En días recientes hemos presenciado una serie de embates contra la libertad de expresión, tanto en el ámbito federal como local, lo cual resulta preocupante por el grado de deterioro progresivo de los derechos humanos en México durante este sexenio. No es que en administraciones anteriores no se hayan presentado casos oprobiosos contra periodistas y medios de comunicación, pero difícilmente alcanzaban a los ciudadanos comunes como ocurre en la coyuntura actual.
Para dimensionar el estado de la libertad de expresión, basta citar el índice más reciente de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en el que México ocupa el puesto 124 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025.
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El año pasado ocupábamos el lugar 121, por lo que descendimos tres posiciones. Esta clasificación ubica al país en la categoría de entornos en los que ejercer el periodismo es “difícil o muy grave”, especialmente por los elevados niveles de violencia e impunidad.
Este organismo advierte que “México es uno de los países, sin conflicto armado, más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”, con numerosos asesinatos de periodistas. Añade que “la colusión con el crimen organizado representa amenazas constantes, y la concentración de medios limita el pluralismo informativo”.
Aunque en los artículos 6° y 7° de la Constitución mexicana —y en el discurso oficial— se garantiza la libertad de expresión, en la práctica prevalecen la censura, las amenazas y la impunidad, las cuales han escalado un peldaño más en días recientes.
Parece ahora que esto no es suficiente, ya que la censura alcanza incluso a ciudadanos comunes —y no exclusivamente a periodistas y medios como Héctor de Mauleón de El Universal o Rodolfo Ruiz de e-consulta — que expresan libremente su opinión sobre temas políticos. Esto ha dado lugar a sanciones inadmisibles y aberrantes, amparadas en la figura, cada vez más desvirtuada y sin brújula, de la violencia política por razón de género, que parece no tener otro límite que el de la imaginación de quien la emplea para acallar voces.
Tal es el emblemático —y de enorme proyección mediática— caso de Karla Estrella, una mujer que el 14 de febrero de 2024 osó publicar un tuit —por más que le quieran decir X— en el que cuestionaba el nepotismo detrás de la carrera política de Diana Karina Barreras, diputada por Sonora, de incipiente trayectoria y esposa del también diputado Sergio Gutiérrez Luna.
Por ello, Karla Estrella fue denunciada por la popularmente conocida como “dato protegido” ante el INE, y el caso escaló a una velocidad insólita hasta llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acusado de violencia política en razón de género. El tribunal consideró el tuit como “expresiones violentas y discriminatorias” hacia la diputada.
En la resolución de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, se precisó que el ya célebre tuit “reproducía estereotipos de género y desestimaba su trayectoria personal”. Por su parte, la Comisión de Quejas del mismo instituto concluyó que la publicación constituía “una forma de violencia simbólica y digital”, al insinuar que la diputada no alcanzó el cargo por méritos propios.
El caso fue remitido a la Sala Regional del TEPJF y luego, a velocidad supersónica, atraído por la Sala Superior, que concluyó que Estrella incurrió en violencia política por razón de género. La sancionó con una multa de $1,085 pesos y le ordenó publicar una disculpa pública durante 30 días consecutivos en su cuenta de Twitter —para efectos legales, X—. Todo esto, mientras el jurado popular ve a Karla no como agresora, sino como víctima.
El magistrado Reyes Rodríguez, en el proyecto debatido el pasado 18 de junio, enfatizó que el tuit se centraba en un caso de influyentismo. Sin embargo, tras un empate técnico en la votación, la magistrada presidenta Mónica Soto dirimió el resultado con su voto, preservando la resolución de la sala especializada.
Lo relevante de esta historia, para sorpresa de todos, es que las instancias del INE y del TEPJF, hoy cooptadas, actuaron de forma inusualmente solícita, expedita y parcial, convirtiéndose en verdaderos campeones de la censura en México.
Olvidaron que la Carta Magna —otra vez, términos grandilocuentes— garantiza la libertad de expresión a todos los mexicanos (lenguaje masculino genérico, como lo define Mario Vargas Llosa). Lo curioso —y hasta bizarro— es que ahora tenemos un TEPJF que actúa con absoluta eficiencia y prontitud para resolver un caso que viola flagrantemente los derechos humanos de Karla Estrella. En cambio, sobre temas nodales para la República, como el uso sistemático de acordeones a lo largo del país, los magistrados cooptados por la 4T no vieron nada. Una vara muy distinta para medir.
La magistrada Soto y los dos Felipes, como auténticos Torquemadas modernos, linchan y condenan al fuego eterno de 30 días a Karla Estrella, quien, disciplinada y metódicamente, postea su escrito de perdón para “dato no registrado”, con machote en mano y sin libertad siquiera de agregar una coma.
La ironía es tal, que el INE y el TEPJF, con su actuación desproporcionada y extralimitada, han empoderado enormemente a una ciudadana común, convirtiéndola en un símbolo de la libertad de expresión en México. A la fecha, lleva 12 de 30 publicaciones diarias, con miles de likes y retuits que jamás habría imaginado y que han surgido de manera orgánica. La publicación de hoy alcanzó más de 7 mil me gusta y más de 2 mil retuits.
Pensaríamos que ahora el TEPJF se erige como punta de lanza, como modelo de excelencia... pero en materia de censura. Por ello será reconocido, aplaudido y celebrado por Layda Sansores, gobernadora de Campeche; por Tania Contreras, magistrada confirmada en Tamaulipas por el mismo tribunal santo e inquisitorio y, desde luego, por el distinguido y nunca bien ponderado Gerardo Fernández Noroña, senador de la República, solo por mencionar algunos de los casos más relevantes.
Posdata. Esperaríamos ver ese mismo nivel de compromiso y celeridad en la actuación ministerial y judicial para el bochornoso caso de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora en Tabasco y cercano colaborador del senador Adán Augusto López. Este caso amenaza con poner a prueba a todo el sistema de justicia mexicano, así como al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. A fin de cuentas, la responsabilidad política del senador tabasqueño ha quedado plena y manifiesta, pero no así la legal.