A pesar de ser el quinto estado más poblado del país, Puebla sigue sin contar con una Ley de Participación Ciudadana, mientras que 28 entidades ya la tienen.
En nuestro estado, la “participación ciudadana” ha sido más un discurso que una realidad. Puebla es una de las cuatro entidades sin un marco normativo en la materia, lo que ha limitado el ejercicio pleno de un derecho reconocido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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Paradójicamente, aunque este derecho no está garantizado en nuestra Constitución local, Puebla es uno de los estados con mayor organización política y social. Los constantes conflictos en los últimos años son prueba de ello: surgen porque no existen mecanismos claros de diálogo ni espacios para construir acuerdos. ¿Cómo pretenden las autoridades garantizar paz social si no abren canales para escuchar y deliberar con la ciudadanía?
Después de casi dos años de trabajo colectivo, más de 20 organizaciones reunidas en Puebla Participa presentamos una propuesta de Ley de Participación Ciudadana. Para su construcción realizamos un análisis minucioso de todas las legislaciones estatales, constituciones locales, leyes orgánicas de los poderes legislativos, así como las leyes electorales. El resultado es una propuesta robusta, diseñada para convertirse en la ley más progresista del país.
Una Ley de Participación no resolverá por sí sola los problemas sociales, pero es el mínimo indispensable en cualquier democracia moderna. Es el mecanismo que aceitamos el contrato social, que pacifica, ordena y permite acuerdos con reglas claras.
Hoy, la única figura existente —la iniciativa ciudadana— exige más de 124 mil firmas para ser válida. Una barrera absurda y excluyente. Para dimensionarlo: si una organización de derechos humanos quisiera presentar una reforma, tendría que gastar alrededor de 124 mil pesos solo en copias de identificaciones. ¿Quién tiene ese recurso? En contraste, en seis estados del país basta con una sola firma para que una propuesta llegue al Congreso. ¿Por qué en Puebla se impone un candado imposible?
La propuesta de Puebla Participa plantea 16 mecanismos de participación, desde plebiscito, referéndum y revocación de mandato, hasta presupuesto participativo, parlamento abierto y espacios diseñados para niñas, niños y adolescentes. No es un documento improvisado: se elaboró con base en las mejores prácticas del país. Es, en sí misma, una invitación a que Puebla deje de ser rezago y se convierta en referente nacional.
Además, esta ley tiene un carácter transversal: fortalecerá a organizaciones de derechos humanos, medio ambiente, mujeres, juventudes, agenda LGBTTTIQ+, movilidad, seguridad vial, transparencia, anticorrupción, defensa animal y más. En pocas palabras: beneficiará a todas las causas sociales al abrirles puertas para incidir en lo público.
Hoy el Congreso del Estado tiene en sus manos una oportunidad histórica: saldar una deuda con la ciudadanía y enviar un mensaje de apertura democrática. Aprobar esta Ley de Participación no es un trámite jurídico, es un acto de justicia social y un paso hacia el empoderamiento colectivo.
El balón está en la cancha del Congreso. Puebla merece una ley moderna, progresista y garantista. Y la merece ya.