Vivo en un barrio popular. En los confines del Centro Histórico. Del otro lado del río; el nombre con el que se designaba “allá”, cuando la ciudad empezó a dibujar su rostro de entrecejo duro. Con ella aparecieron las clases sociales, y las distinciones de color y riqueza. Una tensión que 500 años después no se supera; se refrenda con otros nombres. Los nuevos colonos blancos trajeron indios de servicio de cerros y señoríos aledaños. Presidiarios y expresidiarios y aventureros europeos adoptaron el papel de Su Majestad, Carlos V. Hicieron la puebla en los llanos arrebatados a la nobleza india de Cholula.
Gracias a la osadía de Cortés, ahora los vemos dueños de indios y tierras; disputaron al poco la primacía a la capital del reino. El que les digo tal vez sea el primer barrio fundado con población nativa destinada al servicio doméstico y agrícola de los nuevos colonos. Los indios, no los recién llegados, edificaron la ciudad. Los indios, no Palafox, levantaron las torres de la Catedral.
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La iglesia del barrio es de aquel periodo. Hasta el gobierno del finado Rafael Moreno Valle tuvo en sus paredes una de las piezas artísticas del virreinato temprano más importantes de la Nueva España. Lo sé por las referencias de dos grandes, don Justino Fernández y don Manuel Toussaint. Precursores ambos de los estudios de las reliquias coloniales, y por cuyos trabajos fueron elevadas a la categoría de Arte (con mayúscula). Los fastuosos Catálogos de Obra dan fe. Nadie sabe cuál fue el paradero de aquella pieza ilustre. Salió en préstamo y ya no retornó a su sitio.
El sacristán, de mala gana, me dijo una vez que estaba en restauración (el manido recurso de siempre). Se dice que esa pieza ornamentó todas las exposiciones en las que se puso de manifiesto la Magnificencia Artística Mexicana; la última “México: Esplendores de Treinta Siglos”. Se montó el 10 de octubre de 1990 en el Museo Metropolitano de Nueva York (MET). La integrada por 375 piezas artísticas. Philippe de Montebello, director del MET, declaró entonces que la exposición era “una revelación que cambiaría la percepción del arte mexicano”. El gancho de Carlos Salinas previo a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC). El acuerdo comercial que PRD-Morena combatió y ahora defiende a capa y espada porque anda de manos vacías.
En ese barrio que digo, hasta hace poco famoso por sus maizales y vida de agricultores, sobreviven viejas casonas precarizadas por la inclemencia del tiempo, y terrenos baldíos, con cuartos a medio hacer, y otros improvisadas como vecindades. A veces, se trata de grandes predios con una modesta construcción dentro, usada como habitación por familias de viejos. Abandonados por los hijos que se van en pos de mejora. Una de esas casas-terreno, protegida por una vieja barda de piedra, levantada por arriba del tamaño normal, de más de media cuadra de largo sobre la calle, sobrevivió por décadas en el anonimato.
Por boca de los vecinos se sabía que dentro vivían los dueños. Dos personas mayores. Desde la calle se siguen observando las copas de plácidos árboles que se antojan centenarios, de robustos troncos. La barda de piedra recuerda las construcciones artesanales del siglo XIX. Tiene dos pequeñas puertas de fierro sin ventanas, distribuidas a una distancia regular; tan estrechas, que se debe entrar de canto.
De pronto, en esa casa, aparecieron nuevos inquilinos. Con dos perros (bermejo y azabache) que pronto se ganaron el cariño del vecindario, y los adoptó. Personas raras los recién llegados; rehuían (ya se fueron) la mirada de los demás y los evitaban. Entonces no se supo más de los dueños. Alguien dijo que habían “muerto sin familia”. Esas personas “nuevas” habrían sido llevadas por otras, las que habrían hecho trámites de servicios habitacionales a su nombre, como contrato de luz. Poco después apareció una manta muy larga con el anuncio “se vende”. Se sabe cómo funciona el juicio de usucapión, y de bandas dedicadas a ese propósito, las más de las veces con la avenencia de autoridades.
La semana pasada se encendieron los focos rojos en la Ciudad de México, en dos de los barrios con mayor plusvalía inmobiliaria y mayor vigor económico: la Condesa y la Roma. Una turba de jóvenes embozados marchó sobre las calles gritando proclamas contra la gentrificación (vivienda para vivir, no para invertir) y repudio a los nómadas digitales, en su mayoría de nacionalidad norteamericana. A su paso, los marchistas, vandalizaron comercios de postín, como los tradicionales cafecitos y bebederos que se abren invasivos de banquetas y calles, que obligan al transeúnte a bajarse, mirar para otro lado, y caminar sobre el río de automóviles.
Una manifestación brutal que ilustra la desigualdad imperante, y remueve sentimientos. Los que saben del tema afirman que en un periodo de cinco años las rentas en esa jurisdicción se incrementaron en un 100 por ciento (muy por arriba de la inflación). No es un fenómeno inédito, de la barbarie del mercado, sino resultado de políticas públicas implementados por el gobierno de la ciudad de México.
