Al menos es lo que se desprende de las declaraciones de la Presidenta de la República y los miembros del Gabinete de Seguridad erigidos como integrantes del Consejo de Seguridad Nacional para tratar de explicar la razón por la cual fueron “entregados” a autoridades de los Estados Unidos un total de 26 personas vinculadas a grupos del crimen organizado que se encontraban privados de su libertad en penales federales y estatales de México.
La semántica no alcanza cuando lo que se pretende es justificar una acción que adolece de certeza jurídica plena y se tiene que recurrir a la tan socorrida figura de la soberanía, para que el pueblo no pida más explicaciones.
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Tampoco alcanza para aclarar las cosas cuando la Presidenta de la República dice que fueron “decisiones soberanas” que no tienen nada que ver con una petición de los Estados Unidos y más tarde el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sale a decir que fue resultado de una solicitud de autoridades extranjeras.
Peor aun cuando el responsable de la seguridad pública del país enfatiza que fue un acto de autoridad resultado de la política de “Cero impunidad” y la “coordinación absoluta” del Gabinete de Seguridad en atención a la Ley de Seguridad Nacional, además de estar alineada con la “Estrategia Nacional contra la Extorsión”.
O que antes de entregarlos seguían dirigiendo actividades criminales desde los penales federales y estatales (ordenaban homicidios, secuestros, extorsiones y otros delitos) mediante las visitas que recibían y que no podían restringirse por tratarse de un derecho constitucional, lo cual evidencia una falta de control de lo que acontece al interior de los penales antes mencionados.
No hay que pasar por alto que el propio Fiscal General de la República señaló que no se trató de una extradición sino de una decisión soberana (lo que sea que esto signifique), que “estamos aplicando el mismo sistema en donde un país soberano requirente le pide a un país soberano requerido”.
Lo anterior obliga a cuestionarse qué necesidad había de delegar una responsabilidad de la persona titular del ejecutivo federal en una figura tan difusa como lo es el Consejo de Seguridad Nacional, que no es más que el Gabinete de Seguridad del gobierno federal con otro nombre y al amparo del Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional en relación con el Artículo 89 Constitucional e incluso la Convención de Palermo, que tampoco alcanzan para explicar lo acontecido plenamente.
Solo hay que recordar que las decisiones de este calado las debe asumir la propia Presidenta de la República, en su calidad de Jefa de Estado y de Gobierno, ya que para eso fue elegida por el pueblo, no para salirse por la tangente como ya pasó el 27 de febrero de 2025 con la entrega a los Estados Unidos de otras 29 personas vinculadas con los grupos criminales que operan en México, en circunstancias similares.
Darle la vuelta a las cosas por segunda vez en menos de un año solo denota cierto temor de que acciones no del todo claras pudieran traducirse en amenazas e incluso riesgos en términos más personales que institucionales para los tomadores de decisiones, provenientes de los grupos delincuenciales.
En síntesis, a las cosas hay que llamarlas por su nombre y a las decisiones de gran calado asumirlas con determinación en lugar de dejarlas al criterio de los integrantes del Gabinete de Seguridad. Ellos no fueron electos y no les corresponde, a menos que el mandato de las urnas ya sea divisible y se comparta entre varios al mismo tiempo.