Las granjas porcinas se han convertido en el blanco de la delincuencia, como una expresión más de que no hay abatimiento de las bandas delictivas que controlan vastos territorios.
En diversos municipios con actividad porcícola, incluido Tepanco de López, unos mil cerdos han sido sustraídos ilegalmente por grupo que portan armas largas.
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Las medidas implementadas por el gobierno de militarizar las corporaciones policiales preventivas no han dado los resultados esperados en diez meses de las administraciones estatal y municipales; por el contrario.
Uno de los municipios conurbados a la ciudad de Puebla, Cuautlancingo, un militar naval de la Secretaría de Marina que fungió como secretario de Seguridad, prefirió renunciar que alinearse al cobro de cuotas impuesto por el alcalde morenista.
No debería extrañar entonces la forma en que se disparó en 84 por ciento en el segundo trimestre del año de percepción de inseguridad pública de los habitantes de la ciudad capital, publicado recientemente por el INEGI.
Atribuirlo a una mala estrategia de comunicación de los “resultados” -estadísticos- en el combate a los índices delictivos, es no hacer frente a una realidad de criminalidad que ha rebasado a las autoridades.
Tampoco es suficiente para la tranquilidad de la población que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el vicealmirante Francisco Sánchez González, asegure que el grupo delictivo “La Barredora” de Puebla, no está relacionada con la de Tabasco.
Las declaraciones del mando policial se parecen más a la de un político que intenta evadir responsabilidades ante los avances criminales de la autodenominada “La Barredora” que ha cometido atentados contra mandos, asesinado a expolicías y relacionado a varios delitos.
Sin más prueba que su palabra, y sin explicar nada, Sánchez González desliga al grupo delictivo en el estado con el caso del estado de Tabasco del expolicía Hernán Bermúdez Requena, ligado a Adán Augusto López, más para proteger el “prestigio” del régimen de la 4T que, a la población,
Casos reprobables por alarmantes como la privación de la libertad y posterior asesinato de una maestra jubilada que se ganaba la vida con el servicio de taxi, ocurrido al norte del estado de Veracruz, demuestra la vulnerabilidad de la población ante la delincuencia organizada.
Impunidad de grupos delictivos antes parálisis de corporaciones policiales
En la madrugada del domingo 27 uno de esos grupos armados incursionó en una de las granjas ubicada en Yehualtepec, sometieron al vigilante y se robaron varios animales.
Estas bandas delictivas están cometiendo atracos en las granjas porcinas desde hace un par de meses en los municipios de Tepanco de López, Tlacotepec y Tecamachalco, sin que las autoridades estatales y municipales hagan algo al respecto, pese a las denuncias en la FGE.
Las autoridades competentes no solo han dejado de hacer su trabajo en la prevención, sino en la persecución del delito, y solo para este caso, no existe una estrategia.
Los propietarios de granjas han documentado en las respectivas denuncias los robos de los grupos portando armas largas, con grupos de hasta treinta sujetos a bordo de camionetas de 3.5 toneladas, y llegan a sustraer hasta cien porcinos.
Los delincuentes transitan por las carreteras estatales y federales con lo robado, sin que ninguna autoridad federal o estatal revise las cargas para verificar la documentación respectiva de la licitud de la propiedad y el traslado.
Tan solo en Tepanco de López contabilizan hasta mil ejemplares robados de las granjas, mismas que los delincuentes seleccionan, causando un daño de más de ocho millones de pesos.
Si los municipios donde están ubicadas las granjas porcinas Tepanco de López, Tlacotepec y Tecamachalco se encuentran en la jurisdicción de los mandos municipales a cargo de elementos de la Marina -de los 25 municipios donde fueran asignados-, pues algo deberán hacer o responder al gobierno estatal porque confiaron en ellos y no se ven los resultados.
Cuautlancingo, uno ejemplo del fracaso de mando militar ante la corrupción
Empero, no todo depende de los mandos militares si las autoridades municipales le dan prioridad a la recaudación de ingresos, y descuidan áreas estratégicas de seguridad en beneficio de los habitantes.
Con el rango de teniente de la Secretaría de Marina- Armada de México (Semar), Alexis Brito Rocha asumió en octubre de 2024 el cargo de secretario de Seguridad Ciudadana de Cuautlancingo, pero a principios de julio de 2025 se retiró del cargo.
Brito Rocha se opuso tajantemente a los moches exigidos por el alcalde morenista Omar Muñoz Alfaro quien les impuso cuota mensual de dinero al secretario y al resto de mandos policiales.
Los resultados en la contención de la delincuencia rindieron frutos con la detención de responsables de diversos delitos como narcomenudeo, robo de autopartes y vehículos, la extorsión, giros negros ilegales… con la estrategia de Brito Rocha.
Sin embargo, el alcalde Omar Muñoz le dio un sorpresivo cambio a la estrategia a favor de la permisividad e impunidad de grupos delictivos, y pretendió obligar al teniente Alexis Brito a implementar pago de cuotas de dinero a los mandos altos e intermedios, por lo que renunció.
Al igual que Brito Rocha, abandonaron sus cargos otros funcionarios municipales de otras áreas estratégicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuautlancingo, porque no estaban dispuestos a entrar a la red de corrupción implementada en esa demarcación.
Si visita el municipio conurbado de Cuautlancingo, si va a bordo de su automóvil, lleve cambio porque ahora el “negocio” de la SSC son los retenes indiscriminados.
El ayuntamiento ocupa a los policías uniformados en esos operativos para cubrir las cuotas, mientras los grupos delictivos tienen luz verde para recuperar el terreno que perdieron con Brito Rocha.
En los tres niveles de gobierno, los gobernantes y mandos policiales no terminan por entender la gravedad del nivel de penetración de la delincuencia, no solo en corporaciones policiales y las áreas de procuración de justicia, sino en la política, ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos.
El anuncio este fin de semana del Departamento del Tesoro de declarar a presidente espurio de Venezuela, Nicolás Maduro, como líder del Cártel Los Soles, -él y otros gobernantes- y clasificado como “narcoterrorista”, con vínculo en México con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, debería ocupar el interés de alcaldes, secretarios y mandos policiales.
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