de Administración, la Dirección General, la Dirección de la Secundaria y el área Jurídica, estaban ya en coordinación con las autoridades competentes.
Posteriormente el 7 de septiembre las autoridades del Instituto comunicaron que el alumno de doce años (identidad protegida) ya no forma parte de la comunidad educativa.
En este caso hay que analizar lo que Suprema Corte de Justicia de la Nación ha publicado en cuanto al derecho de admisión de escuelas particulares Registro digital: 2028082 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materia(s): Administrativa, Constitucional Tesis: 1a./J. 17/2024 (11a.) Jurisprudencia.
NO ESTÁ PERMITIDO QUE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES SE RESERVEN EL DERECHO DE ADMISIÓN
Aunque también se señala que no aplicaría esta prohibición:
1) Por causas que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o de las personas discapacitadas; y
2) Por causas que se funden en disposiciones expresas de ordenamientos legales.
Al final fueron los padres o tutores del niño de doce años (identidad protegida) quienes decidieron dar de baja al menor en el Instituto D'amicis para no seguirlo exponiendo al inevitable escarnio público que en nada ayuda a su situación jurídica y menos a su readaptación después del trágico incidente.
Este 8 de septiembre de 2025 la Fiscal General en Puebla Idamis Pastor Betancourt aclaró: “Es inimputable por ser menor de edad por eso no fue internado, por lo que sus derechos a la educación y derechos humanos deben ser respetados, porque lo principal es garantizar los derechos de los menores"
Lo que resulta digno de poner atención es la sanción o pena que tendrá el menor (identidad protegida) una vez que el Poder Judicial emita un fallo, sobre todo por lo señalado por la Fiscal General del Estado: “Es inimputable por ser menor de edad.”
Podría ser eximido de responsabilidad penal por no poder comprender a su edad la ilicitud de un hecho punible y conforme a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, la sanción por homicidio a un menor puede ser de tres a cinco años de internamiento en un centro especializado, o incluso la libertad asistida, dependiendo de la gravedad del delito y la edad del adolescente.
Esta tragedia será siempre recordada en Puebla como lo que es “un crimen atroz” que no debió ocurrir.