Compre palomitas y prepare unas aguas frescas porque en los próximos noventa días de prórroga a los aranceles de Trump, las narcoseries de Netflix pueden quedarse cortas.
Si el presidente de Estados Unidos metió la mano en los asuntos internos de Brasil en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro – su aliado ultraconservador -, en México meterá medio cuerpo.
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Así ha sido el comportamiento del gobierno del vecino país del norte, y todo indica pasará a otra fase de su estrategia de guerra comercial para combatir la migración y el tráfico de fentanilo.
Si bien existe una agenda respecto al intercambio comercial bilateral regulado por el T-MEC que será renegociado, los aranceles a las exportaciones automotrices, al aluminio, el acero y el tomate, es una medida de presión al gobierno de la 4T para combatir a los carteles.
En los noventa días por venir, de agosto a octubre, es previsible el acorralamiento del gobierno de la 4T con las exigencias de EE. UU. para desmantelar las redes de complicidad del narcotráfico. Será una prórroga de tres meses para desmontar el andamiaje de las relaciones y complicidades de políticos y gobernantes con grupos delictivos.
Estarán en la mira de Estados Unidos gobernadores y exgobernadores, así como figuras relevantes en los Poderes Ejecutivo y Judicial.
Pero implicará también la exigencia estadounidense de capturar a los principales líderes criminales de cárteles clasificados como terroristas, con nombres y apellidos.
Van también por las operaciones financieras de empresarios ligados al oficialismo relacionadas con el blanqueo de dinero vinculado al huachicol fiscal, el robo de combustible a Pemex, así como a la fabricación de drogas sintéticas y el trasiego.
Están bajo la lupa de la DEA, de los Departamentos de Justicia y del Tesoro del gobierno de EE. UU. los líderes de los cárteles, los llamados narcopolíticos y testaferros en el lavado de las ganancias ilícitas del crimen organizado.
Todo indica que el socio comercial de México no está dispuesto a lidiar en la frontera sur con un narcoestado.
Lo que ocurra en los próximos meses provocará un verdadero cisma que pondrá a temblar a personajes y estructuras del narcopoder que floreció en los últimos sexenios, incluidos los seis años de “los abrazos”.
Expertos en el tema de seguridad pública relacionada a la delincuencia organizada establecen que más de allá del ajusta a los temas comerciales, en estos noventa días de prórroga Estados Unidos espera del gobierno de Claudia Sheinbaum la captura de “peces gordos” del crimen organizado, la entrega a la justicia de narcopolíticos y los candados al narcolavado.
La demanda contra AMLO en la PGR y los viajes de “Alito” a EU
En este contexto, no son casuales los constantes viajes del presidente nacional del PRI a los Estados Unidos y la demanda interpuesta ante la FGE contra la familia López y la cúpula 4T.
Amenazado por el oficialismo con segunda demanda de juicio político por el gobierno de la campechana Layda (“Censores”) Sansores San Román, Alejandro Moreno Cárdenas respondió con una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta narcopolítica.
Y amenazó el también campechano priista, senador y exgobernador, presentar la misma demanda en tribunales de los Estados Unidos, con lo que se ganó el calificativo de “vendepatrias” por la titular del Ejecutivo federal.
Moreno publicó un video en X (antes Twitter) donde afirma que la gente en el partido (PRI) jamás se quedará callada y que van a denunciar los temas de inseguridad, corrupción, crimen organizado y los señalamientos de políticos ligados al narcotráfico de Morena.
El video, que fue capturado en la ciudad de Washington D. C., en Estados Unidos, donde según palabras de Moreno, tuvo una “extraordinaria jornada de trabajo”.
Figuran en la lista de los denunciados por presuntos vínculos con el crimen organizado los López: Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y el senador ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.
Sorpresivamente para la clase política y en general para la opinión pública, apareció el nombre del exgobernador poblano Manuel Bartlett Díaz, relacionado al asesinato del agente de la DEA, Enrique “El Kiki” Camarena, en el juicio seguido en Estados Unidos a Rafael Caro Quintero.
Están denunciados por presunta complicidad con la delincuencia organizada los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; de Sonora, Alfonso Durazo; de Tamaulipas, Américo Villarreal; de Campeche, Layda Sansores; de Baja California, María del Pilar, y el titular de la SEP federal y ex líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.
El reacomodo político en la 4T y las capturas
El partido oficial Morena, el gobierno de la 4T y la familia López Obrador (propietaria de la franquicia partidista) enfrentan la peor crisis política, propia de un partido-gobierno de fin de sexenio.
Un primer movimiento para reducir la presión del gobierno de Estados Unidos por la presunta existencia de la narcopolítica, empezaría por la dimisión de López Hernández como coordinador parlamentario de Morena en la Cámara Alta, junto con una solicitud de licencia.
Solo de esta manera pueden proteger y alejar de las manos de la justicia estadounidense al expresidente López Obrador, para evitar que corra la misma suerte de Nicolás Maduro Moros.
Todo indica serán noventa días de las varias temporadas con capítulos de la serie Donad Trump contra el fentanilo de la narcopolítica.
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