Se cumplen 26 años del caso de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, una niña de 13 años que en 1999 fue víctima de violación en Mexicali, Baja California. Paulina, acompañada de su madre, solicitó interrumpir su embarazo —amparada por la legislación local que lo permitía en casos de violencia sexual—, pero se enfrentó a muchos obstáculos: dilaciones institucionales, presiones ideológicas, intervenciones de un párroco y una serie de omisiones que terminaron negándole el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
En lugar de recibir atención médica oportuna, fue objeto de manipulación por parte del personal del hospital, y de injerencias ajenas a su voluntad. Paulina fue forzada a continuar con el embarazo, a pesar de que la ley estaba de su lado. Su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de marzo de 2002 y derivó en un acuerdo de solución amistosa en el que el Estado mexicano se comprometió a garantizar el acceso a servicios de aborto legal y a proteger a las niñas víctimas de violencia el 8 de marzo de 2006. Sin embargo, un cuarto de siglo después, la historia de Paulina sigue repitiéndose.
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El presente: entre leyes que avanzan y realidades que excluyen
Aunque en los últimos años ha habido avances en el reconocimiento del derecho a decidir —como la despenalización del aborto en 24 entidades federativas y la declaración de la Suprema Corte que considera inconstitucional criminalizarlo—, la realidad es que el acceso al aborto sigue siendo profundamente desigual y en muchos casos, inaccesible.
Hace unas semanas vimos cómo se viralizaron dos tablas elaboradas con datos de la Secretaría de Salud, que exponen con claridad esta injusticia: al menos 30 niñas de entre 10 y 12 años fueron obligadas a parir durante 2024 y si esto no fuera indignante, la edad de los abusadores es de hasta 97 años. Estos no son casos aislados, son evidencia de una crisis estructural. La legislación es clara: cualquier relación sexual con una niña de esa edad constituye una violación. Y sin embargo, esas niñas no fueron protegidas ni acompañadas, fueron obligadas a ser madres.
Asimismo, está documentado que en México se castiga más un aborto que un feminicidio (1). De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre 2023 y 2024 en por lo menos ocho estados se abrieron más investigaciones por aborto que por feminicidio.
El acceso a la justicia, además, está plagado de obstáculos. De acuerdo con la OCDE, el 0.1 por ciento de los casos de abuso sexual infantil llegan a una sentencia condenatoria. A esto se suma que en muchas clínicas y hospitales públicos se niega la información o el servicio de aborto, incluso cuando la ley lo permite. De acuerdo con la NOM046 toda víctima de violación tiene derecho a interrumpir un embarazo, recibir atención médica inmediata y de calidad.
¿Quiénes son las más afectadas?
A quienes más les afecta que el avance jurídico no se materialice es a las niñas. Las niñas más vulnerables son las que viven en condiciones de desigualdad. Niñas indígenas que viven en zonas rurales, en situación de pobreza o con escasa escolaridad enfrentan mayores barreras para ejercer sus derechos. Son ellas quienes, por falta de acceso a educación sexual integral, a servicios médicos o a redes de apoyo, quedan atrapadas en ciclos de violencia y exclusión. Cuando el Estado falla, le falla a las niñas más precarizadas por la violencia estructural.
¿Qué sigue? Defender la despenalización federal sin dilaciones
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que ninguna mujer ni persona gestante debe ser castigada por abortar, los códigos penales locales siguen generando miedo, incertidumbre y persecución. Por eso la despenalización del aborto a nivel federal es urgente. No basta con que algunas entidades avancen: necesitamos una legislación nacional que garantice a todas las niñas y mujeres, sin importar el estado donde vivan, el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus futuros sin miedo a ser castigadas, estigmatizadas o ignoradas.
Una despenalización federal, ayudaría a fortalecerla despenalización social del aborto. Necesitamos con urgencia que la Federación defienda el tema con firmeza y que el Sistema Nacional de Salud garantice el servicio.
México tiene una deuda histórica con sus niñas. No basta con indignarse ante las cifras. Hay que transformar esa indignación en acción política, legislativa y social. Cada niña obligada a ser madre es una muestra de que algo está fallando en nuestro sistema político, de justicia, de salud y de protección a la infancia.
Las niñas tienen derecho a jugar, a estudiar, a soñar y a vivir libres de violencia. Negarles ese derecho es una forma de tortura institucional. Garantizar es una responsabilidad que no admite más demoras. Queremos niñas, no madres.
Referencias
En algunas partes de México penalizan más el aborto que el feminicidio: “Las mujeres siguen siendo criminalizadas”, CNNN; 5 de julio de 2025. Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
*Lizeth Mejorada es vocera de la iniciativa Mujeres Vivas, Mujeres Libres.