La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en uno de los motores centrales de la transformación digital global. Su capacidad para procesar datos masivos, automatizar decisiones y generar conocimiento está reconfigurando sectores tan diversos como la salud, la educación, el comercio y la cultura.
Sin embargo, detrás de esta promesa tecnológica se esconde una dinámica que preocupa a académicos, organizaciones internacionales y defensores de los derechos digitales: la concentración del poder en manos de unas pocas plataformas tecnológicas y la creciente privatización de los recursos compartidos.
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Este fenómeno, que algunos autores denominan tecnofeudalismo, describe un escenario en el que los datos, la infraestructura y los algoritmos —considerados bienes comunes digitales— son controlados por “señores de la nube” que imponen condiciones de acceso, uso y monetización.
Shoshana Zuboff lo advierte claramente en The Age of Surveillance Capitalism: “El nuevo orden económico reclama la experiencia humana como materia prima gratuita para traducirla en datos de comportamiento” (2019, p. 8). En la IA, esto se traduce en una dependencia de enormes conjuntos de datos, algoritmos propietarios e infraestructuras en la nube concentradas en manos de unas pocas corporaciones.
El debate no es meramente técnico. Como señala la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO (2021): “La IA debe desarrollarse y utilizarse de forma que proteja los derechos humanos, promueva la equidad y sirva al interés común”. Bajo esta luz, la reflexión sobre el impacto de la IA en los bienes comunes y en el bien común es urgente y necesaria para construir un ecosistema digital abierto, justo y sostenible.
En los últimos años, la rápida expansión de la Inteligencia Artificial (IA) ha sido celebrada como una revolución tecnológica. Sin embargo, detrás de las promesas de eficiencia e innovación, se está produciendo una transformación silenciosa: el riesgo de convertir nuestros recursos compartidos en activos controlados por corporaciones.
De los bienes comunes a los señores de la nube
Históricamente, los bienes comunes —sean naturales, sociales o culturales— han sido recursos accesibles para todos y gestionados colectivamente en beneficio de la comunidad. En la era digital, sin embargo, estamos presenciando lo que Naomi Klein denomina “una nueva ola de cercamientos” donde los bienes públicos son vallados por plataformas corporativas (Doppelganger, 2023).
En la IA, esto se manifiesta de dos maneras críticas:
1. Extracción de renta en la nube — cuando el acceso al poder computacional y al almacenamiento es mediado por gigantes de plataformas que cobran tarifas perpetuas.
2. Dependencia de plataforma — cuando herramientas esenciales de IA, desde el procesamiento de lenguaje natural hasta la visión por computadora, solo están disponibles a través de APIs propietarias.
Consecuencias sociales y políticas
Esta concentración de poder no es simplemente un problema de mercado; tiene profundas implicaciones para los derechos y libertades. Como señala la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) en su informe The Right to Privacy in the Digital Age (2021), “las plataformas digitales tienen la capacidad de influir en el comportamiento individual y en la opinión pública a una escala sin precedentes”.
La IA puede amplificar este poder, convirtiendo a los propietarios de las plataformas en guardianes no solo de los datos, sino también de los procesos democráticos.
Impacto en los bienes comunes digitales
El auge de la IA plantea riesgos particulares para los bienes comunes digitales abiertos, como repositorios de datos abiertos, software libre y Recursos Educativos Abiertos (REA). Estos recursos son la columna vertebral de la innovación colaborativa, pero como destaca la Ley de Mercados Digitales de la Comisión Europea (2022), las plataformas dominantes pueden “favorecer sistemáticamente sus propios servicios, limitando la interoperabilidad y el acceso”.
Sin salvaguardas, la IA podría erosionar los cimientos mismos de la internet abierta, reemplazando el conocimiento de libre acceso por sistemas bloqueados y con peajes.
Defendiendo los bienes comunes en la era de la IA
Para contrarrestar estos riesgos, expertos como la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) recomiendan implementar impuestos a las plataformas, mandatos de interoperabilidad e infraestructuras públicas de IA. De manera similar, la Recomendación sobre la Ética de la IA de la UNESCO (2021) llama a garantizar que “los beneficios de la IA se compartan equitativamente en todos los países y comunidades”.
El camino por seguir radica en reclamar la IA como un bien público, fomentando modelos abiertos, una gobernanza transparente y un acceso equitativo.
Conclusión
El avance de la Inteligencia Artificial no es inevitablemente negativo para los bienes comunes; su impacto dependerá de las decisiones políticas, económicas y éticas que adoptemos hoy. El riesgo del tecnofeudalismo digital radica en permitir que unas pocas corporaciones definan las reglas de acceso y control sobre datos, conocimiento e infraestructuras críticas.
Para contrarrestar esta tendencia, se requieren mecanismos regulatorios robustos que aseguren la interoperabilidad, eviten las prácticas monopólicas y garanticen que los beneficios de la IA se distribuyan equitativamente. La Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea (2022) establece un precedente importante al imponer obligaciones a las grandes plataformas para “garantizar la competencia leal y la contestabilidad del mercado” (art. 1).
Asimismo, es fundamental impulsar infraestructuras públicas y comunitarias de IA, como repositorios de datos abiertos, modelos de código abierto y redes de computación descentralizadas. La UNESCO (2021) subraya que “el acceso abierto a los recursos de IA es clave para reducir las brechas tecnológicas y evitar nuevas formas de exclusión” (p. 17).
En el plano fiscal y económico, la ICRICT (2020) propone gravar de forma justa a las corporaciones digitales para “redistribuir los ingresos hacia la financiación de bienes públicos globales”. Esto permitiría fortalecer las capacidades de innovación locales y regionales, asegurando que la IA se utilice para el desarrollo humano integral.
Finalmente, como recuerda Francisco en Fratelli Tutti (2020), “la grandeza de la política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo” (n. 178). La IA, gestionada de forma ética y democrática, puede convertirse en una aliada para reforzar el tejido social, cultural y ambiental, en lugar de erosionarlo.
Les invito a escuchar el podcast de “Laicos en la Vida Pública” sobre este tema en la siguiente liga: https://tinyurl.com/37txckff
Referencias
Comisión Europea. (2022). Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital y por el que se modifican las Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 2020/1828 (Ley de Mercados Digitales). Diario Oficial de la Unión Europea, L 265, 1–66.