Sabemos que nuestra realidad como sociedad podría mejorar, pero el sólo quejarnos ya sea platicándolo o expresándolo en los medios a nuestro alcance no es una acción suficiente. Hoy la participación ciudadana debe ir más allá de un like; es decir, nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos no acaba después del voto, es más empieza ahí.
En México el proceso electoral del 2024, si bien recordó la fuerza del mandato popular, también reavivó un dilema clásico: cómo hacer de lo votado por las mayorías, gobiernos responsables que preserven contrapesos, que eviten abusos, errores de política pública o conflictos institucionales.
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Solo mencionaré algunos ejemplos, como el del senador Noroña, y cómo de manera prepotente con un mandato judicial obligaron a un ciudadano a pedir disculpas o el caso ya famoso de “Dato protegido”, que todos conocemos, o bien de la gobernadora de Veracruz que sólo le faltó pedir disculpas al crimen organizado al decir que la lamentable muerte de la señora Irma Hernández, quien buscaba mejorar la situación familiar al manejar su propio taxi, fue debido a un infarto y no poner atención a la seguridad pública en su estado.
Eso debería hacer que los gobernantes se disculparan con sus votantes, con la ciudadanía y para dejar los ejemplos hablemos de los casos de inseguridad que vivimos día a día, no sólo en el estado de Puebla, sino en las carreteras de todo el país. No caigamos en el error común de pensar que “como a mí no me afecta, mejor no digo nada”.
La responsabilidad ciudadana es el conjunto de prácticas de información, vigilancia y participación, o sea el puente entre la voluntad en las urnas y la calidad de vida común, más aún, es la responsabilidad de cuidarnos entre todos para lograr una mejor sociedad, los ciudadanos haciendo su parte, pero sobre todo las autoridades asumiendo la responsabilidad y que aquellas mayorías de las que hablé anteriormente sirvan no para imponer, sino para resolver las necesidades que apremian socialmente, la seguridad, la economía, la salud, la educación y todo aquello que ayude a generar bien común.
Si bien las mayorías legislativas permiten avanzar reformas con mayor velocidad y coherencia programática, cuando son muy amplias, pueden poner en riesgo el debate y la inclusión, así como empobrecer el análisis técnico de las iniciativas y debilitar la rendición de cuentas. La ciudadanía debe reconocer y asumir el riesgo: si bien las mayorías dan gobernabilidad, se requiere de vigilancia para que no se conviertan en un cheque en blanco. La responsabilidad cívica consiste en exigir diagnósticos públicos, estimaciones de costo–beneficio, participación de expertos y periodos efectivos de consulta verdadera.
Las mayorías hoy presentes en muchos congresos locales podrían acelerar cambios, pero con responsabilidad pues la ciudadanía informada deberá garantizar que esos cambios sirvan al bien común, el objetivo no es “ganar” a un gobierno o a un partido, sino obligarlos —con datos, participación y contrapesos— a gobernar mejor y dar los resultados a los que se comprometieron y por los que se les eligió en un país plural y desigual. Esa es la diferencia entre una democracia que sólo vota y una que realmente mejora la vida de todas las familias.
Por otro lado, en lo que vemos día a día, el manejo y suministro de agua, transporte público, recolección de basura y calles dignas son sistemas complejos que requieren continuidad administrativa, financiamiento y administración pública transparente. La ciudadanía debería ser consultada para incidir en el seguimiento al ciclo de presupuesto (proyecto, aprobación, ejercicio y cuenta pública), inclusión y garantía en comités de obra y participación, vigilancia de contratos y adjudicaciones, y además en la entrega en tiempo de reportes de evaluación.
Por lo que hemos visto hasta ahora las mayorías políticas de la 4T, sin la participación de una ciudadanía informada, se vuelven peligrosas. Combatir la desinformación implica diversificar fuentes, contrastar datos y penalizar socialmente las malas prácticas, a pesar de que provengan del partido o gobernantes, a quienes se les dio el voto en mayoría pareciera utópico, pero no es así; existen canales concretos de incidencia social como el participar, opinar, registrar posturas y documentar votaciones, usar solicitudes de información y recursos de revisión y exigir mayor presencia en comités de obra y participación.
La exigencia de leyes, obra pública y programas sociales sin corresponsabilidad abona al abuso del poder. Es por ello que debemos vigilar con cooperación: cumplir normas urbanas, participar en juntas vecinales, cuidar bienes comunes. La responsabilidad no es ajena a nadie, es un hábito: informarnos, preguntar, exigir y proponer todos los días, ese es el reto y la responsabilidad que tenemos todas y todos y mientras tanto, ¿usted qué opina?
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