La revuelta puso de manifiesto lo que ya se conoce: el acceso a la vivienda (“vivienda digna” dice la ley) no es un derecho humano, es apenas una promesa bien intencionada. Puede estar en el papel, pero no en las acciones de gobierno. Lo que está en los actos es el despojo y expulsión. El dato duro es que cada vez es mayor la imposibilidad de acceder a una casa. La casa, el hogar, es arraigo, es cohesión social, sentimiento de pertenencia. Los chichimecas, esos temibles invasores del norte, que no sabían comer cocido; se humanizaron en la agricultura, símbolo de hogar. No en las cuevas.
La protesta contra la gentrificación ha dado pie a un debate en dos frentes; en parte sano y en parte maniqueo. De un lado están los que ven una provocación contra los Estados Unidos, instigada por el ala radical del partido Morena. En uno de los momentos más vulnerables para México, por los temas de agenda con aquel país. Comercio, aranceles elevados a capricho, migración, seguridad y acusaciones veladas y abiertas contra el gobierno mexicano de tener relaciones de connivencia con grupos criminales, clasificados como terroristas. Si allá persiguen a los inmigrantes mexicanos, acá se vilipendia a sus conciudadanos.
Del otro lado encontramos los que ven en la política de vivienda popular (es mejor decir en su falta) de la Ciudad de México un problema estructural viejo, que apremia revisión y acción inmediatos. Más aún cuando el gobierno federal se apresta como el gran constructor de vivienda. La voz de los especialistas se ha hecho audible. Se menciona como problemas torales la falta de construcción de vivienda para los sectores populares y la escasa regulación que, más que regular, parece incentivar la especulación inmobiliaria.
Se trata de un fenómeno general, no sólo en la Ciudad de México. Se privilegia la construcción para el mercado de clase media y alta. Se suma el agravante de la renta temporal a través de plataformas digitales. Máximo Jaramillo, citando cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), menciona que el 50 por ciento de las viviendas en la Ciudad de México se vende en cuatro millones de pesos. Una cantidad que sólo puede pagar el 2 por ciento de la población. Siguiendo al mismo especialista sabemos que el precio promedio de una casa en la capital es de 1.9 millones de pesos. Una persona con un ingreso de 10 mil pesos mensuales, requeriría de 46 años para pagar.
La brecha entre Puebla y la Ciudad de México es grande. Mientras allá pagar una casa requiere de 46 años de trabajo con un ingreso de 10 mil mensuales; en Puebla se precisa de 55 con el mismo sueldo. La falta de vivienda en la entidad afecta al 54 por ciento de la población, con datos oficiales a 2022. Carecer de vivienda aumenta las brechas de desigualdad y pobreza, reproduce el círculo de pobreza intergeneracional, y crece el porcentaje de pobreza multidimensional. Las regiones más afectadas son las sierras y los pueblos indios y campesinos. La falta de vivienda implica la presencia de asentamientos irregulares, a la vera de ríos y barrancas, despeñaderos y cañadas, en la punta y ladera de cerros. Próximos a basureros. Carentes de servicios básicos, y vulnerables a desastres naturales. La vivienda precaria lleva al hacinamiento familiar.
El programa de Recámaras Adicionales fracasó en Puebla; los apoyos se entregaron con criterios clientelares a quienes no las necesitaban. Pagos por movilización electoral. En Puebla, según una nota de La Jornada de Oriente cerca de un millón de personas no tienen acceso al agua de manera regular, en por lo menos 12 municipios, por encontrarse en predios irregulares. Información estadística oficial indica que en el Centro Histórico de Puebla cerca de la mitad de la población vive en condiciones de peligro por el estado vulnerable de las viejas casonas. Lo peor: muchas de las casas de interés social entregadas por Infonavit y Fovissste se les abandona por mala planeación, mala calidad en la construcción y falta de servicios básicos. Según INEGI el 44 por ciento de las viviendas en la entidad presenta problemas estructurales; la mala calidad de construcción se ha tornado fuente de enfermedades infecciosas. A eso súmese la especulación inmobiliaria.
Si en Puebla hubiera un Congreso que en los hechos hiciera las veces de poder legislativo, que sus integrantes, los diputados tuvieron el mapa con los grandes problemas de la entidad, y que cada cual representara de veras a sus regiones (distritos), ya habrían emitido leyes y decretos que permitan al Ejecutivo intervenir en aquellos casos en los que vivales, al amparo del juicio de usucapión, se apoderan de predios como el contado al inicio del texto, para construir vivienda para los sectores acomodados, los que las más de las veces compran con propósitos de especulación.
El Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 menciona varias acciones de vivienda social y de apoyo a la construcción, sin embargo, las acciones enumeradas en ese documento suelen no cumplirse, por las razones que ya se saben. Meses atrás el gobernador solicitó a una poderosa inmobiliaria en Puebla apoyo con terrenos para construir casas para empleados de Seguridad Pública en la entidad. La petición devino en una polémica que alcanzó las páginas nacionales porque no gustó el tono. ¿Qué hacer?
Más que solicitar a los consorcios, toda vez que el gobierno no es una ONG, puede comprometerse a fondo con el tejido barrial y comunitario. Aprovechar predios mostrencos, públicos, ejidales y comunales, como el narrado previamente (tiene acceso al Predial), y aprovechar para construir casas de interés social, sobre el entendido que serán entregadas a bajo costo a los vecinos, y fortalece de ese modo la cohesión social, el sentido de pertenencia, el arraigo local y la identidad de barrio, comunidad, ejido o pueblo.
@ocielmora