La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, prevista para septiembre de 2025, representa un ambicioso rediseño del sistema político mexicano. Esta iniciativa busca eliminar la representación proporcional en el Congreso, reestructurar la autoridad electoral y reducir las prerrogativas de los partidos.
Esta reforma no solo renovaría las dirigencias partidistas en Morena y la oposición, sino que también consolidaría el Poder Ejecutivo, potencialmente derivando en un posible bipartidismo.
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Esta iniciativa al evitar reelecciones y plurinominales, obligaría a los líderes naturales a replegarse y renovar las dirigencias legislativas, Sheinbaum aseguraría lealtad absoluta, evitando fracciones en Morena. Esto fortalecería el control presidencial sobre el Legislativo, transformando al partido en el poder en un instrumento monolítico, pero a costa de la diversidad ideológica interna.
En la oposición, la reactivación de cargos contra Alejandro "Alito" Moreno, ilustra cómo podrían obligar a una renovación. Similarmente, en el PAN, podrían derivar en cambios que alineen al partido con una oposición funcional. La crítica radica en que esta renovación no revitaliza la democracia, sino que la debilita: partidos opositores se convierten en "bisagras" obsoletas, aceptando derrotas sin resistencia, lo que perpetúa un sistema de suma cero donde el ganador toma todo.
Esta eliminación de plurinominales favorecería mayorías absolutas y otorgaría a Sheinbaum un Congreso a modo. En términos de Duverger, el escrutinio mayoritario de una vuelta tiende al bipartidismo, polarizando entre izquierda (Morena) y derecha (posible coalición PAN-PRI).
México se acercaría a dinámicas de EE.UU. o Canadá, con dos fuerzas nacionales y opciones regionales marginales. Sin embargo, esta "transformación" ignora riesgos: un bipartidismo extremista podría marginar minorías y erosionar la rendición de cuentas.
Por su parte, Ricardo Monreal uno de los líderes de Morena ha comentado sobre la reforma: “Desde 1988, cada seis años, se daba la exigencia de una reforma electoral, pero era la oposición quien lo planteaba. No hay ahora esa exigencia, es la presidenta quien la ha propuesto”.
Debemos tomar en cuenta que el PRI elaboraba las reformas electorales a partir de las exigencias de la oposición, con la finalidad de ganar legitimidad, lo que abría espacios a las minorías, lo que eventualmente llevó a una alternancia en el 2000 y luego en 2018 con López Obrador. Pero viendo los últimos resultados y encuestas de próximas elecciones, solamente un cambio generacional en los partidos de oposición podría enfrentar a Morena en las urnas, lo que esta reforma podría incluso ser de ayuda a conformar un verdadero bloque opositor como sucedió en el 2000.
Al ser una propuesta desde el poder, no se trata en regresar a un partido hegemónico de los años setenta, sino de otorgar verdaderos espacios de representación de diversos grupos sociales sin tener que privilegiar a líderes partidistas.
México sigue siendo una democracia en construcción por lo que independientemente de cómo se defina esta reforma el mayor reto sigue siendo que los partidos políticos y el gobierno consoliden a una reforma del estado mexicano que vaya más allá de coyunturas electorales.