El chasquido con dedos utilizado por el gobernador para dirigirse a la joven secretaria de Turismo del estado se convirtió en el “sello” institucional en el ejercicio de poder del régimen 4T.
Con ese sonido de disgusto del titular de Ejecutivo estatal como una expresión emocional culminó la imposición de la censura a la libertad de expresión.
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La semana pasada se consumó la imposición de una visión muy personal e institucional del régimen de la Cuarta Transformación para gobernar con el “garrote” con la tipificación del delito de ciberasedio que castiga la libre manifestación digital.
El chasquear de los dedos para gobernar se ha convertido en un símbolo de poder absoluto con una imagen de la expresión de dominio, como lo fue en su momento la expresión “góber precioso” de otro gobernador, Mario Marín Torres.
El empresario mexicano de origen libanés Kamel Nacif Borge calificó a Marín como “mi héroe de la película, papá”, para ensalzar la acción y fuerza en el ejercicio de poder de Marín en la primera década de dos mil.
Elogió Kamel la censura con el uso del Poder Judicial para encarcelar y torturar el ejercicio de la libertad de expresión de la escritora y periodista Lydia Cacho Ribero, quien reveló la red de pedofilia en el abuso y explotación sexual de niñas y niños en Cancún, Quintana Roo.
En esa herencia genética de acallar voces, la libertad de expresión y perseguir a las personas por denunciar delitos como la pedofilia, inspiró la reforma por adición al Código Penal del Estado para tipificar en el artículo 480 el delito por ciberasedio.
Un grave daño se ha causado a las libertades de expresión en la cibercomunicación de interacción de los ciudadanos por internet y redes sociales.
“Bozal digital” alienta la violencia de género y la impunidad de agresores
El Poder Legislativo les impuso un bozal digital contra diversos abusos como violencia familiar, violencia vicaria, pedofilia, fraudes, arbitrariedades y delitos diversos, a riesgo de ser demandados por victimarios.
Se han revelado casos de mujeres víctimas de violencia familiar por sus cónyuges o exparejas que han denunciado a través de las redes sociales, ahora una de ellas ha sido demandada por ciberacoso por su agresor, y pasó de víctima a victimaria, favoreciendo litigios prolongados.
Laura Artemisa García Chávez, una expriista con chaleco guinda, convirtió al Poder Legislativo el tribunal de la Santa Inquisición contra la libre expresión en el ciberespacio.
Con la aprobación del artículo 480 del Código Penal, con cambios de fachada, dejan a la libre interpretación del Ministerio Público y de los juzgadores la criminalización del ciberasedio.
Afecta la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género, favoreciendo el patriarcado, el machismo y la violencia contra las mujeres al “desconectarles” el internet y cerrarles las cuentas de acceso a las redes sociales.
El eximir a los servidores públicos y el periodismo del delito de ciberasedio, no impide que un exgobernador como Mario Marín, o un exfuncionario como Javier López Zavala, demanden a sus detractores (o a las partes involucradas en sus respectivos juicios) por delito de ciberasedio, por divulgarse sus respectivos procesos penales.
Sheinbaum, Armenta y Artemisa: el juego perverso del “policía bueno y el policía malo”
Aprobada fast track la reforma por adición al Código Penal para incluir artículos relacionados con los ciberdelitos, el oficialismo de la 4T con mayoría de Morena en el Congreso local recurrió al madruguete.
El 12 de junio la sociedad poblana empezó a revisar qué habían aprobado los legisladores, con el polémico artículo 480 de ciberasedio con vigencia a partir del 14 de junio; otra de las “sorprendidas” por la reforma fue la presidenta Claudia Sheimbaum.
Declaró en una conferencia de prensa matutina que su gobierno estaba contra la censura; y había dicho lo propio respecto a la polémica reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Sheimbaum sugirió eliminar de la polémica reforma a los servidores públicos y blindar la libertad de prensa, misma que la hizo suya el Ejecutivo estatal para ordenar a Laura Artemisa García, presidenta del Congreso, hacer el ajuste, con un parlamento abierto de simulación, para no derogar el artículo 480.
“Nosotros somos un gobierno que dialoga”, presumió Armenta, y celebró la modificación al artículo 480 del Código Penal, para reducir de once a seis meses la pena mínima de cárcel por ese ciberdelito. Fue un gesto de “bondad” del gobernante 4T a los poblanos.
Con el cambio cosmético al ciberdelito por la mayoría del Congreso local, analistas aseguran que no resuelven las ambigüedades jurídicas, el riesgo de censura y la lógica punitiva que causaron alerta nacional e internacional.
Los cambios no resolverán el asedio digital, pero abre un precedente preocupante porque inhibirá la crítica pública y generará mayor temor en el entorno digital.
Puebla, en los ámbitos nacional e internacional, está en el centro de la controversia, la misma que empezó con el epíteto de “góber precioso” a principio del 2000; le siguió la “Ley Censura” con el ciberdelito, y cerró el interés nacional con el chasqueo de dedos, símbolo del ejercicio del poder de la 4T, con una genética autoritaria del viejo PRI.
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